Rapiñan fondos de la
Reforma Agraria Tras dilatar durante dos años el inicio de la audiencia
preliminar, los involucrados en la compra fraudulenta de tierras de la firma
San Agustín SA en perjuicio del Indert han tenido la desfachatez de reclamar su
impunidad mediante unas medidas que los agentes fiscales René Fernández y
Josefina Aghemo deben rechazar de plano porque constituyen una verdadera
afrenta a la conciencia jurídica y moral de todos los paraguayos. Los
procesados con el extitular del Indert fueron partícipes necesarios de un
despojo que no debe quedar impune, que es lo que implicaría la suspensión
condicional del procedimiento. Y, desde luego, la impunidad tampoco debe
beneficiar a Ortigoza, el principal responsable de una operación de índole
político-financiera que apuntó a conseguir el apoyo del Partido Unace para
Efraín Alegre, candidato liberal a la presidencia de la República en las
elecciones generales de 2013. Tras
dilatar durante dos años el inicio de la audiencia preliminar, los involucrados
en la compra fraudulenta de tierras de la firma San Agustín SA en perjuicio del
Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) han tenido la desfachatez
de reclamar su impunidad mediante unas medidas que los agentes fiscales René
Fernández y Josefina Aghemo deben rechazar de plano, porque constituyen una
verdadera afrenta a la conciencia jurídica y moral de todos los paraguayos. Se
recordará que, en vísperas de las últimas elecciones generales, el instituto
entonces presidido por Luis Ortigoza pactó con la firma citada la adquisición
por 60.000 millones de guaraníes de 5.742 hectáreas de tierras no aptas para la
agricultura, pese a que el valor fiscal a ser atendido, según la Ley Nº 662/60,
era de solo poco más de mil millones de guaraníes.
Y bien, el acusado Ortigoza reclamó su sobreseimiento
definitivo porque no habría existido ningún daño patrimonial (!), como si fuera
una insignificancia el hecho de haberse abonado efectivamente 46.884.846.163
guaraníes por unas tierras inútiles para la reforma agraria, que valían solo el
2% de esa suma hasta hoy no recuperada. También pidió que se tenga presente que
la vendedora condonó al Indert, bajo la presidencia de Justo Pastor Cárdenas y
luego de que actuara el Ministerio Público, el saldo de 12.058.859.610
guaraníes, lo que parece incoherente con su alegato de inocencia y más propio
de quien espera una reducción de la condena por la atenuación del perjuicio
causado.
Solicitó, asimismo, que presten declaración testifical los
coprocesados Víctor Blanco y Mario Echeverría, tasadores del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, que cohonestaron el precio acordado en uno de
los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos.
Estos peritos ya reconocieron haber sobrevaluado el predio
al solicitar la suspensión condicional del procedimiento a cambio de donar,
cada uno de ellos, la suma de 48 millones de guaraníes durante dos años: se
trata de una suma ridícula, dado que pretenden librarse del justo castigo
mediante un pago apenas superior al 1 por mil del monto pagado en exceso.
El exadministrador de la empresa en cuestión, Arnaldo Jara,
que el 6 de abril de 2013 retiró apresuradamente de un banco de plaza la suma
abonada por el Indert, fue algo más generoso que los dos tasadores infieles:
propuso donar 96 millones de guaraníes durante dos años a cambio de la
suspensión condicional del procedimiento, lo que de todos modos resulta
absolutamente inaceptable, considerando la gravedad del daño causado al Indert.
La escribana Marta Roa, que admitió haber cometido los delitos de producción
inmediata de documentos de contenido falso y estafa, solicitó la misma medida,
ofreciendo donar solo 72 millones de guaraníes durante dos años, suma que
también resulta irrisoria.
Los procesados con el extitular del Indert fueron partícipes
necesarios de un despojo que no debe quedar impune, que es lo que implicaría la
suspensión condicional del procedimiento. Y, desde luego, la impunidad tampoco
debe beneficiar a Ortigoza, el principal responsable de una operación de índole
político-financiera que apuntó a conseguir apoyo del Partido Unión Nacional de
Ciudadanos Éticos (Unace) para Efraín Alegre, el candidato liberal a la
presidencia de la República en las elecciones generales de 2013.
Lisa y llanamente, se compró el apoyo del referido partido
al que pertenece el senador Jorge Oviedo Matto, cuyo padre era el dueño
mayoritario de la empresa San Agustín. Fue una descarada maniobra, a costa del
dinero público, en la que no se tuvo en cuenta en absoluto a los campesinos sin
tierra, sino el interés de conseguir los votos de los miembros de un partido.
El correligionario Ortigoza habrá recibido las precisas instrucciones de
Federico Franco, Blas Llano y Efraín Alegre para que con la mayor premura
abonara una suma multimillonaria que fue cobrada un Miércoles Santo. Lo que
ocurrió fue que una entidad pública, encargada de impulsar la reforma agraria,
fue bastardeada al servicio de un objetivo electoral. Todo se llevó a cabo a
tambor batiente, incluso contra un dictamen de la Sindicatura General de
Quiebras, a la que el Banco Nacional de Fomento había requerido su opinión.
Los fines del Indert fueron prostituidos al servicio de una
candidatura, poniéndose así en evidencia, una vez más, que nuestros políticos
no tienen escrúpulos a la hora de valerse de los fondos públicos para
enriquecerse o conquistar el poder.
La opinión pública ha repudiado este “fato” y espera que los
agentes fiscales intervinientes rechacen decididamente las propuestas
indecorosas de los procesados, empezando por la de Luis Ortigoza. La impunidad
debe ser erradicada para que alguna vez nos libremos del flagelo de la
corrupción, mediante el simple expediente de aplicar el Código Penal a todos
los sinvergüenzas que saquean el Estado, mantienen el país en el atraso y luego
se benefician con la impunidad para disfrutar de los millones que robaron.
TOMADO DE EDITORIAL DE ABC DE PARAGUAY
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