La agenda ambiental en el nuevo Gobierno
POR ANDRÉS NÁPOLI, DIRECTOR EJECUTIVO DE FARN [1] – El pasado martes 17 de mayo FARN
presentó en La Trastienda su octavo Informe Ambiental. La publicación reúne más
de treinta artículos y busca profundizar el análisis de la situación ambiental
argentina y de la región. Cambio climático, áreas protegidas, actividad minera,
energética y agrícola, son algunos de los temas que se trabajan en el informe.
El informe comienza con una columna de opinión de Andrés
Nápoli que analiza la agenda ambiental del nuevo gobierno. A continuación la
columna del Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Introducción
La presentación de una nueva edición del Informe Anual de
FARN es una oportunidad que aprovechamos para realizar un balance de los
aspectos que consideramos más destacados en materia ambiental y de aquellos que
directa o indirectamente inciden sobre la misma.
Durante el 2015 se produjeron hechos muy relevantes en el
plano internacional. Nos referimos muy particularmente a la publicación de la
Encíclica “Laudato Si”, impulsada por el Papa Francisco y la firma del acuerdo
sobre cambio climático de París, temas que se analizan a través del invalorable
aporte efectuado por diversos autores en el presente informe.
De igual forma, a nivel nacional, el año que inicia y
ciertamente gran parte del año 2015 quedó ciertamente marcado por el proceso
electoral y la asunción de un nuevo gobierno. Esto, además, significó la
finalización de un ciclo político que gobernó la Argentina por más de una
década y que directa o indirectamente inciden en la conformación de la nueva
agenda ambiental.
El recambio de gobierno despertó una gran expectativa por
parte de la ciudadanía, así quedó evidenciado en varias de encuestas de opinión
que se publicaron pocos días después de finalizado el comicio en donde más de
la mitad de los entrevistados dijo estar “esperanzado” respecto de lo que
ocurra en el país en los próximos cuatro años, pero con un alto grado de
incertidumbre respecto a las políticas y cambios que deban implementarse en
torno a temas que hacen a la agenda económico y social.
Tal como sucedió a lo largo de toda la campaña electoral,
los temas ambientales no aparecieron dentro de aquellos que el público reclama
como prioritarios. Sin embargo, los mismos surgen claramente asociados a los
principales temas del quehacer económico y social, entre ellos: la cuestión
energética, el control de la explotación minera, la consolidación del modelo
extractivo, la contaminación de las principales cuencas urbanas, entre otros.
Sin embargo, Argentina continúa experimentando un elevado
nivel de conflictividad socio–ambiental, donde como afirma Gabriela Merlinsky “la
resistencia a la minería a cielo abierto, … la oposición a nuevas
instalaciones de rellenos sanitarios en la metrópolis de Buenos Aires, las
demandas de los vecinos afectados por la contaminación con agroquímicos (los
“pueblos fumigados”) son la cara más visible de otras tantas manifestaciones
que expresan una creciente conflictividad en relación al acceso, la
disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los recursos
naturales[2].”
Una de las primeras medidas en materia ambiental adoptadas
por el gobierno del presidente Macri fue la creación del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cargo que recayó en el Rabino Sergio
Bergman, quien no contaba con antecedentes en la temática pero sí con un muy
fuerte predicamento dentro del espacio político ganador en las elecciones y
quien conformó su equipo
La creación de este ministerio es un paso significativo
desde el punto de vista institucional que coloca a la Argentina en igual
situación a lo que sucede en la mayor parte de los países de América Latina y
el Caribe, que ya cuentan desde hace tiempo con organismos ambientales de
máximo rango ministerial. Es asimismo, una medida que ha sido largamente
reclamada por el movimiento ambiental, en tanto permite situar a la temática
ambiental, desde el punto de vista institucional, en un pie de igualdad con
otras áreas de gobierno como minería, agricultura, economía, infraestructura,
industria que son claves en la definición de políticas que hacen a la
sustentabilidad, el ambiente y la calidad de vida de la población.
