INFORMACIÓN REPRESADA

La información represada  Los impactos sociales, sanitarios y ambientales que traería la implantación de represas hidroeléctricas en pueblos costeros del río Uruguay, ya fueron estudiados científicamente por universidades argentinas contratadas por Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima. La Universidad Nacional de Misiones hizo la revisión de los informes pero nunca los dio a conocer a la sociedad misionera. Ebisa confeccionó además un manual de persuasión, hoy cristalizado en el llamado Plan de Comunicación Social del Consorcio Energético del Río Uruguay. “Este informe se realiza para estimar, en base a información de fuentes secundarias, los impactos ambientales en sus aspectos socioeconómicos con el objetivo de recomendar la selección de una alternativa de cierre para el aprovechamiento integral del Río Uruguay en el tramo comprendido entre Garabí y los Saltos del Moconá”, enuncia la introducción del “Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí. Estructura poblacional y social. Patrimonio cultural y turístico”, documento que lleva la firma de los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Ruth A. Poujade y Néstor C. Álvarez, en el marco de un convenio entre el Comité Ejecutivo de la UNaM y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) que data de 2006, pero que nunca fue dado a conocer —pese a la sensibilidad de la información contenida— por la universidad pública a la sociedad misionera. Todo se encuadra en un mega informe solicitado por Ebisa a varias universidades del país. La documentación total consta de 23 programas, que suman más de 8.500 páginas. En el caso de la UNaM, trabajaron los dos investigadores citados, bajo la coordinación de de quienes entonces eran los titulares del Comité Ejecutivo de la UNaM, el doctor Carlos Gallian y el ingeniero Hugo Bordón. El informe de la UNaM fue entregado a EBISA en 2007 y adosado finalmente a otros estudios referidos al proyecto Garabí desarrollados por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad del Salvador, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Ciencias Naturales, el Museo de la Universidad Nacional de La Plata y Gendarmería Nacional. En el extenso compendio de investigaciones científicas que nutren los 23 programas del informe solicitado por Ebisa, aparecen datos concretos acerca de los impactos sociales, sanitarios y ambientales —aunque no constituye técnicamente lo que se denomina una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)— que ocasionarían las represas hidroeléctricas programadas para la zona estudiada, que, más allá de algunas ligeras variaciones en los proyectos, abarcan la misma región y las mismas condiciones ambientales que el actual proyecto hidroeléctrico Garabí–Panambí. El informe de Ebisa comprende además, un plan de persuasión ideado por la Gendarmería Nacional —actualmente cristalizado en el llamado Plan de Comunicación Social del Consorcio Energético del Río Uruguay— y un Plan de Relocalización de Poblaciones Afectadas. Revisión de la documentación suministrada por EBISA al Comité Ejecutivo de la UNaM. En el informe preliminar firmado por los investigadores de la UNaM se explica: “Nuestra revisión de los documentos presentados por EBISA desarrolla en forma sumaria el contenido de cada uno de los informes finales denominados “Proyectos Nº…”, son en total 23 informes más anexos y mapas del área de los posibles emplazamientos. Cada uno se refiere a distintos aspectos estudiados para elaboración de los proyectos de Represa Garabí. Nos detenemos en aquellos informes que se refieren a aspectos sociales, económicos, poblacionales y arqueológicos, que son de la incumbencia de este equipo de trabajo”. Es decir, la tarea de la UNaM consistió, además de la producción de determinados conocimientos, en la revisión y análisis total de la totalidad de las investigaciones aportadas por las restantes instituciones. Sobre la metodología utilizada, se explica: “Los pasos metodológicos seguidos en la realización de este estudio preliminar sobre la situación actual en los aspectos relacionados al uso de la tierra y actividades económicas de las regiones potencialmente afectadas por cada una de las alternativas de cierre del Proyecto, fueron los siguientes: Se comenzó por la revisión crítica de la información proporcionada por EBISA, basada en informes finales para cada aspecto involucrado directa o indirectamente con la ejecución de las obras de construcción de Garabí. Dado el cúmulo de datos puntuales y elaboraciones disponibles y en función del tiempo comprometido, se clasificó la información según cuatro dimensiones principales objeto del estudio (área de afectación; impacto; población; aspectos socioeconómicos), para luego proceder a su crítica y al rescate de los datos pasibles de constituirse en indicadores utilizables”. Impactos en la salud pública: enfermedades “Control de Plagas” es el título que lleva el programa 19 del informe de Ebisa. Fue elaborado por el investigador Fernando de Francesco. “El impacto más relevante tiene que ver con el establecimiento, como resultado de la formación del embalse de Garabí, de condiciones ambientales favorables para la proliferación de especies transmisoras de enfermedades humanas”, sostiene parte de ese informe. “En la consideración de las plagas que afectan la salud pública y la agricultura en la zona del proyecto Garabí, es lógico suponer que la aparición de un lago de una superficie considerable y subembalses relacionados, así como la modificación del régimen hídrico y el reasentamiento de las poblaciones humanas erradicadas de las zonas a inundar, puedan ocasionar una modificación de sus poblaciones naturales o la aparición de otras plagas y problemas sanitarios asociados a las mismas, los que hasta el momento eran desconocidas para el área. “Por otra parte, la estructura demográfica de la región donde se realizará la obra se alterará necesariamente por un fenómeno migratorio durante la etapa de construcción del embalse, al producirse una gran demanda de mano de obra. Las personas dedicadas a la construcción de represas y obras relacionadas, así como sus grupos familiares, pueden provenir de regiones distantes e influenciar en la situación epidemiológica a través de introducción de enfermedades, introducción de nuevas cepas de agentes patógenos que se adaptan a las nuevas condiciones ecológicas, falta de