Vivir del bosque: el
desafío de mejorar el hábitat en zonas pobres y aisladas
Unas 75 comunidades criollas e indígenas residen en áreas aisladas
de Chaco, Santiago del Estero y Salta; buscan generar mayor producción sin
degradar la flora nativa; planes nacionales de apoyo
Javier Drovetto
Unas 75 comunidades criollas e indígenas residen en áreas
aisladas de Chaco, Santiago del Estero y Salta; buscan generar mayor producción
sin degradar la flora nativa; planes nacionales de apoyo. Foto: LA NACION /
Rodrigo Néspolo / Enviado especialUnas 75 comunidades criollas e indígenas
residen en áreas aisladas de Chaco, Santiago del Estero y Salta; buscan generar
mayor producción sin degradar la flora nativa; planes nacionales de apoyo.
Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo / Enviado especialFoto 1 de 14
EL PINTADO, Chaco.- La batea es un tronco calado de un palo
borracho. La tintura, raíces de quebracho colorado. La piel que se curte en esa
bacha rústica es la de una vaca que hasta hace unos días se alimentaba del
monte. Así se las arreglan los Cuellar para trabajar el cuero. Hace más de un
siglo que se las ingenian para vivir en El Impenetrable. Como los Segovia, los
Estrada, los Salvatierra, los Juárez o los Palavecino. En total, 22 familias
dispersas en 5880 hectáreas de parque chaqueño. Están apartadas hasta cinco
kilómetros una de otra, pero funcionan como una comunidad que se asume en un
mismo bosque del que obtienen casi todo lo que necesitan para vivir o
subsistir. "La vida en el bosque es en el 99% de los casos muy dura",
sentencia Eduardo Segovia, referente de esta comunidad criolla de Pozo del
Gato, 550 kilómetros al noroeste de Resistencia. "Hemos pasado
hambre", asiente Mauricia Salto, madre de seis hijos. También sed. La
escasez de agua es
"Hicimos pozos, pero no sabemos si el agua es buena. A
veces sale salada. Pero la tomamos igual. Peor es el dolor que causa la
sed", dice Segovia. Y aunque se toca la panza, como recordando el
malestar, sonríe: "Este techo nos puede cambiar la vida". El techo al
que hace referencia es un tinglado de chapa y columnas de hierro que desentona
con los ranchos de ladrillos y adobe. Es un colector de agua de lluvia capaz de
almacenar 24.000 litros en dos tanques. Dejarán de pasar sed, regarán una
huerta y sembrarán pasto para alimentar cabras y vacas.
Esa obra, pequeña pero revolucionaria, es una de las
primeras mejoras tangibles de un plan nacional que nació en 2015 y este año
empezó a tener impacto concreto en 75 comunidades criollas e indígenas que
viven en áreas con bosques nativos de zonas pobres y aisladas de Chaco,
Santiago del Estero y Salta.
El programa aspira a resolver necesidades básicas y ayudar a
las comunidades a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la
explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Con esos
objetivos, y financiado por el Banco Mundial, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable les da seguridad jurídica sobre sus tierras; lleva
adelante obras de infraestructura, de acceso al agua y a energía solar; los
capacita en oficios como apicultura y artesanías, y les ofrece herramientas
productivas, como corrales para organizar a los animales, balanzas para
pesarlos, hornos para producir carbón y tableadoras para trabajar la madera.
La apuesta del Gobierno tiene una aspiración doble. Por un
lado, asiste a las comunidades. Mientras que al apuntalar la asociatividad de
quienes viven del bosque sin deforestarlo evita que migren a zonas urbanas y
que esas tierras queden expuestas a los desmontes que desde hace una década avanzan
sobre la región de parque chaqueño. De las 136.000 hectáreas que se perdieron
el año pasado, 125.000 (el 92%) fueron en esa región.
El programa Bosques Nativos y Comunidad surgió en 2015 y fue
continuado por la gestión de Cambiemos. Las demoras en ver avances en el
territorio se explican en la necesidad de generar consenso dentro de las
comunidades y en la precariedad de la tenencia de tierras de muchas de las 2490
familias que conforman las 75 comunidades, ya que abarcan 410.000 hectáreas y
en gran medida se trata de tierras fiscales. La primera contribución del plan
es la gestión para que consigan de parte de las provincias las actas de
ocupación, que debería terminar en la escrituración.
