40% de tierras para el canal las expropiarían de forma
temporal
Informe. Un área de 1,721 kilómetros cuadrados, de los 2,900
que se requerirán para la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua,
sería utilizada de forma permanente por el megaproyecto Velia Agurcia Rivas Foto: ARCHIVO / Managua, Nicaragua | De
los 2,900 kilómetros cuadrados de tierra que serían expropiadas para la
construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua, el 59,3%, que corresponde a
un área de 1,721 kilómetros cuadrados (908 kilómetros cuadrados de tierra
seca), formarían parte de las propiedades permanentes para el megaproyecto,
mientras que en el restante 40% la ocupación sería temporal. Así lo indica el
resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental y Social que HKND Group,
concesionaria de la obra, publicó ayer en su sitio web. El informe que fue
elaborado por Environmental Resources Management (ERM), explica además que
habrá dos tipos de desplazamientos para los casi 30 mil afectados. El primero
de ellos será físico, “que se refiere específicamente a la reubicación o la
pérdida de vivienda, y el otro será el desplazamiento económico, referido a la
pérdida de acceso a los activos, y tiene como resultado una pérdida del ingreso
u otras formas de sustento”, explica el documento.
No obstante, el estudio no determina cuántas personas
deberán trasladarse a otros territorios.La semana pasada, el subdirector
ejecutivo de HKND Group, Kwok Pang, aseguró que los reasentamientos se harán
alrededor de 13 a 25 km del sitio original.
En relación a las tierras que serán utilizadas para la
reubicación involuntaria, el resumen presentado por la concesionaria china
expone que la responsabilidad del plan de reasentamiento corresponde al
Gobierno de Nicaragua, quien deberá asumir la compra de los terrenos donde se
trasladará a las familias afectadas.
Asimismo, reconoce que hasta el momento no se ha presentado
a los afectados una propuesta detallada para la adquisición, reubicación y
compensación de sus tierras.
LOS INDÍGENAS
De las siete mil familias censadas, solo 25 de las que serán
afectadas se autodenominaron indígenas. Según el documento de 125 páginas, el
segmento Este del canal atravesaría 40 kilómetros de tierras tradicionales de
los pueblos Rama y Kriol.
Además, se requerirá de unas 1,404 hectáreas de aguas del
Caribe, en el área de Puerto Águila y la reubicación del pueblo indígena
Bangkukuk Taik (en Punta Águila), el último pueblo Rama donde se habla la
lengua nativa. Debido a que las tierras serán rentadas, “técnicamente no habría
pérdida de tierras comunales, aunque los pueblos indígenas tendrían prohibido
el acceso a gran parte de estas tierras por motivos operativos y de seguridad”,
justificó la compañía en el documento. Según los análisis presentados por ERM, es
imposible que la megaobra no pase por los territorios del Gobierno Rama y
Kriol, ya que este atraviesa dichas tierras en su punto más estrecho. Por ello,
se recomendó a HKND realizar consultas y solicitar el consentimiento de estas
comunidades antes de optar por el reasentamiento y garantizar la preservación
de la identidad cultural, la lengua y la cohesión social de las mismas. También
en la parte Oeste se tendrá impacto sobre el pueblo indígena Nahoa, ya que el
canal atravesaría sus territorios tradicionales en Rivas. “Aunque los Nahoa
tienden a estar cultural y lingüísticamente integrados a la población general,
mantienen una identidad única y una forma de gobierno tradicional basada en el
concepto de autoridad comunal. En base a la información que tiene ERM en este
momento, el pueblo Nahoa parece cumplir con la definición internacional de
pueblo indígena, aunque si se provee información suplementaria, esta
determinación pudiera modificarse”, señala el documento. En este caso, para el
proyecto es necesaria la expropiación permanente de 661 hectáreas de tierras
tradicionales de Veracruz del Zapotal para el canal, lo que exigiría la
reubicación de las comunidades de Río Grande, El Pedernal y Guachipilín.
Además, de 164 hectáreas de tierra que serán expropiadas temporalmente para
actividades de construcción y la posible pérdida o alteración de activos de la
comunidad indígena. TOMADO DE NUEVO DIARIO DE NICARAGUA
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