La sucia guerra del ron
Gabriel Molina Franchossi
La empresa Bacardí gastó unos tres millones de dólares en
cinco años, de 1998 a 2003, para apoderarse de la marca Havana Club, en
contubernio con la familia Bush.
El 25 de junio último, Cuba y la Unión Europea (UE)
denunciaron en la Organización Mundial del Comercio (OMC) cómo desde hace 11
años esperan que Estados Unidos revoque la enmienda a la Sección 211 de la Ley
de Asignaciones, la cual legalizó el despojo.
El escabroso despilfarro de Bacardí fue puesto de relieve en
un libro del periodista Tom Gjelten, sobre la trayectoria de esa familia. Una
auditoría mostró cómo "entre los honorarios de los abogados, las
contribuciones a las campañas y los gastos de cabildeo, la lucha por Havana
Club resultó muy costosa". (1)
Sin embargo, Rubén Rodríguez, presidente de la firma Bacardí
hasta 2005, deseaba poner los gastos bajo estricto control y desarmó el llamado
Grupo Cuba de la compañía, que coordinaba esos temas en relación con la Isla.
La apologética obra sobre los Bacardí admite que, a
instancias de su hermano Jeb, George H. Bush violó las leyes internacionales y
las de Estados Unidos reconocidas por la Oficina de Patentes de Estados Unidos
y por la OMC, para utilizar la marca Havana Club en territorio norteamericano y
vender un supuesto "ron cubano". Rodríguez se apartó, en cierto modo,
de la campaña librada por Pepin Bosch, tercer presidente de la firma licorera;
quien condujo a la firma en una cerrada guerra contra la Revolución Cubana, a
la par que triunfaba como jefe de la familia: "Los hice millonarios a
todos", declaró altivamente en Miami.
Bosch contribuyó a crear y financiar la Representación
Cubana en el Exilio (RECE), que dedicó a preparar acciones terroristas contra
Cuba, y designó a Jorge Mas Canosa como vocero del grupo. El exitoso empresario
quiso poner al frente de Bacardí a un técnico que no formase parte de la
familia; pero Eddy Nielsen Schueg se opuso y Bosch renunció iracundo en 1975.
Nielsen obtuvo la presidencia y recesó la guerra contra Cuba. Pero algunos años
después, alarmados por el reto de la empresa mixta Havana Club Holdings (HCH),
creada en 1993 entre la francesa Pernod Ricard y Habana Ron, retomaron esas
campañas cuando las ventas de la HCH se duplicaron en los primeros cuatro años.
En abril de 1995, Rodolfo Ruiz, presidente de la firma, y
Mas Canosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, organizaron
un banquete —a 500 dólares el cubierto— en el hotel Biltmore de Coral Gables
para financiar la reelección del senador Jesse Helms. El "doy para que
des" fue poner a disposición de Helms al abogado Ignacio Sánchez, para
redactar el Título III de la ley Helms con Daniel Fisk, hombre del senador en
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Sin embargo la ley Helms-Burton, bautizada como Bacardí
Claims Act, según se dice, por Wayne Smith, exjefe del Buró de Cuba en el
Departamento de Estado, sirvió de poco a la firma; era tanta su pretensión
extraterritorial que provocó choques con intereses europeos y obligó a un
compromiso con la UE, que dejó sin efecto muchas de sus cláusulas; año tras año
los presidentes de EE.UU. se ven obligados a suspender temporalmente los
efectos del Título III.
Ese otoño Bacardí embarcó 16 cajas de ron de la destilería
de Nassau y las comercializó con etiquetas de Havana Club. Pero en 1996, la
franco-cubana HCH ganó una demanda contra Bacardí-Martini en una corte de Nueva
York, por la violación de la marca registrada por Cuba y aprobada por la Oficina
de Patentes y Marcas de EE.UU. desde 1976.
Bacardí continuó su plan en 1997 comprando por un millón 25
mil dólares la franquicia de Havana Club a la familia Arechabala. En realidad
ese clan la había perdido desde 1974, por no renovar el registro de la marca y
no producir su ron durante 30 años. No obstante, los abogados de Bacardí
centralizaron su objetivo en abstraer su caso de la Ley de Marcas de 1928; y
hacer aprobar al Congreso una nueva ley, con efecto retroactivo, para
desactivar el registro de 1976 hecho por Havana Club y vender el genuino ron
cubano. Usaron a los senadores Connie Mack y Robert Graham, y a los
congresistas IIeana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, a fin de agregar una
enmienda a la Ley de Asignaciones de 1999, la sección 211 del polémico
Presupuesto de la nación.
La ilegítima enmienda permitiría burlar la Ley de Marcas en
EE.UU. cuando la jueza Shira Scheindling, del Distrito Sur de Nueva York,
aprobó la demanda de Bacardí. Pero Havana Club Holdings logró que la Unión
Europea y la Organización Mundial del Comercio cuestionasen la anómala pieza
ante la U. S. Patent and Trademark Office (PTO); la cual no canceló el registro
de Havana Club como la Bacardí pretendía con la enmienda. Pero ante la presión
de los Bush, la PTO invalidó su propia decisión.
