Aprobación de un
dique en Montes del Queguay cuestiona Sistema Nacional de Áreas Protegidas La
organización Paysandú Nuestro elevó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(Dinama) sus objeciones acerca de la construcción de un dique de contención de
inundaciones dentro del área
natural protegida Montes del Queguay.
De acuerdo al documento, el proyecto consiste en la
“construcción de un dique para la protección de 480 hectáreas de campo agrícola
frente a inundaciones extraordinarias del sistema arroyo Guayabos Grande - río
Queguay Grande, con la finalidad de utilizar el suelo protegido para
desarrollar actividades agropecuarias con menor riesgo de afectación hídrica”.
El informe agrega que el sistema de protección --o sea, el
dique-- tendría una altura de entre 1 y 3,2 metros y una longitud de 8,512
metros, para lo que se prevé un movimiento de suelos del orden de 120.408
metros cúbicos.
Javier Dalmás, integrante de Paysandú Nuestro, señaló que
las objeciones presentadas obedecen a que “no es pertinente el desarrollo de
esa infraestructura en la zona”. “Hay que tener en claro que esto no es un
parque nacional sino un área protegida donde conviven los sistemas productivos
que ya estaban instalados en la zona con la preservación del espacio. Eso no es
razón para habilitar cualquier tipo de emprendimiento y menos de este tipo, con
grandes obras de infraestructura, que alteran el lugar”, aseveró.
EQUILIBRIO Para el ecologista Ignacio Sarli, la eventual
aprobación de este proyecto haría entrar a cuestionarse el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. “Más allá que se convive con los diferentes sectores
productivos, tanto agrícola como forestal y ganadero, se necesita un
equilibrio; acá se obliga a un sector a realizar agricultura cuando no es para
agricultura: eso era un bañado, después fue una arrocera y ahora se quiere
hacer agricultura de secano con ese dique que tiene una dimensión de unos 8
kilómetros”, indicó.
Sarli, quien aseguró que debería existir un plan B, cargó
contra “la codicia de alterar el ecosistema para un fin productivo”.
“Normalmente se hace, pero aquí estamos hablando de un área protegida, se está
obligando al ecosistema a una cosa que va alterar el cauce del agua, porque eso
es una desembocadura del Guayabos; después no sabemos si va a haber desmonte y
va a haber un gran movimiento de tierra”.
En el mismo sentido, Dalmás enfatizó que, “en definitiva, lo
que está en discusión es el modelo productivo”.
Esta polémica contrapone, “por un lado, la maximización del
lucro de la mano de la agricultura intensiva en productos químicos y en el
agronegocio y, por oro lado, un área protegida que debería ser una zona donde
demostrar a la sociedad que se puede convivir con un ecosistema biodiverso,
rico, y con un tipo de producción que sea más amigable”, enfatizó.
Dalmás dijo que hay que demostrar que ese modelo alternativo
“es también productivo y produce muy buen dinero y, a la vez, conserva la
biodiversidad. Las zonas protegidas y su área de amortiguación --que es el
entorno de la propia área-- tienen un poco en su espíritu eso, un manejo que
permita conservar esa biodiversidad y esto va totalmente en contra”.
INTENDENCIA Dalmás celebró el apoyo que ha recibido el
rechazo a este proyecto, incluso desde la propia Intendencia departamental.
“Junto con varios grupos y la Intendencia --que es cogestora
junto con la Dinama en el área--, que se pronunció en contra de este proyecto,
enviamos nuestras objeciones. Esperemos que esto pese a la hora de tomar las
decisiones y no siente un precedente”, dijo.
ESTUDIO Por otra parte, desde el grupo hay un
cuestionamiento con respecto al procedimiento que emplea Dinama para evaluar
los proyectos. En todos los proyectos que estudia la Dinama, se trabaja en base
a un estudio contratado por la propia empresa interesada en el emprendimiento.
“La empresa paga a una consultora y ese es el único proyecto
que van a leer. Dinama no hace su propio estudio de impacto ambiental; o se
debería permitir que la sociedad, la Intendencia o los grupos que estén
involucrados presentaran su propio estudio, porque de esta manera están
escuchando una sola voz, están recibiendo solamente a los interesados en explotar
esa zona”, dijo Patricia Correa.
“Nosotros lo cuestionamos, porque es el interesado el que
presenta el informe de impacto ambiental. Obvio que va a decir que no pasa
nada, que está todo bien”, agregó. TOMADO DE EL TELEGRAFO DE UY
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