Siguen desalojos, pero procesos contra dirigentes se debilitan
Jorge Aníbal Villón
Personal de las Fuerzas Armadas se estableció en la zona delimitada como área de reserva de seguridad. Ahí llegan familias notificadas de su desalojo para pedir explicaciones.
El pasado martes 6 de diciembre, antes del mediodía, maquinaria de la Intendencia de Policía del Guayas llegó a la cooperativa Ciudad de Dios, en el noroeste de la ciudad, para derribar la casa de caña y cemento en la que viven hace casi tres años Jaqueline Sánchez Avilés, de 32 años, y sus hijos de 13, 12 y 10. Ella había sido notificada por escrito una semana antes de que debía desocupar el predio de 7x8 metros (56 m²), el cual creía suyo una vez que pagó por él $ 1.000 a un dirigente al servicio –según ella– de Tony Estacio Valencia, quien es hermano del exasambleísta constituyente por PAIS Balerio Estacio Valencia.
Correa prometió reubicar a unas 5.000 familias con base en un informe del Instituto Geográfico Militar (IGM) que había determinado, a través de un registro fotográfico aéreo y un trabajo catastral, quiénes vivían en las 9.300 ha hasta el 28 de diciembre del 2010 y quiénes llegaron después de esa fecha.
Basado en la labor del IGM, el Gobierno concluyó en abril pasado que 3.622 familias debían ser reubicadas, específicamente con el plan habitacional Ciudad Victoria, situado a casi dos kilómetros de Ciudad de Dios.
Jorge Aníbal Villón
El pasado martes 6 de diciembre, antes del mediodía, maquinaria de la Intendencia de Policía del Guayas llegó a la cooperativa Ciudad de Dios, en el noroeste de la ciudad, para derribar la casa de caña y cemento en la que viven hace casi tres años Jaqueline Sánchez Avilés, de 32 años, y sus hijos de 13, 12 y 10. Ella había sido notificada por escrito una semana antes de que debía desocupar el predio de 7x8 metros (56 m²), el cual creía suyo una vez que pagó por él $ 1.000 a un dirigente al servicio –según ella– de Tony Estacio Valencia, quien es hermano del exasambleísta constituyente por PAIS Balerio Estacio Valencia.
Resignada y llorando, Sánchez saca sus enseres con ayuda de vecinos y de los mismos militares que prestan su contingente para garantizar la desocupación de ese pedazo de tierra asentado junto a otras casas de construcción mixta, en medio de una zona montañosa que consta dentro de las 9.300 ha declaradas por el Estado, el 28 de diciembre del 2010, a través del Decreto Ejecutivo 607, como área de seguridad, en control de las Fuerzas Armadas.
El presidente Rafael Correa anunció entonces lo que calificó como el inicio de la lucha contra las invasiones y en contra de quienes las promueven. Llamó traficantes de tierra a Marco Solís Briones y a Tony Estacio, reconocidos dirigentes de asentamientos informales en el noroeste guayaquileño. Instó a quienes les compraron solares a que los denuncien por estafa. En agosto del 2010, Solís figuró como aliado de PAIS en un acto político en Monte Sinaí, la cooperativa que él fundó.Correa prometió reubicar a unas 5.000 familias con base en un informe del Instituto Geográfico Militar (IGM) que había determinado, a través de un registro fotográfico aéreo y un trabajo catastral, quiénes vivían en las 9.300 ha hasta el 28 de diciembre del 2010 y quiénes llegaron después de esa fecha.
Basado en la labor del IGM, el Gobierno concluyó en abril pasado que 3.622 familias debían ser reubicadas, específicamente con el plan habitacional Ciudad Victoria, situado a casi dos kilómetros de Ciudad de Dios.
Tomado de El Universo de Ecuador
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