inmunidad a los agentes patógenos locales, y aumento de la densidad demográfica en los focos de transmisión (Hunter et al., 1994). “Durante estos cambios, especialmente niños y ancianos conforman los grupos etarios expuestos a mayores riesgos de salud, constituyendo grupos de riesgo en relación a las enfermedades hídricas más relevantes”, añade. Este informe comprende 157 páginas, en las cuales se detallan las enfermedades que podrían generarse a partir de la instauración de la represa Garabí. En un apartado en el cual se analizan los vectores de influencias, se detalla: “Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo. Algunos hirudineos y turbelarios tienen, como principal fuente alimentaria a larvas, insectos y algunos moluscos gasterópodos, muchos de los cuales son vectores de patogenias humanas y de vertebrados silvestres. Las nuevas condiciones ambientales pueden tornarse desfavorables para estas especies provocando la disminución o exterminio de sus poblaciones y en consecuencia favorecer al desarrollo de poblaciones de las especies transmisoras de enfermedades que mantenían bajo control”. Desalojos, expropiaciones, relocalizaciones El Programa Nº 16 del informe confidencial de Ebisa se titula “Programa de Reasentamientos Involuntarios” y fue realizado por la Dirección de Asuntos Ambientales y Protección Civil de Gendarmería Nacional. “Los municipios afectados por el Aprovechamiento Hidroeléctrico Garabí serían los correspondientes al departamento de Santo Tomé, en la Provincia de Corrientes, y los departamentos de Apóstoles, Concepción, Oberá y San Javier, de la Provincia de Misiones. Es en función de estos parámetros que se realizará en el presente estudio, un Plan de Acción para el Reasentamiento Involuntario de la población afectada” señala la introducción de este programa. Posteriormente, se informa que la herramienta jurídica con la que se piensa expropiar las tierras que serían inundadas por el embalse y aquellas alcanzadas por obras complementarias —que en el caso de la represa Yacyretá propició gigantescos negociados inmobiliarios— es “la Ley Nº 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977”. Dicha ley expresa que podrán ser objetos de expropiación aquellos bienes, así pertenezcan al dominio público o privado, que se decreten necesarios para satisfacer la citada utilidad pública. También estipula que la expropiación hará referencia tanto a bienes determinados como genéricamente a aquellos bienes que resulten necesarios para la construcción de una obra, como es el caso de una represa. Esa ley establece además que la indemnización “sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses”. “Objetivos de la relocalización” es uno de los subtítulos de este informe. Allí se expresa: “Una vez obtenida la suficiente información para abrir juicios acerca de las mejores opciones para resguardar y devolver a las poblaciones afectadas las rutinas vitales dañadas, lo que sigue es la planificación pormenorizada del reasentamiento. Cuando desplazamientos masivos de poblaciones son inevitables, se requiere un plan de reasentamiento detallado, cronogramado y un presupuesto. Los planes de reasentamiento deben ser elaborados en torno a una estrategia de desarrollo y un acuerdo global tendientes a mejorar o al menos a restaurar la base económica de los reubicados. El proceso de reasentamiento y la superación por parte de la población implicada en el mismo de las tensiones provocadas por toda situación exigen un proceso de maduración que va más allá de la mera relocalización, extendiéndose hasta el momento en que la población haya asumido totalmente su nueva situación y se sienta integrada en ella”. Más adelante, se enuncia: “la experiencia indica que la compensación monetaria, por sí sola, es inadecuada. El asentamiento voluntario puede formar parte de un plan de reasentamiento, si se incluyen medidas dirigidas a las circunstancias especiales de reasentados involuntarios. Se debe dar preferencia a estrategias de reubicación basadas en la tenencia de la tierra para personas desplazadas de la agricultura. Si no hay disponibilidad de tierra adecuada, se pueden utilizar estrategias no basadas en la tierra, construidas en torno a oportunidades de empleo, como, por ejemplo, cooperativas comunitarias”. En otro apartado, se plantea: “La relocalización altera los parámetros básicos de las estrategias adaptativas de las personas. Estas estrategias se deben entender como el conjunto de procedimientos, selección y utilización de recursos, y tendencias en la elección de alternativas, puestas de manifiesto por una determinada unidad social a lo largo del proceso de reubicación a fin de satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a las presiones del medio. Por tal motivo, el proceso de reubicación poblacional debe tener como una de sus prioridades la conservación de estrategias de vida. Esto implica que la elección del lugar debe permitir a los desplazados mantener una relativa continuidad en aspectos tales como empleo, relaciones familiares, relaciones sociales, actividades recreativas, etc”. En el segmento “Alojamiento y Provisión de viviendas”, se reconoce lo siguiente: “El desplazamiento de la población afectada debe estar acompañado de un programa que les proporcione unidades habitacionales de forma inmediata. El desarraigo de un entorno y un modo de vida familiar genera como efecto inminente la desorientación. La relocalización actúa con características de catástrofe natural, introduciendo incertidumbre y la sensación de impotencia. De ahí que el reaseguro de una vivienda ayuda a compensar el efecto de stress que la pérdida de la propia vivienda genera. La ubicación de la nueva vivienda nunca vuelve a ser comparable a la residencia anterior, y por eso, las soluciones habitacionales ofrecidas, además de ser técnicamente buenas, deben cumplir con las expectativas de los usuarios, y evitar diseñarlas con criterios demasiados diferentes a aquellos que le eran habituales a la población que las usará”. Ninguna de estas informaciones y advertencias sobre las consecuencias del proyecto Garabí fueron puestas en conocimiento de la población de la provincia, a pesar de que un grupo de 58 organizaciones sociales, sindicales, ambientales y políticas solicitó al entonces rector Aldo Caballero que las hiciera públicas. El pedido nunca fue respondido. Tomado del face de jc pigner , extraido de superficie misiones