Sin embargo, la reforma institucional ambiental no puede ser
tomada como un fin en sí mismo. La creación del ministerio recién podrá cobrar
un real significado en la medida en que las acciones que se impulsen y
desarrollen desde el flamante organismo logren fortalecer la agenda ambiental,
hasta transformarla en una protagonista activa de los temas que preocupan de
gran manera a la ciudadanía y que se han visto largamente postergados. Nos
referimos especialmente al abordaje de temas tales como: el cumplimiento de la
Ley de Glaciares, el control del impacto de la actividad minera, la
regulación de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el
fortalecimiento de la implementación de la ley de bosques nativos, el
saneamiento de las cuencas urbanas en particular la del Matanza–Riachuelo, el
control del impacto ambiental de los agroquímicos, el ordenamiento ambiental
del territorio y la efectiva implementación de los mecanismos de gestión
ambiental previsto en la Ley Nº 25675 por solo mencionar algunos ejemplos.
De conformidad con el sistema federal de gobierno (en donde
las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales), muchas
de las acciones y decisiones que involucran la temática ambiental no recaen
exclusivamente dentro de las competencias que hacen al nuevo Ministerio. Sin
embargo, el mismo cuenta con atribuciones que le son propias y las que surgen
de su calidad de autoridad de aplicación en un conjunto de normas, entre ellas
las que reglan los presupuestos mínimos de protección ambiental que surgen del
artículo 41 de la Constitución Nacional (CN), y en donde deberá por lo pronto
promover la coordinación interjurisdiccional, la articulación con otras áreas
de gobierno, impulsar una profusa agenda legislativa de temas que se encuentran
pendientes de regulación desde hace ya muchos años, al tiempo que deberá
abordar el tratamiento de los múltiples conflictos socio–ambientales y atender
las demandas de la población afectada que aún esperan respuesta.
Por ello, el nuevo Ministerio, más allá de los límites
estrictos que imponen sus competencias, deberá articular e incidir en un
proceso de construcción de una agenda ambiental con el involucramiento de todos
los sectores interesados, para garantizar que los criterios ambientales no
queden reducidos al cumplimiento de meros formalismos, sino que puedan ser
incorporados en los procesos de toma de decisiones, principalmente de las
políticas que hacen al desarrollo.
Una gestión con mensajes contradictorios
En los primeros meses de esta nueva administración, se
pueden identificar una serie de acciones y medidas que en algunos casos son muy
auspiciosas pero que en otros, generan mensajes contradictorios sobre la
relevancia que tiene la protección del ambiente en la agenda gobierno.
En su debut, el nuevo ministerio generó un clima de dialogo
y apertura a brindar información, en donde muchas de las organizaciones no
gubernamentales y sectores interesados en la temática ambiental pudieron
acercar comentarios y propuestas para la gestión recientemente iniciada[3].
Uno de los primeros conflictos que tuvo que enfrentar el
nuevo Ministerio fue precisamente las consecuencias de la contaminación
producida por el derrame de 1.072,6 m3 de solución cianurada provenientes de la
Mina Veladero, que afectó el Río Jachal en 2015 (mantenido inicialmente en
silencio por parte de la empresa Barrick Gold y su accionar consentido por el
anterior gobierno de la Provincia de San Juan). En este punto el Ministro viajó
a la provincia de San Juan para reunirse con los vecinos de Jachal y participar
de su asamblea. Les brindó apoyo y manifestó que promovería la adopción de un
seguro ambiental de 90 millones de pesos por el impacto ambiental negativo que
produjo el derrame de cianuro[4]. De igual forma, y en lo que constituye
un dato relevante, el Ministro manifestó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac
que “debía prepararse para “un posible escenario de cierre de la mina[5].”
Tanto el dialogo abierto del Ministro con los asambleístas,
y el sentido de sus declaraciones ante el gobernador de la principal provincia
minera del país, cuyas autoridades son las que más se han opuesto a la sanción
y luego vigencia de la Ley de Glaciares, constituyen hechos novedosos que
reconfiguran las relaciones vigentes entre la Nación, la provincia y el sector
minero, y que marcan la entrada en escena de la autoridad ambiental nacional la
que, vale recordarlo, nunca tuvo presencia relevante en el contralor de la
actividad desde que se iniciaron los proyectos megamineros en el país.
