La mitad de los
presos en las cárceles argentinas no tiene condena firme
El anuncio de la reforma al Código Procesal Penal puso en
agenda la crisis del sitema judicial y penitenciario; qué cambiaría con la
nueva norma; un mapa con la situación en cada distrito
Por Sol Amaya | Estuvo
preso tres años, acusado de dispararle a una mujer embarazada y provocarle la
muerte a su bebé. Fue el foco de insultos y malos tratos. De su tiempo en
prisión no quiso hablar, sólo dijo que la pasó muy mal. Cuando por fin llegó el
momento del juicio, fue absuelto, ya que se comprobó que no había participado
del hecho. Sin ayuda de ningún tipo y con el peso de un encarcelamiento
injusto, dos meses después fue detenido por el asalto a un comercio. Carlos
Burgos, quien estuvo procesado con prisión preventiva por el ataque
a Carolina Píparo, formó parte de los más de 30.000 presos sin condena
firme detenidos en las cárceles argentinas.
El martes pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la presentación de un proyecto de
reforma del Código Procesal Penal. Entre los argumentos para la
modificación, la mandataria mencionó la cantidad de presos sin condena en el
país y la necesidad de un sistema más ágil y de corte acusatorio.
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas
sobre ejecución de la pena, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación (2012), el 50 % (31.000) de las personas alojadas en
cárceles argentinas son procesadas sin condena firme.
Esto posiciona a la Argentina en el puesto número 18 de los
países con más presos preventivos en el mundo, según la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Un
relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional
(Procuvin) en mayo de este año detectó que en las cárceles del Servicio
Penitenciario Federal, donde hay 10074 personas detenidas, el 59,7% de los
presos no tiene condena. Entre las mujeres, que representan el 7,4% (746) de la
población penitenciaria federal , el 66,4% está procesada, mientras que sólo el
33,6 por ciento está condenada.
Estos porcentajes se agravan en el caso de los 429 jóvenes
adultos de 18 a 21 años que están detenidos en cárceles federales. Un 84% de
ellos está preso sin condena. En el caso de la población transgénero , la
Procuvin informó que del total de 16 personas alojadas en el Módulo VI del
Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, sólo una tiene condena firme.
LA JURISDICCIÓN
Uno de los puntos de análisis del informe de la Procuvin
tiene que ver con la jurisdicción que envía a prisión a personas que aún no
tienen condena.
El informe especifica que son 5777 los presos en cárceles
federales a disposición de jueces nacionales, mientras que 3319 dependen de
jueces federales y 699 de jueces provinciales.
Sobre este aspecto, el relevamiento detectó que en las
cárceles federales, el 54 por ciento de los procesados sin condena fueron
enviados a prisión por la justicia nacional, el 42 por ciento por la federal y
sólo el 4 % por la justicia provincial
LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO REGLA
La prisión preventiva es en la teoría una herramienta de uso
excepcional para los casos en los que haya riesgo de fuga o de entorpecimiento
de la causa por parte del imputado.
La ley establece que la prisión preventiva no podrá ser
superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. "No obstante,
cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente
complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo
indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que
deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para
su debido contralor", dice la normativa.
Pero en la práctica, en la Argentina una persona procesada
puede esperar hasta cuatro años en prisión a que llegue el juicio oral.
"La prisión preventiva es un tormento. Mientras el
Estado decide si sos o no culpable, te priva de todo, no sólo de la libertad,
porque los presos procesados no tienen acceso a muchos beneficios en la
cárcel", explicó a LA NACION Abel Córdoba, titular de la Procuvin.
Una persona que va a ser condenada tiene derecho a saber
cuánto tiempo va a estar presa, si va a poder ver a su familia, tener acceso a
la salud, trabajar
"La preventiva tampoco es justa para los que luego son
condenados. Una persona que va a ser condenada tiene derecho a saber cuánto
tiempo va a estar presa, si va a poder ver a su familia, tener acceso a la
salud, trabajar", añadió.
Por otra parte, indicó que "la tasa da absolución es
muy alta". Y agregó: "Si te absuelven después de estar varios años
presos, podés iniciar un proceso contra el Estado, pero eso lleva mucho tiempo
y de todos modos nadie puede reparar la cantidad de años que estuviste privado
de libertad siendo inocente".
