Mercedes, Corrientes, 18 de Diciembre 2011: El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales.
Según la organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas.
La Fundación Iberá impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.
El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
Según la organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas.
La Fundación Iberá impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.
El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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