Sin embargo, ello contrasta de manera notable con algunas de
las medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Mauricio Macri, que van en
una dirección diametralmente opuestas a las anteriormente señaladas. Tal es el
caso de la eliminación del 5% de las retenciones a las exportaciones de
productos proveniente de la minería metalífera y no metalífera, cuyas
consecuencias repercuten de manera directa e indirecta sobre las políticas
ambientales.
Es dable recordar aquí que el sector minero cuenta con un
régimen tributario especial reglado por la Ley N° 24196, que cuenta con un
conjunto de beneficios impositivos, entre los que se encuentran estabilidad
fiscal por 30 años, un máximo de 3% al pago de regalías, exención de derechos a
la importación y de impuestos sobre los activos, deducción de los gastos de
exploración y factibilidad, amortización acelerada de inversión en
infraestructura y equipamiento[6]. Esta medida se suma además a la quita de
retenciones de los derechos de explotación a los productos del sector
agropecuario (exceptuando el complejo sojero que mantiene una tasa del 30% con
una promesa de reducción escalonada), decisión que además impacta de manera
directa en el Fondo para la protección de los bosques nativos creado mediante
Ley N° 26331, que se conforman con el 2% de la recaudación de las retenciones.
Por otra parte, no hay que perder de vista que el premio
otorgado por el gobierno nacional a la actividad minera y a las empresas del
sector, no solo se produce en un contexto de crisis fiscal sino también ante la
falta de cumplimiento de la Ley de Glaciares N° 26639, que desde su sanción
hace ya seis años ha encontrado obstáculos sistemáticos que impiden su correcta
aplicación.
Debemos tener presente que aún no se ha dado cumplimiento a
la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, que permite individualizar
todos los glaciares y ambiente periglacial del territorio nacional para
protegerlos como las principales reservas hídricas de nuestro país que dan base
a nuestra actividad económica, desarrollo integral; y vida y que han sido
los fuertes intereses vinculados a la explotación minera los que han generado
distintas trabas en el avance de la confección de este inventario, en especial
en provincias con mayor actividad minera.
El saneamiento del Matanza–Riachuelo.
El saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo (CMR)
constituye uno de los temas de mayor trascendencia en términos de la agenda
ambiental y que ha movilizado una gran cantidad de recursos
La llegada del nuevo gobierno generó expectativas por cuanto
las tres jurisdicciones que integran la autoridad de la cuenca (ACUMAR),
corresponden a un mismo signo político, lo cual alentó, prima facie, la
posibilidad de construir acuerdos más urgentes y efectivos que imprimieran al
organismo una dinámica de gestión diferente, que le permitiera romper el
amesetamiento en que se encuentra desde hace un tiempo prolongado, tal como
fuera denunciado por el Cuerpo Colegiado en julio de 2015[7].
La ACUMAR atravesó inicialmente una crisis en su
conformación lo cual generó la renuncia del Ing. Amilcar López nombrado al
frente del organismo, quedando dicho cargo actualmente en manos del propio
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien ostenta actualmente la
doble figura de Presidente de ACUMAR y de su órgano ejecutivo.
Este hecho, que bien puede resultar anecdótico, permite
ilustrar el grado de dificultad que existe para poder llevar adelante acciones
coordinadas entre diferentes jurisdicciones, aun cuando las mismas provengan de
un mismo espacio o color político. Este tipo de acciones que resulta
trascendente en materia de acción ambiental, principalmente para un país que
cuenta con un sistema federal de gobierno y en donde los recursos naturales se
encuentran en poder de las provincias, ha sido uno de los factores que en
definitiva han impedido la construcción de una agenda ambiental colaborativa
entre Nación y provincias.
Más allá de las disputas, la población de la cuenca
Matanza-Riachuelo continua reclamando la implementación de acciones urgentes
que se orienten a dar cumplimiento al mandato judicial que ordeno, valga
recordarlo hace ya casi ocho años, llevar adelante el saneamiento integral de
la cuenca bajo el cumplimiento de tres objetivos: a) mejorar la calidad de vida
de la población, b) la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus
componentes (agua, aire y suelos) y c) la prevención de daños con suficiente y
razonable grado de predicción.
