Olor a curtiembre y polvo cancerígeno: 5 mil personas
viven en permanente emergencia
Expuestos por décadas a concentraciones altas de material
particulado fino en el aire, malos olores y acumulación de gases en las
alcantarillas, los vecinos de cinco poblaciones de La Granja acusan clasismo de
las autoridades y preparan querellas judiciales. Por Antonia Orellana /
Fotos Boris Yaikin
Diariamente Magaly León, vecina de la población Ramón
Larraín en La Granja, tiene que limpiar el polvo de las superficies de su casa
cuatro o cinco veces. Su vecino de al frente tiene una pieza en arriendo que no
tiene interesados hace años. Al menos dos veces a la semana un olor a
podredumbre intenso lo inunda todo, se desliza fuera de las tazas de los baños
y a veces incluso hace saltar las tapas de las alcantarillas en las calles.
Durante los últimos años, en un catastro vecinal, se
llegaron a registrar de cuatro a cinco muertos de cáncer por pasaje.
Los vecinos están cansados y no dudan en apuntar a las empresas del sector por
el olor a podredumbre, por el polvo en el aire, por el ruido estremecedor de la
maquinaria pesada. Todos los vecinos concuerdan de que la zona está
saturada
En el cuadrante conformado por las calles Presidente
Alessandri, Victoria, La Serena y Carlos Condell y Bernardo O’higgins en La
Granja viven 5736 personas. En la misma zona también hay 25 industrias, pero
son 4 las del conflicto: la Minera Santa Ana, Baldosas Budnik, la
Curtiembre Jordec y la planta Zincgal.
Desde el 2007 en adelante, los vecinos han intentado, sin
éxito, acudir a un arco amplio de autoridades. “Tratamos por
distintos lados, pensábamos que institucionalmente el Estado podía hacer algo,
pero no” dice Daniel Fredes, de la Agrupación por la Vida Digna. En su visión,
los conflictos ambientales que afectan a los más pobres no son resueltos: “si
no hay habitantes de lugares como La Reina o distritos turísticos, estas
problemáticas son invisibles”, acusa.
Los primeros registros al respecto están en la prensa.
“Extrañas muertes por cáncer en La Granja” tituló La Tercera en 1990. La
noticia dice: “¿Alarmante? Más de una docena de personas, la mayoría de
ellas menores de treinta años, ha muerto o enfermado de cáncer en los últimos
dos años en un reducido sector de la comuna de La Granja (…) Un antecedente
concreto es la existencia de un cordón de industrias ubicadas en la calle La
Victoria, a una cuadra exactamente del sector donde se concentra el mayor
número de casos”. Veintiséis años después las muertes por cáncer se
mantienen, pero aún así ninguna autoridad ha realizado un estudio sanitario
serio.
Hace nueve años los vecinos se hartaron y en 2007
surgió la Agrupación por la Vida Digna de La Granja, que rápidamente viró hacia
las preocupaciones ambientales. “No hubo un hito en particular que nos
hiciera decir: ya, hasta aquí llegamos. Fue el cansancio acumulado. A veces la
curtiembre Jordec hace colapsar el alcantarillado con lo que vierte, que trae
grasa, pelo. La minera y las baldosas no dejan nunca de tirar polvillo. Vivir
aquí es estar en emergencia ambiental todo el año”, describe. “Al principio
actuamos de manera muy básica: ir a preguntar a la Muni o a la SEREMI a ver qué
se podía hacer”, cuenta Daniel Fredes.
Una vez pasada la primera etapa, los vecinos tuvieron dos
estrategias: una con las instancias de fiscalización sanitaria y ambiental y
otra con la Municipalidad de La Granja. Ambas fracasaron. “Las
discusiones con autoridades nos dejan claro que para ellos el principio de la
propiedad privada es inviolable, incluso si transgrede nuestra vida”, acusa
Daniel.
Mientras desde la SEREMI de Salud han respondido que todo se
encuentra dentro de la norma, el recién estrenado Servicio de Medio Ambiente
explicó a los vecinos que las cuatro industrias se encuentran fuera de su
jurisdicción por ser anteriores a que tal servicio se pusiera en marcha. Con la
ex SEREMI del Ministerio del Medio Ambiente, Grace Hardy, lograron entablar un
trabajo más a largo plazo, pero que terminó con la retirada de los vecinos. “Al
final la única solución que ella nos dio fue firmar un Acuerdo de
Producción Limpia con el municipio y los empresarios, un papel que no tiene
ningún peso jurídico, así que nos negamos a participar. Hardy nos
decía que éramos muy radicales, que queríamos el todo o nada: ¿cómo no vamos a
querer la retirada, si son nuestras
Con la Municipalidad de La Granja, en tanto, la estrategia
fue intentar que la administración hiciera uso de la facultad de solicitar el
traslado de las industrias. Fue un camino largo: el ex alcalde Claudio
Arriagada (DC), que lideró la municipalidad desde 1992 hasta 2012, negaba la
existencia de un problema ambiental y lo atribuía a rumores para empañar su
gestión. “El nuevo alcalde, Felipe Delpin, que también es demócrata cristiano,
hizo campaña acá reconociendo que había un problema y prometiendo gestiones
para solucionarlo”, cuentan los vecinos. Pero no ha habido
ninguna acción del municipio.
