Ibagué, ¿primera
capital que podría frenar minería?
El proyecto minero La Colosa, en el municipio de Cajamarca,
despertó una fuerte disputa entre ambientalistas, autoridades municipales y
empresas mineras. FOTO Cortesía El Nuevo día
El proyecto minero La Colosa, en el municipio de Cajamarca,
despertó una fuerte disputa entre ambientalistas, autoridades municipales y
empresas mineras. FOTO CORTESÍA EL NUEVO DÍA
30 días tendrá el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para
convocar la consulta.
Detrás de la consulta popular existe una batalla jurídica
entre el gremio minero, que considera que se está generando inseguridad
jurídica. Las autoridades locales defienden derecho a la consulta.
Ibagué será la primera capital colombiana que le consultará
a los ciudadanos si desean proyectos mineros en su territorio. La ciudad
tolimense siguió el ejemplo del municipio de Piedras, que en julio de 2013
adelantó una consulta popular minera que cerró todas las puertas para futuros
proyectos
Pese a la oposición del gremio minero y de la Procuraduría,
el Tribunal Administrativo del Tolima le dio vía libre a la consulta popular
minera en Ibagué. El Concejo de la ciudad ya había aprobado la iniciativa del
alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo. Al ser notificado, el mandatario contará
con 30 días para convocar a la consulta. La pregunta será la siguiente: “¿Está
usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades
que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o
afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de
proyectos mineros?”.
El alcalde fue enfático al señalar que la última decisión la
tendrá la ciudadanía: “Nuestro suelo tiene cerca de 40 títulos de AngloGold
Ashanti. Tienen licencia pero no hay proceso de explotación. Nosotros hemos
sido claros señalando que no queremos que se presente megaminería acá porque
afecta ríos como Combeima y Cococora. Queremos que el mismo pueblo decida si
quiere o no estos proyectos”.
En efecto, esta semana el Consejo de Estado suspendió los
títulos que había solicitado la empresa minera en la zona de influencia de la
cuenca mayor del río Coello. Fue suficiente el concepto de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que señala posibles afectaciones
ambientales.
Debate por proyectos
En mayo pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible
el artículo 37 del Código de Minas, el cual impedía que alcaldes o gobernadores
excluyeran títulos mineros de su jurisdicción. De inmediato, la Asociación
Colombiana de Minería manifestó su “preocupación por la inestabilidad jurídica
que se está presentando en el país y la cual afecta directamente la inversión y
el futuro de las operaciones mineras”.
Con esta opinión coincide Hernando Escobar, abogado
especializado en derecho minero: “Este no es un tema que se pueda poner en
consulta popular. La minería es de interés nacional y el artículo 105 de la
Constitución dice claramente que se podrá hacer una consulta popular para
asuntos de interés local. Por ejemplo: dónde se va a hacer una vía, dónde se hará
un matadero... ¿Se imagina que se le consultara a los ciudadanos si no quieren
impuesto a la renta?”.
Para Escobar y otros juristas que trabajan en el sector
minero, el Estado debe articular los planes mineros con los municipios y sus
respectivos planes de ordenamiento territorial. “Debe haber estudios sociales,
económicos y ambientales. Ordenar el territorio de manera planificada”.
No obstante, con el fallo del Tribunal Administrativo quedó
demostrado que los ciudadanos sí pueden decidir sobre su territorio. Carlos
Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, ha explicado que “todas las
competencias relacionadas con la planeación del suelo están en cabeza del
alcalde, el Concejo y los ciudadanos, cuando quieran manifestarse”.
Una opinión similar sostiene Ricardo Lozano, director de
People and Earth: “La inseguridad jurídica se da cuando los estudios mineros no
se hacen de manera juiciosa, sin participación ciudadana y sin tener en cuenta
los impactos ambientales de la extracción”.
El Ministerio de Minas, por su parte, le dijo a EL
COLOMBIANO que solo se pronunciará cuando conozca la totalidad del fallo, lo
mismo hará la empresa Anglo Gold Ashanti. La principal preocupación de los
empresarios no está en Ibagué, sino en Cajamarca, municipio tolimense donde está
ubicado el proyecto La Colosa, con un depósito cercano a 10.000 millones de
dólares. Allí también han intentado frenar la minería a través de consulta
popular.
Según el alcalde de Ibagué, este megaproyecto afectará la
cuenca del río Coello. Por estos días, con el Concejo y el Tribunal de su lado,
considera posible frenar el proyecto: “Ya me he enfrentado a las presiones de
la Procuraduría, de los mineros y del Ministerio de Minas”.
CLAUDIA LÓPEZ
Senadora
Las autoridades tienen que combatir la minería ilegal y la
corrupción con o sin consulta popular. No podemos culpar a la decisión de que
se aumente la minería ilegal. Ibagué es un ejemplo para el resto de Colombia.
SANTIAGO VALENZUELA Reportero. Creo, como Rainer Werner
Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”. TOMADO DE EL COLOMBIANO
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