En este sentido y tal como lo demandara el Cuerpo Colegiado
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación[8] en julio de 2015, resulta necesario
e impostergable que la ACUMAR inicie de manera urgente una serie de acciones,
entre las que se destacan:
- Reformulación
del Plan Integral de Saneamiento (PISA), ordenado por la Justicia, el que
deberá desarrollarse bajo un estricto perfil técnico y con consulta y
participación ciudadana;
- Establecimiento
de un nuevo sistema de control de vertidos de líquidos industriales, para
lo cual se debe modificar de manera urgente y prioritaria las Resoluciones
ACUMAR 1/2007, 3/2009 y 366/2010, de conformidad con los fundamentos
expuestos en el documento del Cuerpo Colegiado a 7 años del fallo Mendoza;
- Generación
de un sistema unificado para la habilitación de industrias en el ámbito de
la CMR, principalmente aquellas con más alto índice de complejidad
ambiental y las situadas en zonas de riesgo;
- Puesta
en marcha de una auditoría integral sobre la gestión y el cumplimiento de
los Planes de Reconversión Industrial (PRI) presentados por las empresas a
fin de conocer el estado actual de los mismos;
- Establecimiento
de un plan para la erradicación de basurales ilegales de la cuenca,
estableciendo las responsabilidades que corresponden a cada uno de los
municipios en los cuales se encuentran situados, como así también, la
remediación de los pasivos ambientales existentes;
- Desarrollo
de un plan integral para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en
el ámbito de la CMR, que contenga acciones específicas para las etapas de
generación, disposición inicial, recolección domiciliaria y diferenciada,
transporte y disposición final de residuos, y en donde se tome
especialmente en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Cuerpo
Colegiado;
- Elaboración
de un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud que
prevea su relocalización;
- Implementación
de un plan de ordenamiento ambiental del territorio que defina los usos y
el destino que tendrá la cuenca;
- Consolidación
de las acciones de relocalización de familias que habitan la sirga del
Riachuelo, el cual se encuentra fuertemente retrasado, e identificar los
barrios en riesgo ambiental a ser objeto de soluciones habitacionales.
La cuestión energética
El sector energético tampoco escapó a la lógica dualidad de
medidas que involucró otras áreas de gobierno.
Por una parte, el flamante Ministerio de Energía y Minería
de la Nación (MEyM), dispuso en su organigrama de un espacio institucional
importante para los temas que hacen a la agenda de la sustentabilidad
energética. En este sentido, en el área de Planificación se destaca la creación
de las Subsecretarías de Escenarios y Evaluación de Proyectos y la de Ahorro y
Eficiencia Energética, mientras que en el área de Energía Eléctrica se dispuso
la creación de la Subsecretaría de Energías Renovables.
Aun cuando queda claro que la conformación de un espacio
institucional no define “per se” las políticas y acciones que en definitiva
lograrán implementarse, dado que ello responde a un conjunto de variables que
claramente trascienden a la esfera propiamente estatal. Pero implica sí una
clara señal de la dirección que se pretende imprimir a la gestión en donde,
prima facie, se busca priorizar el desarrollo de acciones de planificación
energética, mediante la generación de escenarios energéticos, experiencias que
viene desarrollando Chile desde hace algunos años y cuya implementación fue
promovida por una serie de actores no gubernamentales y de sectores académicos[9]. Esta es una experiencia que el Estado
nacional busca potenciar como herramienta estratégica de planificación
energética.
De igual forma, se visualiza una fuerte apuesta a promover
el desarrollo de las energías renovables, para lo cual además de la creación de
una subsecretaría específica, se dio rápida aprobación a la nueva
reglamentación de la Ley N° 27191 de Energías Renovables, que fuera sancionada
a finales del 2015. Dicha norma establece como objetivo, lograr una
contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8% del
consumo de energía eléctrica nacional en un muy corto lapso de tiempo el 2017 y
cuenta con instrumentos e incentivos destinados a promover la utilización de
este tipo de energía para el cumplimiento de la meta prevista.
