Cómo se posiciona
América Latina y el Caribe ante la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático
(COP21)
Los países están integrados en diferentes grupos de
negociación y presentan posiciones diversas ante la próxima Cumbre del Clima
que se celebrará a finales de noviembre en París.
El próximo 30 de noviembre comenzará en París la vigésimo
primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Durante doce días, los 196 Estados
tendrán la ardua tarea de alcanzar un nuevo acuerdo legal vinculante aplicable
a todos los países, que deberá entrar en vigor a partir de 2020. El objetivo
internacionalmente adoptado de limitar el aumento de la temperatura mundial a
2ºC no puede continuar postergándose.
La gran novedad que presenta la COP21 es el cambio en la
orientación de las negociaciones. Del tradicional enfoque de “arriba hacia
abajo” se ha pasado a un planteamiento “de abajo hacia arriba”. De esta forma,
ante la ausencia de compromisos en las cumbres previas, la idea es que cada
país exprese sus ofertas de reducción para, a partir de contribuciones
nacionales, calcular qué niveles de compromisos globales se alcanzan. Para tal
fin se crearon las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional
(INDC, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, 146 países han presentado
sus planes de acción climática, lo que representa alrededor del 85% de las
emisiones globales. Con estas contribuciones, según diferentes organizaciones
como Climate Interactive o Climate Action Tracker, el incremento de la
temperatura superaría los 2ºC alcanzando un intervalo entre los 2,7ºC y los
3,5ºC durante este siglo.
Las posturas heterogéneas de América Latina y el Caribe
La responsabilidad histórica de la región en la problemática
del cambio climático es pequeña. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) de América latina y el Caribe acumuladas desde 1850, significan alrededor
del 7% de las emisiones a nivel global. A pesar de ello, siempre ha mantenido
un papel activo en las negociaciones de cara a buscar una eventual solución.
Los Estados de América Latina y el Caribe, excepto México, forman parte del
G-77+China, a los que les une su condición de ser considerados “países en
desarrollo”. Pero debido a su diversidad de intereses, nunca han presentado una
posición común y están integrados en otros grupos específicos de negociación
dentro de la CMNUCC.
Los bloques más significativos donde intervienen los Estados
de la región representan casi todo el espectro de posiciones defendidas por los
denominados países en desarrollo y emergentes a nivel global. Sus posturas
dependen de su vulnerabilidad ante el cambio climático y de su orientación
política. Aunque algo que comparten es la necesidad de abordar de forma
equilibrada la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático y la
transferencia tecnológica, financiera y de capacidades de los “países
desarrollados” a los “países en desarrollo”.
A pesar de las contradicciones que puedan existir en su
implementación, estos son los posicionamientos que defienden los principales
actores latinoamericanos y caribeños que se volverán a reunir en la Cumbre de
París.
Brasil
Se ha convertido con el transcurso de los años en un
negociador de considerable peso dentro de las cumbres climáticas. Forma parte
del grupo BASIC junto a los países emergentes de China, India y Sudáfrica,
aunque a nivel regional es un actor central con entidad propia. Sus emisiones
de GEI, junto a las de México, representan más de la mitad de las emitidas en
América Latina y el Caribe.
En 2006, el expresidente Lula da Silva planteó que Brasil
debía convertirse en un actor estratégico en el establecimiento de una economía
global basada en agrocombustibles, lo que se conoce como la “diplomacia del
etanol”. Esta política sigue estando vigente y en su plan de acción climática
presentado el pasado mes de septiembre, uno de los elementos centrales es
expandir la producción y el consumo de agrocombustibles.
Con respecto a sus compromisos de mitigación, el país prevé
una reducción de emisiones del 37% por debajo de los niveles de 2005 para el
año 2025. Es preciso señalar al respecto que a partir de 2005 se produjo una
fuerte reducción de la deforestación en la Amazonía, que era la principal
fuente de emisiones del país. De forma que las emisiones de Brasil en el año
2012 habían caído un 41% respecto al 2005, según señala un informe del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo tanto, al fijar ese año
como punto de referencia para sus contribuciones, ya tiene prácticamente
cubierta la meta que se ha propuesto.
