FORMOSA: UNA NUEVA CHEVRON O CHERNOBIL?
Asi como la empresa
Chevron es prófuga de la justicia del Ecuador luego de haber contaminado
durante años los territorios del hermano país, juzgada, condenada y trasladada
a la Argentina de la mano de la corrupción política para
continuar sus acciones contaminantes sin sanear lo dejado atrás,
hoy la Comisión Nacional de Energía Atómica hace lo mismo
con Dioxitek.
Dioxitek, (empresa de la CNEA y el
Gobierno de Mendoza) en el barrio Alta Córdoba, recibía el uranio natural para
convertirlo en dióxido de uranio, que se transformaba en el LPR de Ezeiza, Bs.
As., en combustible para las centrales nucleares. En 1985 la ciudad de Córdoba
sancionó una ordenanza que prohíbe este tipo de fábricas en el ejido municipal.
Recién nueve años más tarde la Municipalidad empezó a solicitar formalmente la
relocalización de la planta.
CNEA, la
responsable de Dioxitek, depositó en un barrio densamente poblado más de 57.000
toneladas de residuos de uranio, radiactivos y tóxicos, sin protegerlos con
membrana y contaminando el aire, el agua y el suelo. Y esos residuos siguen
allí.
En 1995
se acordó el traslado, evaluándose a lo largo de 9 años, varios sitios
probables, cuyas poblaciones y autoridades rechazaron de plano recibir esa
empresa tan contaminante. La CNEA adquirió predios en varias de esas
localidades, por valores altísimos, antes de saber si podría o no trasladar la
planta hasta allí. De esos hechos deberá dar razón ante la justicia.
Finalmente, cayó en desgracia Formosa, a instancias de Julio
De Vido y el gobernador Insfrán.
Pero, había un problema: Formosa
tenía una ley que prohibía instalaciones nucleares. Para el gobierno no fue un
freno: en 2014, disimulado dentro de un proyecto de ley de Presupuesto, había
un artículo que dejaba sin efecto la ley de marras.
Y había otro problema más: el territorio
elegido es del pueblo Qom. Las comunidades indígenas denunciaron en la Justicia
Federal la violación al Convenio 169 de Derechos Indígenas. Nada ha sucedido
desde entonces.
No solamente los pobladores y los
ecologistas hacíamos resonar esa corrupción disfrazada de progreso: el Obispado
de la Iglesia Católica en Formosa se pronunció contra este proyecto
responsabilidad del gobernador Insfrán y
el Ministro De Vido.
La planta de Dioxitek ahondó la división
de la opinión pública en esa provincia, que asegura que se usa el engaño de la
construcción de un Polo Científico Tecnológico y de Innovación como atractivo
disuasorio. Muchos diputados repudiaron
el proyecto y pidieron una consulta popular.
En agosto de 2015 la ONG “Paraguay
Renovable Antinuclear”, expuso ante el Parlamento del Mercosur la necesidad de
que la población paraguaya conozca los riesgos que implica la futura
instalación de la planta nuclear en la fronteriza provincia. Senadores
paraguayos viajaron a la provincia de Córdoba para conocer la antigua planta,
sin que se les permitiera ingresar; se produjeron marchas en contra y
audiencias públicas en el Congreso paraguayo.
La planta en cuestión está siendo emplazada a metros del
riacho Formosa, que desemboca en el Río Paraguay, a metros de la ruta 81 y a
tan sólo 16 Km del centro de Formosa, cien kilómetros del límite con Paraguay y
170 Km de Asunción. La disputa fue llevada al plano judicial y el Juzgado
Federal 2 de Formosa rechazó dos planteos de paralización de obras.
La Senadora Morandini
presentó en 2015 un Pedido de acceso a la Información Pública, que nunca tuvo
respuesta: “¿Será posible que el Presidente de la empresa Dioxitec S.A.
desconozca que se está construyendo una nueva planta en la provincia de
Formosa? ¿Cómo puede afirmar que Dioxitek presenta periódicamente los informes
de avance de obra ante la Municipalidad, pero que todavía no se cuenta con un
“Plan de Traslado”? ¿Por qué se contrató a la UTN -a un costo de $400.000- para
realizar un estudio sobre posibles sitios de relocalización de Dioxitek S.A. si
luego los resultados de esta consultoría serán archivados sin consideraciones?
¿Nada explica el Presidente sobre la compra de inmuebles en las localidades de
Despeñaderos (Córdoba) y La Rioja (La Rioja), en los que resultaba imposible la
instalación de la planta de producción de UO2”?
El proyecto es enormemente controvertido,
está rodeado de actos de corrupción y viola los derechos de las comunidades
indígenas. Ni siquiera tiene aún Evaluación de Impacto y está construyéndose a
toda prisa. Y se le encargó esa EIA... ¡a una de las propietarias de Dioxitek!
El uranio, en
teoría, llegará y saldrá de la planta por tierra, recorriendo con camiones
ultra pesados, miles de km de rutas en mal estado. Ciudades y pueblos verán
pasar esta caravana de peligro, en provincias y ciudades declaradas por sus
Constituciones o sus Concejos Deliberantes como “zonas no nucleares”.
Nadie, del gobierno nacional o de la
justicia, interviene para detener este dislate?
www.renace.net
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