Sin embargo, la grave crisis por la que atraviesa el sector
energético, llevo al gobierno de manera muy temprana a adoptar una serie de
medidas, algunas de las cuales generaron un gran impacto en los ingresos de la
población, como sucedió con el incremento extraordinario de las tarifas
eléctricas, mientras que otras se encuentran reñidas con la agenda de
sustentabilidad energética que las nuevas instituciones creadas por el propio
estado buscan promover. Nos referimos puntualmente al mantenimiento del
subsidio al precio del petróleo crudo que reciben las compañías petroleras que
operan en el país, y que les permite vender el petróleo crudo en el mercado
interno a un precio mucho más elevado que el del mercado internacional.
Tales subsidios fueron implementados por el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, mediante las Resoluciones Nº 14/2015 y 33/2015,
por el cual se dispuso una compensación económica a todas las compañías que
extraen o exporten crudo en la Argentina, que les garantizaba un precio interno
sostén del barril del petróleo, superior a la cotización internacional[10].
Esta decisión del gobierno nacional va a contramano de la
quita de subsidios y aumentos de las tarifas del sector eléctrico y las que se
anuncian para el gas, que afectarán de manera directa a la mayor parte de los
hogares argentinos.
De igual forma, y más allá de las razones que según el
gobierno justifican la aplicación de los subsidios al sector petrolero
(mantenimiento de empleos y producción de petróleo), dicha decisión no hace más
que reforzar la vigencia de una matriz energética fuertemente concentrada en
torno a los derivados de los hidrocarburos, impidiendo el crecimiento por vía
de precios de fuentes de energías renovables, al mismo tiempo que afectan de
manera directa otros compromisos en materia de cambio climático a los que el
país ha adherido y en donde resulta imperioso promover políticas y decisiones
que tiendan a disminuir las fuentes de generación de gases que producen efecto
invernadero.
En este contexto también se enmarca la disputa por el acceso
a la información contenida en el contrato secreto suscripto entre la empresa
YPF SA y Chevrón, para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos no
convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta en la provincia de
Neuquén. Recordemos que en dicho caso, el ex Senador Giustiniani (Partido
Socialista de Santa Fe) promovió una acción judicial y obtuvo un fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra firme y le ordena a la
empresa YPF SA la entrega y publicación del mencionado contrato[11].
Sin embargo, la orden impartida por el máximo tribunal no ha
podido ser cumplimentada hasta el presente, dado que la empresa entregó a la
justicia una copia del contrato pero testada en aquellas cláusulas que
considera confidenciales y/o sensibles, arrogándose con ello funciones que solo
corresponden a la justicia.
Dicha situación fue avalada además por la Oficina
Anticorrupción, quien en respuesta a un pedido de informes realizado por FARN,
en donde se le solicitaba conocer su posición en relación a la negativa de la
empresa a dar a publicidad el mencionado contrato, expresó que la empresa había
fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas para no dar
a publicidad el mencionado contrato.
La resolución del presente caso resulta importante por
cuanto permitirá conocer el grado de vigencia efectiva de un derecho básico y
fundamental para la protección del ambiente como es el de acceder a información
pública, el compromiso de las autoridades de garantizar el acceso al mismo, aun
cuando se trate de información sensible y el de hacer cumplir los mandatos de
la justicia, aspectos que resultan centrales para garantizar la construcción de
una agenda de sostenibilidad.
Construir una agenda de sustentabilidad con lugar para lo
urgente y lo importante
Como puede observarse, en relación con la agenda ambiental
en el actual gobierno conviven dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado,
las que han llevado a la creación de nuevos espacios institucionales tales como
el Ministerio de Ambiente u organismos específicos dentro del Ministerio de
Energía y Minería, que promueven la construcción de escenarios de planificación
energética en la búsqueda de una matriz energética más diversificada y menos
dependiente de los combustibles fósiles.
Sin embargo, el mismo gobierno ha ido adoptando otro grupo
de medidas tales como la eliminación de los derechos de exportación a los
productos mineros y agropecuarios o el sostenimiento de los precios de
producción del petróleo por encima de valores internacionales, que privilegian
el mantenimiento del statu quo, y que socavan la construcción de una agenda de
sostenibilidad.
