Dos de cada 10
sanciones por 'ecocidios' son postergadas
Las desarrolladoras llevan a los juzgados sus defensas para
evitar las multas ante Profepa. Muchas de las clausuras que sí se efectúan se
dan en el ramo de la construcción. (Adrián Barreto/SIPSE) PLAYA DEL CARMEN, Q.
Roo.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) de Quintana Roo tiene
postergada la aplicación de dos de cada 10 sanciones por delitos u omisiones en
detrimento del medio ambiental, debido a que las empresas desarrolladoras suben
a los juzgados federales sus defensas para evitar las multas. “En el caso de
ICA, que hace poco más de un año afectó al medio ambiente, comenzamos el
procedimiento en ese entonces y aún lo estamos dirimiendo en los juzgados
ambientales, con la toma de nota que se dio a conocer nosotros pusimos nuestras
medidas legales y ellos al final del día interpusieron otros y nos entrampamos
en tribunales”, dijo el titular de la oficina, Javier Jesús Cárdenas Rivero. El
funcionario comentó, que de cada 10 procedimientos que realizan en el estado,
al menos en dos se determinaron medidas de seguridad o sanción al inicio de la
inspección, y de éstas, algunas se van a los juzgados como el caso de ICA. ICA
construyó la autopista Playa del Carmen-Tintal y durante los trabajos rompió
una tubería de aguas negras que generó afectaciones al ecosistema; la multa que
puso la Procuraduría fue de 20 mil salarios mínimos, misma que no se ha hecho
efectiva por la defensa legal que la empresa hace sobre el caso.
Afectación en ámbito
ambiental
“Nosotros podemos dictaminar una multa, pero al final nos
combaten y generan revisiones (…) entendemos que se impacta, que hay afectación
en ámbito ambiental pero hay amparos, aunque en algunos se han determinado las
clausuras y tienen que regularizarse aunque para ojos de muchos sea un
ecocidio”, explicó.
Destacó que muchas de las clausuras que sí se efectúan se
dan en el ramo de la construcción, donde las empresas violan las condicionantes
con las que se les autorizan sus proyectos. “En general la problemática que
encontramos no es que no cuenten con autorizaciones, cuando revisamos las
condicionantes vemos que se les permite explotar el subsuelo para generar
material para construir su propio proyecto, pero lo que hacen es venderlo al
público (…) revisamos, se clausura y se determinan multas”, aseguró. TOMADO DE
NOVEDADESDE QUINTANA ROO MEXICO
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