Por eso hemos salido a buscar agua y nos hemos encontrado
con otros y otras que, hace más o menos tiempo, vienen denunciando a
autoridades sordas y medios de comunicación obsecuentes, la misma realidad.
Entonces hemos descubierto que en Chile hay agua, pero que la muralla que la separa
de nosotros se llama lucro y que se construye con el Código de Aguas, la
Constitución, los acuerdos internacionales como el Tratado Binacional Minero,
pero fundamentalmente con laimposición de una cultura que ve como normal que el
agua que cae del cielo, tenga dueños.
Esta muralla está secando nuestras cuencas, está devastando
los ciclos hídricos que han sostenido nuestros valles por siglos, está
sembrando la muerte en nuestros territorios y debe ser derrumbada ahora. El
Código de Aguas de 1981 transformó el agua en propiedad privada, bajo las
garantías constitucionales del artículo 24, esas que igualan el derecho a la
propiedad con el derecho a la vida. Separó el agua de la tierra. Le confirió al
Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma
gratuita y a perpetuidad a los privados, permitiendo que esos derechos se
pudieran comprar, vender o arrendar, sin tomar en consideración prioridades de
uso.
De manera que hoy la mayoría del agua de todos y todas, la
utiliza, y peor aún, la posee, un grupo de empresarios que la vende a quien
mejor paga, o sea, a grandes grupos económicos extractivistas que necesitan
agua para llevarse nuestros bosques, nuestros suelos, nuestros minerales y
nuestras aguas. Los niveles de concentración de propiedad son simplemente escandalosos.
El Código creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas:
consuntivas y no consuntivas. Los derechos consuntivos (no
devuelven un caudal al río) se encuentran fundamentalmente en manos de empresas
mineras y agroexportadoras, mientras que más de un 80% de los derechos de
aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se
encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
El Tratado Binacional Minero, en tanto, suscrito en 1997 y ratificado
en el 2001, entrega las nacientes de todas nuestras cuencas, donde se
encuentran los ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras, dando
muestras de que a quienes gobiernan no les importa el cuidado de los
ecosistemas, la preservación de nuestra vida, ni la defensa de los bienes
comunes.
En esta misma línea, de crear leyes para la muerte, se
inscriben otras medidas que amenazan el acceso al agua en cantidad y calidad a
todas las comunidades y ecosistemas. Siguiendo los Consejos del Banco Mundial,
en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se inició la venta y entrega en
concesión a privados de las empresas sanitarias, es decir, del agua potable.
Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno
de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación
fiscal en las sanitarias, salvándose de manera estoica, SMAPA, de Maipú, que
aún mantiene una gestión municipal por presión de las y los vecinos. La
privatización de las empresas sanitarias fue un buen y suculento negocio, sólo
el año 2011 Aguas Andinas obtuvo en utilidades el equivalente a 111 mil
millones de pesos, que entre todos y todas pagamos para tener acceso a lo que
la naturaleza nos regala.
En Chile la
privatización de las aguas, la institucionalidad creada para maquillar el
saqueo descarado del que somos víctimas, y la prevalencia del mercado como
rector de las aguas, simplemente han hipotecado la vida de las mayorías,
provocando además daños ecológicos irreparables. Hay que romper la muralla del
lucro para que las aguas puedan otra vez correr libres por nuestros valles y
alimentar la vida, no los bolsillos insaciables de esta cultura de muerte. Esa es
la convicción que nos hace caminar desde el norte y sur hacia Santiago, para
que junto a las comunidades de la Región Metropolitana, demos una señal de
alerta a las autoridades y a los inversionistas, pero sobre todo, motivemos el
despertar en otros y otras que aún no entienden que sin agua no hay vida y que
el agua que queda debemos defenderla y recuperarla antes de que sea demasiado
tarde.
Por eso este 22 de abril, día Mundial del Planeta Tierra, se
inicia un proceso de recuperación de nuestras aguas que exige:
1. Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile
reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser
consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una
mercancía regulada por el mercado.
2. Propiedad colectiva: El agua es de la vida y de todos los
seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en
propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión
democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar
prioridades de uso, de manera que el uso asociado a agua para bebida, servicios
sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los
ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del
mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y
saneamiento del agua de bebida para la población.
3. Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de
determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y
cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los
proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles.
Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de
desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en
nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y
rigurosamente los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, el
país y el planeta.
4. Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y
la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones
campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos
que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado
Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial
inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los
ecosistemas.
5. Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley
que proteja los ambientes
fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y
periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la
continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.
6. Restructuración institucional: Es imprescindible que la
institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus
conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas
pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios
político económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser
una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al
servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar
el buen uso de las aguas.
El agua nos invita a despertar ¡32 años de gestión privada
del agua están secando al país!
Movilizarse, informarse, tomar conciencia, exigir postura de
todos los candidatos sobre este tema,hacerse oír, derrumbar el muro del lucro
que ha represado aguas, culturas, identidades y miles devidas en nuestro país;
es un imperativo moral. Todas y todos quienes amamos la vida, debemos hacernos
cargo.
Marcha Carnaval Nacional por la defensa y recuperación del
agua, este 22 de abril en Santiago… no hay mejor manera de celebrar el día de
la Tierra que permitiendo que se vuelva a unir con el agua.
Convocada por cientos de ong y ciudadanos , con apoyo de
otros miles
Tomado de envio de boletín gal
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