Unas 40 familias wichí de El Pintado conforman otra de las
comunidades que se organizan a partir de la asistencia estatal. Tienen 2193
hectáreas a 42 kilómetros de El Sauzalito, localidad chaqueña sobre el río
Bermejo, en el límite con Formosa. En ese predio harán un alambrado perimetral
para evitar que el ganado de productores vecinos entre en su campo y se coma
los brotes de algarrobo, quebracho y mistol que permiten la renovación del
bosque. "Vamos a tener agua potable, una huerta y vacas propias. Y vamos a
poder vender madera, algo que no podemos hacer porque no tenemos
permisos", cuenta Mario González, vicepresidente de la asociación que
reúne a los wichí.
La falta de ese permiso del que habla González es un tema
central del programa. Ocurre que las comunidades están radicadas en zona de
bosques catalogados, según el ordenamiento de la ley de bosques, como
amarillos. Es decir que fueron intervenidos por el hombre y pueden ser
aprovechados desde el punto de vista productivo, pero siempre que se garantice
la conservación. Para vender madera, ganado o carbón deben hacerlo con
autorización y según un plan de manejo aprobado por las provincias, algo que
recién ahora empezaron a conseguir gracias al asesoramiento de técnicos del
ministerio, del INTA o de distintas ONG.
Como la mayoría de las comunidades no tenían un plan de
manejo, cuando se encontraban acorraladas por alguna necesidad solían recurrir
a un mercado informal que paga muy por debajo de los valores del mercado y que
muchas veces implica la degradación del bosque. "A los wichí les pagan por
un equipo lleno (camión maderero) mucho menos que los $ 20.000 que en verdad
vale", afirmó Mauricio Tinari, técnico de la Fundación Gran Chaco, que
asesora a esa comunidad. Y con otro agravante: suelen ser los compradores los
que realizan el desmonte y arrasan con árboles jóvenes, lo que provoca que esa
zona necesite décadas para restaurarse.
"Lo que buscamos es promover un uso productivo del
bosque, sustentable en el tiempo y que permita el arraigo de las
comunidades", señaló el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial
y Suelos, Juan Pedro Cano, que adelantó que desde 2018 el plan se extenderá a
comunidades radicadas en zonas de selva misionera y yungas jujeñas, lo que
permitirá cumplir con el fin del programa de asistir a 250 comunidades hasta
2020, como fijan las condiciones del crédito de US$ 58,7 millones otorgado por
el Banco Mundial.
La intención es que una vez que los proyectos con las
comunidades estén formalizados puedan acceder a la financiación que ofrece el
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, constituido por la ley de bosques para compensar a tenedores de
tierras que conserven sus bosques, una partida que en 2018 estará algo
diezmada. Se mantendrá en $ 556,5 millones, igual que la asignada este año. "La
idea es crear condiciones legales para que puedan acceder a esos recursos y a
un mercado formal, pero respetando la dinámica comunitaria y su cultura
ancestral", profundizó Ariel Medina, un coordinador del programa.
Las comunidades deben agrupar a por lo menos 10 familias,
sumar entre 2000 y 100.000 hectáreas, acreditar una ocupación de las tierras
por 10 años o más y el área debe contener un 60% de bosque nativo. El
guardaparques Lucas Giraudo, del equipo técnico que asesora a comunidades
chaqueñas, tiene una máxima con la que simplifica las pretensiones del
proyecto: "El bosque les puede dar todo a las comunidades. Pero si las
comunidades se van del bosque, el bosque también se va, porque se pierde".
Nuevos planes para el
sector
A diez años de la sanción de la ley de bosques, la
deforestación descendió, pero sigue en niveles altos. En 2007, los desmontes
fueron del 1% del total de bosques nativos, y en 2016 se los logró bajar al
0,33%. Esa tasa implicó una pérdida de 136.000 hectáreas. En paralelo a los
planes para evitar deforestaciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable lanzará un plan de restauración de bosques degradados en el que
planea desembolsar $ 30 millones en 2018. "La intención es trabajar sobre
1800 hectáreas en el primer año y llegar a 18.000 hectáreas en 2023",
adelantó Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques, Ordenamiento
Territorial y Suelos. El plan se implementará en seis regiones: monte y
espinal; bosques patagónicos; selva misionera; cuenca del río Salí Dulce; áreas
de la transición entre yungas y parque chaqueño, y predios del chaco seco.
Desde el ministerio revelaron que la idea es hacer una convocatoria abierta
para presentar proyectos de restauración de un mínimo de 100 hectáreas y que
los adjudicatarios obtendrían una "financiación del 30% del
proyecto". Además, se estudia capacitar a beneficiarios del plan Argentina
Trabaja para colaborar. Tomado de la nación de ar
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