La evidencia basta para, al menos, iniciar una investigación
sanitaria que releve la alta concurrencia de patologías como cáncer y episodios
de infecciones respiratorias agudas. De acuerdo al análisis de un
informe del 2014 del Centro de Estudios de Medición y Certificación de la
Calidad (CESMEC) el doctor Sergio Castro de la Facultad de Química de la
Universidad de Chile señala que “la concentración de Sílice en la muestra (1,3%
de fracción respirable) supera la norma señalada por el Ministerio de Salud, la
que fija un valor máximo de 0,08% de fracción respirable (…) Dependiendo de la
concentración y tiempo de exposición al Sílice libre, las personas pueden
sufrir enfermedades respiratorias, silicosis y cáncer”. Según datos
del Consultorio Padre Esteban Gumucio, que cubre esta área, los episodios
de IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) son los más numerosos de la zona.
“No es un capricho de la gente: ¿cuántos han muerto ya de
cáncer? Cuando Carlos Montes estaba en campaña para ser senador nos ayudó a
conseguir algunos papeles, luego no lo vimos nunca más. Yo le mostré el polvo
de mi casa y le dije que esa industria no puede estar acá en Santiago, ¿de qué
sirven todas las preemergencias?” se lamenta Magaly León.
Magaly León / Boris Yaikin
Sin expectativas de las autoridades municipales, gobierno
regional o ministerios, el próximo paso de los vecinos de las poblaciones Ramón
Larraín, Porvenir, Miguel Adasme, Combate Naval de Iquique, Santa Inés, Sanitas
y Ghiardo Oriente es presentar una querella en el Tribunal Ambiental,
la que será patrocinada jurídicamente por la ONG FIMAS. Para la demanda quieren
tener evidencia científica contundente, por lo que lograron que el doctor en
Química y académico de la USACH Ernesto Gramsch aceptara realizar un estudio
pro bono. El problema son los 6 millones de pesos que cuestan los análisis
técnicos y el uso de laboratorios.
En agosto del año pasado, durante la inauguración de una
nueva plaza, el alcalde Felipe Delpin (DC) se comprometió a financiarlo,
pero desestimó el compromiso en una reunión privada,
señalando que por lo vulnerable del municipio no había presupuesto. La línea
de financiamiento a proyectos de la sociedad civil del Ministerio del Medio
Ambiente se enmarca en el concepto de “Ecobarrios” y excluye investigación. Es
por eso que están apostando al financiamiento colectivo, a través de
actividades barriales pero también en la plataforma decrowdfunding Idea.me.
“Cuando el profesor Gramsch vino acá y vio las industrias
dijo: qué locura tener esto acá”, cuenta Daniel Fredes. Pero los vecinos no
creen que sea una locura o un azar: consideran que la ineficiencia con que se
tratan los problemas de los pobladores tiene varias causas, de las cuales las
principales serían la debilidad de la reciente institucionalidad ambiental y la
mirada clasista de las autoridades.“Para las autoridades es más fácil hablar
en contra del calentamiento global en abstracto que de la contaminación local
de empresas cuyos dueños tienen nombre y apellido. El derecho a la propiedad es
uno de los topes ideológicos con el alcalde y los organismos fiscalizadores. La
otra vez el alcalde dijo “No, todos tenemos que convivir, ellos también son
parte de la comuna”, y los vecinos se reían: ¡no vienen ni a inspeccionar su
empresa y van a ser parte de la comuna!”. Para Magaly León, mientras
muestra con un pañuelo el polvo que se ha juntado en un par de horas en su
mesa, la cosa es simple: “la última vez que vino el alcalde yo le dije:
a usted le importan más laPlataforma de donaciones para el estudio de daños
ambientales de La Granja: http://www.idea.me/projects/37901/no-mas-contaminacions
lucas que la vida de la gente”. TOMADO DE EL DESCONCIERTO , SUGERIDO EN ENVIO
DE BOLETIN GAL DE CHILE
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