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe
(AILAC)
Se constituyó como grupo formal de negociación en la COP18
de Doha en 2012 y está integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Panamá, Perú y Paraguay. Su visión se basa en que es posible conciliar el
desarrollo con una reducción significativa de las emisiones de GEI. Siempre han
sido favorables a los mecanismos de mercado como forma de afrontar el cambio
climático, y por ello apuestan por el incremento de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL) y los proyectos de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+).
Entre las propuestas más relevantes realizadas a nivel
nacional por parte de sus integrantes, destaca la ambiciosa meta de Costa Rica,
que pretendía convertirse en el primer país del mundo con un balance final de
emisiones igual a cero –neutralidad de carbono –, para el año 2021. Sin embargo,
en la actualidad el país ha aplazado esta meta hasta el año 2100.
México
Es otro de los actores significativos de la región y ha
asumido un papel de intermediación entre los “países desarrollados” y los
“países en desarrollo”. Mantiene una posición de afinidad con el AILAC, aunque
pertenece al Grupo de Integridad Ambiental del que también son miembros Suiza,
Corea del Sur, Mónaco y Liechtenstein. Suya fue la propuesta, aprobada en la
COP16 de Cancún en 2010, de crear un Fondo Verde para el Clima (FVC) que
intenta asegurar para los “países en desarrollo” el acceso a fondos financieros
con el fin de que puedan afrontar su adaptación frente al cambio climático.
Hasta el momento el Fondo tiene recaudados más de 10.000 millones de dólares.
Pero un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
realizado en 2007, estimaba que para el 2015 serían necesarios al menos 86.000
millones de dólares anuales.
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA)
Compuesto por once países entre los que destacan Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua. Realizan una fuerte incidencia en la
responsabilidad histórica de los “países desarrollados” y en su falta de
voluntad para llegar a un acuerdo global, es decir, basan su posicionamiento en
el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas. Para este bloque
la distinción entre “países desarrollados” y “países en desarrollo” es
fundamental, ya que consideran que los compromisos adoptados por los países del
Sur Global no deben obstaculizar su derecho al desarrollo.
Partidarios de limitar el incremento global de temperatura a
1,5ºC, los países del ALBA critican los mercados de carbono como mecanismos
adecuados para frenar el calentamiento global. Por ejemplo, Bolivia logró en la
COP17 de Durban de 2011 que se asumiera su propuesta denominada “Enfoque
Conjunto de Mitigación y Adaptación en el marco del Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques”, que plantea una gestión de bosques alternativa a
los proyectos REDD+.
En relación a los países exportadores de hidrocarburos, como
es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, el bloque ALBA señaló durante la
reunión de la CMNUCC celebrada en Bonn (Alemania) el 1 de junio de este año,
que “deben ser contempladas medidas alternativas y de respuestas al cambio
climático para los países cuyas economías dependen de la mono-exportación de
hidrocarburos”. Y añadió que estas medidas no pueden “comprometer el derecho al
bienestar de sus poblaciones y su desarrollo”.
Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS)
Se encuentran entre los países más vulnerables del planeta
frente al cambio climático. La elevación del nivel del mar podría suponer la
desaparición física del territorio de algunos de ellos. Este grupo está
conformado por 39 países insulares, de los cuales 16 pertenecen a la región de
América Latina y el Caribe como Jamaica, Bahamas, Haití y República Dominicana,
entre otros. Dada su extrema vulnerabilidad, su posicionamiento es de los más
ambiciosos. Como bloque demandaron el pasado mes de septiembre una moratoria
mundial a las nuevas minas de carbón.
Para AOSIS, la meta de 2ºC provocaría riesgos inaceptables
para sus Estados, por lo que exigen que el aumento de la temperatura global sea
menor a 1,5ºC. Según estos países, un elemento central en las negociaciones de
París es avanzar en el mecanismo que canalice las pérdidas y daños por el
cambio climático, ya que la transferencia financiera supone un requisito
indispensable para su adaptación. Además, demandan la creación de un plan para
abordar daños irreversibles y permanentes.
Por: Orlan Cazorla y Miriam Gartor
Fuente: La Marea
tomado de envio de red foroba
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