QUÉ CAMBIARÍA LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL
"El Código Procesal actual tiene muchas falencias de
origen. Hay muchas provincias argentinas, con Córdoba a la cabeza, que están
implementando códigos con sistema acusatorio en donde el fiscal es dueño de la
acción y como representante de la sociedad dañada por el delito lleva adelante
la acusación y la sostiene. El juez solo controla que se cumplan las garantías
del debido proceso legal y tiene una función eminentemente imparcial",
explicó a LA NACION Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo.
El Código Procesal actual tiene muchas falencias de origen
Los especialistas consideran que en el sistema vigente, de
carácter inquisitivo, los jueces cumplen una doble función contradictoria y
distorsiva: la de investigar y a su vez tomar decisiones sobre los resultados
de esa investigación.
"Una reforma al código procesal puede tener sobre todo
dos beneficios: acortar los plazos del proceso y oralizar todas las audiencias.
Esto hace que todo sea mucho más transparente", explicó a LA NACION Paula
Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
"Los sistemas inquisitivos siempre tienen una alta
proporción de presos preventivos. Los procesos se vuelven muy largos y eso,
sumado a la presión pública, lleva a que la respuesta sea mandar a la cárcel a
una persona sin condena", dijo Litvachky. Y añadió: "No
necesariamente una reforma va a bajar la tasa de encarcelamiento. En Chile, por
ejemplo, hay un 70% de condenados y 30 procesados pero la tasa de detenidos no
bajó. Eso ya depende de cómo se aplique el sistema".
No necesariamente una reforma va a bajar la tasa de
encarcelamiento
El martes, durante el anuncio de la reforma, la Presidenta utilizó una metáfora para referirse a cómo podrían
funcionar los cambios. "Vamos a ver qué sucede, porque uno puede tener el
mejor instrumental, pero el que opera es el médico y si el médico se durmió o
no vino estamos en problemas", dijo la mandataria.
Por su parte, Córdoba, de la Procuvin, coincidió en la
necesidad de reformar el Código. "Sería un paso hacia adelante, pero la
razón de que haya tantos presos preventivos es más profunda y menos legislable.
Tiene que ver con políticas criminales arraigadas y no fundamentadas".
"Que un 84% de los jóvenes adultos detenidos en
prisiones federales no tenga condena no es casual. Y debería ser una alerta
para el sistema, un escándalo", añadió.
En tanto Patricia Bullrich (Unión Pro), titular de la
Comisión de Legislación Penal, también apoyó la reforma del Código.
"Estamos de acuerdo en analizar una reforma del Código Procesal Penal. Es
más, junto a los Diputados Federico Pinedo, y Pablo Tonelli, en el mes de junio
presentamos un proyecto de reforma, cuyo espíritu es avanzar hacia un sistema
acusatorio con la oralidad como principio para garantizar la justicia en
tiempos cortos", señaló.
Y agregó: "Trabajaremos para que las víctimas sientan
que la Justicia es rápida, para evitar las excarcelaciones y para que se
termine con la puerta giratoria".
Trabajaremos para que las víctimas sientan que la Justicia
es rápida
También el secretario de Seguridad, Sergio Berni, aplaudió
la propuesta. "La lucha contra el delito es una larga cadena de responsabilidades
no solamente le compete al Poder Ejecutivo sino al Legislativo, Judicial y
diferentes organizaciones intermedias", sostuvo.
"El código procesal que se impulsa es muy parecido el
que tenemos nosotros en Chubut, donde toda la responsabilidad de la
investigación recae en el fiscal y los jueces son de garantías. Es una buena
herramienta, funciona muy bien", dijo a LA NACION Mario Cimadevilla,
senador por la UCR, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
e integrante del Consejo de la Magistratura.
"Pero impulsar esta reforma en el orden nacional con la
actual Procuradora [Alejandra Gils Carbó] es un riesgo muy grande, porque toda
la investigación penal quedaría a cargo de ella", aclaró. "La reforma
en sí no es mala, pero requiere de fiscales más independientes", señaló.
"Si se va a cambiar el Código se debería, a su vez,
reformar la Ley de la Procuración o que los fiscales comiencen a pasar por el
Consejo de la Magistratura", añadió Cimadevilla.. Tomado de la nación de
ar
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