En este sentido, la agenda ambiental aparece una vez más
escindida de aquellas que gobiernan los aspectos sociales y económicos. Es
primordial entonces que en momentos en que existen dificultades económicas, las
decisiones que hacen al desarrollo no se vacíen del contenido ambiental, ni se
generen retrocesos en los estándares de protección de derechos ya reconocidos.
La construcción de esta agenda, como todos los temas que
hacen al ambiente, demanda una mirada de largo plazo en las distintas etapas de
planificación. Para ello es clave contar con instituciones fortalecidas, que
transciendan las demandas de la coyuntura y en las cuales la urgencia del corto
plazo no termine imponiendo el rumbo definitivo de las políticas. Esto, además,
es particularmente importante en el actual contexto, en el cual Argentina se
encamina a la búsqueda de inversiones extranjeras; proceso que deberá contar
con las máximas precauciones y salvaguardas en materia ambiental, y teniendo
particularmente en cuenta los impactos concretos que puedan darse sobre
territorios, en donde se deberán tomar medidas activas para involucrar a los
actores y comunidades locales y en particular, a los sectores sociales
desventajados como es el caso de los pueblos originarios, acatando su derecho a
la consulta y consentimiento libre, previo e informado.
En este sentido, en nuestro país, hay un enorme potencial de
sinergias y complementariedad entre las políticas de protección ambiental y las
agendas de lucha contra la pobreza y mejora de calidad de vida de los sectores
sociales más vulnerables, como así también, con las estrategias y políticas de
competitividad. Nos encontramos ante una buena oportunidad para que el Estado
retome la iniciativa e inicie un proceso de construcción de una agenda
ambiental dialogada, informada y participativa, que atienda las necesidades del
presente, incorporando una mirada de largo plazo que permita la integración de
los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo.
[1] El autor agradece la colaboración
prestada por Pía Marchegiani, María Marta Di Paola, Daniel Ryan, Enrique
Maurtua Konstantinidis y María Emilia Garro Vidal en la revisión del presente
artículo.
[2] Merlinsky, Gabriela.
Introducción. La cuestión ambiental en la agenda pública. Cartografías del
conflicto ambiental en Argentina Gabriela Merlinsky (compiladora).
CLACSO – Fundación CICCUS, 2013.
[3] FARN junto con Greenpeace elaboraron un
documento que fue recibido por el propio Ministro, quien además promovió un
diálogo abierto con otros funcionarios de su equipo para analizar las
mencionadas propuestas. FARN – Greenpeace. 10 medidas para 100 días de
gobierno. Enero 2016. http://farn.org.ar/archives/20336
[5] http://www.perfil.com/politica/Evaluan-un-posible-cierre-de-la-mina-Veladero-de-Barrick-Gold-20160404-0032.html
[6] Otros beneficios son el reintegro de
IVA (Ley N° 25429), exención del impuesto a los créditos y débitos en cuentas
corrientes (Decreto PEN Nº 380/2001) y durante los primeros 5 años de concesión
se exime a las empresas de cualquier gravamen o impuesto, nacional, provincial
o municipal, que no sean el canon de ley, la retribución de servicios o los
sellados de normales de ley (artículo 214 del Código de Minería).
[7] Informe especial del Cuerpo Colegiado,
a siete años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. http://farn.org.ar/archives/18475
[9] Plataforma Escenarios Energéticos 2035.
Resumen y conclusiones para un futuro energético sustentable. CEARE. ITBA.
FARN. AVINA. 2016.http://www.escenariosenergeticos.org/fotos/downloads/2015/08/EEA-2035_digital.pdf
[10] El ministro de Energía anunció
que el precio del petróleo crudo, dependiendo de su calidad, se pagará en
Argentina entre u$s 67,50 y u$s 54,90, cuando el precio promedio actual en el
mercado internacional oscila entre u$s 38/40.
FUNDACION METROPOLITANA - TOMADO DE ENVIO EN RED FOROBA
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