La Justicia frenó los aumentos de las tarifas de gas en todo
el país
La Cámara Federal de La Plata anuló las subas; el Gobierno
espera el aval de la Corte; suspendieron el alza de la luz en la provincia de
Buenos Aires
Jaime Rosemberg Foto: LA NACION
La justicia federal frenó los aumentos de la tarifa de gas
en todo el país. Fue el epílogo de una sucesión de fallos contrarios al
Gobierno que dispusieron jueces de diversas provincias en las últimas semanas y
complicaron la aplicación de las subas de hasta el 400 por ciento para hogares
y de 500 por ciento para comercios, hoteles y pymes.
Con su decisión, los magistrados le pusieron más presión a
la Corte Suprema, que debería tratar la semana próxima un pedido de per saltum
(consiste en saltear todas las instancias judiciales previas) hecho por el
Gobierno para resolver las disputas. La administración de Mauricio Macri confía
en que la Corte le allane el camino.
El lunes próximo, el Gobierno presentará un recurso
extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la anulación del
incremento en las tarifas. Si no lo acepta, irá a la Corte con un recurso en
queja que podría suspender la medida. Y espera ganar la pelea en los
tribunales, a más tardar el martes próximo, día en que habitualmente el máximo
tribunal da a conocer sus acordadas.
Las empresas que prestan el servicio, como Metrogas y Gas
Natural Fenosa, no habían recibido hasta ayer por la tarde ninguna
notificación, por lo que no tenían previsto modificar su conducta respecto del
cobro y la facturación del servicio. Si la suspensión quedara firme, los
usuarios deberían recibir reintegros y facturas con valores más bajos a partir
del próximo período.
Pero todo eso dependerá de qué decisión final tome la Corte,
por lo que deberán esperar para tener una confirmación con respecto a cuánto
cuesta el servicio de gas en la Argentina.
"Estamos analizando los alcances del fallo y, en
cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos
procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y
que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios
públicos involucrados", informó el Ministerio de Energía y Minería en un
comunicado.
Ayer por la tarde, la sala II de la Cámara Federal de La
Plata dispuso la anulación de las resoluciones del Ministerio de Energía, a
cargo de Juan José Aranguren, que establecían nuevas tarifas para el gas. Lo
hizo en respuesta a un reclamo del "Centro de Estudios para la Promoción
de la Igualdad y la Solidaridad", que pedía, entre otras cosas, la
realización de audiencias públicas antes de aplicar los aumentos. Mariano
Lovelli es el titular de la entidad. En su cuenta de Twitter se define como
"militante del proyecto nacional y popular", referencia habitual
entre los propios para el kirchnerismo.
El Gobierno sostiene que las audiencias públicas que
estipula la ley de gas fueron realizados durante la presidencia de Néstor
Kirchner, que puso en marcha los procedimientos para ajustar las tarifas, entre
los años 2004 y 2005, pero no los completó.
Ayer hubo una protesta frente a la sede de Gas Natural
Fenosa en Morón
Ayer hubo una protesta frente a la sede de Gas Natural
Fenosa en Morón. Foto: Twitter
Negativa judicial
La Cámara rechazó ese argumento. El juez César Alvarez, uno
de sus integrantes, sostuvo que esa afirmación "no resiste análisis como
justificativo de la ausencia de celebración de Audiencia Pública previo al
dictado" de las resoluciones que dispusieron los aumentos. Más aún: le
recomendó al Gobierno convocar a esas reuniones para garantizar los derechos de
los usuarios del servicio público de gas natural.
El juez Leopoldo Schiffrin se sumó a los argumento de
Alvarez, pero cuestionó también que las nuevas tarifas "se integran con
sumas destinadas" a que el Estado financie "acuerdos de precios a los
que llegó con las compañías de producción y de transporte de gas".
Schiffrin explicó su decisión a LA NACION: "Mi voto fue
a favor de anular los aumentos en el servicio del gas, como lo hice cuando me
tocó resolver el mismo tema durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquello
terminó en la Corte Suprema, que falló a favor del Gobierno y anuló todos los
fallos que eran favorables a los consumidores. Pero finalmente el anterior
Gobierno no se animó a aplicar el incremento. Ahora, porque cambie el Gobierno,
yo no voy a cambiar mi opinión".
"En la resolución se advierte que falta el trámite
legal, el llamado a convocatoria de consumidores para que puedan discutir el
tema (esta previsto por la ley de consumidor). También se tuvo en cuenta los
aumentos exorbitantes que se dieron. Estos aumentos no son aumentos de tarifa.
Es una cuestión muy técnica, pero estudiando el mecanismo que se usa, en
realidad, a lo que llaman tarifas son cargos. Es decir lo que el Gobierno
subsidiaba a las empresas de producción y distribución de gas ahora traslada el
subsidio a los propios usuarios, sin ninguna consideración numérica. Tanto es
así que no sabemos cuál es el compromiso que asumió el Gobierno con las grandes
distribuidoras y productoras de gas", completó.
La decisión sorprendió a todo el sector gasífero. El equipo
del ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizó el fallo durante varias
horas ayer por la tarde. Hasta primeras horas de la noche no quisieron
arriesgar comentarios sobre la decisión de la Justicia.
El Gobierno dispuso fuertes aumentos en el gas a partir del
1° de abril. Las subas promedio rondaron el 300% en todo el país, pero en
algunos casos los incrementos en las facturas superaron el 1500%, si bien las
estimaciones varían según las fuentes. Esos aumentos despertaron protestas de
varios sectores liderados por intendentes, gobernadores y asociaciones de
consumidores, que presentaron recursos de amparo en tribunales de todo el país.
La efervescencia de los usuarios condujo a que el Gobierno
le pusiera un tope de 400% a las subas. Además, dispuso una amplia tarifa
social que fue solicitada por unos tres millones de personas. Esa decisión, sin
embargo, no logró calmar las protestas, que continuaron manifestándose en la
Justicia y en la calle. TOMADO DE LA NACION DE AR – NOTA . en la década del 90 un sueldo apenas
alcanzaba para pagar una tarifa, la política actual está llevando a la misma situación
, ES DECIR SE ESTA BAJANDO LA PARTICIPACION DE LOS ASALARIADOS EN LA RENTA Y
TRASFIRIENDO A BANCOS DEL EXTERIOR LA DIFERENCIA
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