El espurio gobierno de George W. Bush, que ganó las
elecciones del 2000 a Albert Gore por la fraudulenta votación en La Florida, lo
agradeció, entre otras prebendas, negando a Cuba el derecho de seguir pagando
la inscripción de la marca de ron Havana Club en Estados Unidos, y asi
favorecer a la mafia de Miami y a la Bacardí.
El diario The Washington Post publicó el 18 de octubre del
2002 los mensajes por email, suministrados por el Partido Demócrata de la
Florida, que muestran cómo el entonces gobernador de La Florida, Jeb Bush, hizo
cambiar en favor de Bacardí la posición de la Oficina de Patentes de EE.UU.
Cuando la PTO pretendía actuar de acuerdo a la ley, Jorge
Rodríguez Márquez, vicepresidente de Bacardí, envió una impúdica nota a Jeb
Bush: "Alguien tiene que decirle a la Oficina de Patentes que debe cesar
de interferir", demandó.
En respuesta, el gobernador Jef Bush le comunicó el 23 de
abril de 2002 que su hermano, el Presidente, había nombrado al excongresista
James Rogan para supervisar la Oficina de Marcas y Patentes; y orientó a
Rodríguez para que redactase una carta a Rogan pidiéndole "acción pronta y
decisiva en favor de Bacardí", que él firmaría. La carta, redactada por
Rodríguez y firmada por Bush, conminaba a terminar el despojo de inmediato; como
se hizo. El proceso mostró el alto grado de complicidad de miembros del clan
Bush con corrompidos personajes de la fauna de Washington como los congresistas
Tom De Lay y sus colegas Mel Martínez, Díaz-Balart y Ros-Lehtinen, financiados
por Bacardí.
El Post también informó en diciembre 4, que Rodríguez
Márquez había gastado cinco millones desde 1998 pagando a congresistas, y otros
2.2 millones en contratar "lobytas".
Bacardí admitió haber usado los fondos corporativos para
pagar los gastos de la campaña electoral, en Texas, al líder de la mayoría
republicana Tom De Lay. La firma fue multada en sólo 750 dólares, a pesar de
demostrarse el chanchullo.
En el 2002 la UE presentó una querella contra esta segunda
Ley Bacardí. Y la Comisión de Arbitraje de la OMC dictaminó que "partes de
la Sección 211 violan los compromisos comerciales de los Estados Unidos y
necesita ser enmendada por el Congreso para ajustarse a las regulaciones de la
OMC". Por tanto se emplazó a Estados Unidos a que la adaptara en un plazo
razonable, pues viola las regulaciones del Convenio de París sobre Protección
de la Propiedad Industrial.
La querellante UE acordó concederle más tiempo, en varias
ocasiones, a EE.UU. para que cumpliera este fallo. Así en el 2004, fue
presentado en el Congreso un proyecto sobre respeto a las marcas suscrito por
legisladores de ambos partidos y apoyado por el Consejo Nacional del Comercio
Exterior. Pero el intento fue hecho fracasar por los mismos legisladores con
idénticos sobornos.
En julio del 2005 Europa y el gobierno de Bush acordaron, a
espaldas de Cuba, no poner límite a Estados Unidos para cumplir sus
obligaciones; se comprometieron a abstenerse de solicitar al Órgano de Solución
de Diferencias (OSD) autorización para suspender concesiones a EE.UU. en esta
etapa, hasta que "en alguna fecha futura" decidan hacerlo. Este
entendimiento facilitó dilatar por tiempo indefinido el diferendo.
En la audiencia de este año, los diplomáticos europeos
dijeron que ya es hora de que EE.UU. resuelva el asunto y los norteamericanos
respondieron que el proyecto de ley está en manos de legisladores en Washington
para solucionarlo. Se les dijo que en más de 10 años han tenido tiempo
suficiente para adaptar la norma. Pero la guerra fría de más de 50 años contra
Cuba, quebranta hasta los principios de la economía de mercado que sustenta la
ideología de ese país.
Las sucias tretas de los hermanos Bush y sus protagonistas
en esta guerra del ron: Lincoln Díaz-Balart, Mel Martínez, Ileana Ros-Lehtinen,
Tom De Lay y Jack Abramoff, forman la más agresiva parte de la sucia guerra que
Washington se ha empeñado en mantener. Por su corrompido y sucio entorno,
constituyen el Watergate del siglo XXI. Los congresistas batistianos de ahora
juegan el mismo papel que el de la pandilla de gángsters cubanos de Nixon
entonces: Rolando Martínez, Virgilio González y Bernard Baker junto a Howard L.
Hunt, James Mc Cord, Frank Sturgis .
¿A quién se debe el presidente Obama?
(1) Tom Gjelten. Bacardi y la larga lucha por Cuba. Vicking
Peguin. Principal de los libros. Galileu 333 Barcelona 2011, p. 415
TOMADO DE LA GRANMA DE CUBA
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