EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
Verri fustigó denuncia de ALUR y dijo que promueve
“desamparo y censura”
Como “hecho grave que atenta contra la libertad de
expresión” calificó --en la Cámara de Diputados-- el representante sanducero
Walter Verri la denuncia realizada por ALUR contra EL TELEGRAFO, que podría
terminar condenando a este medio con “apercibimiento”. Verri agregó que se
“pretende ejercer presiones y condicionar el accionar de los medios de
comunicación por parte de la empresa ALUR, ahora respaldada por el Ministerio
de Defensa a través de la Dinacia”.
Tras relatar los hechos que desencadenaron la denuncia de
ALUR ante la Dinacia, la toma de fotografías con un dron, a entre 50 y 70
metros de altura, para comprobar los destrozos en la estructura de uno de los
galpones, información que no había sido difundida por la empresa, Verri aseguró
que “no solo no había habido información oficial a la prensa, tampoco se
comunicó al Destacamento de Bomberos”.
Tras la posición expuesta por la Dinacia, referente a la
posible condena por “apercibimiento” a EL TELEGRAFO, el diputado Verri subrayó
que “quienes están al frente de ALUR no consideraron la importancia y el
respeto que se debe tener ante la labor periodística y demostraron un
desconocimiento básico de lo expresado en la Declaración de Principios sobre la
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos”. Y en el mismo
tono agregó: “además de haber olvidado que administran bienes y recursos públicos”.
“El diario hizo aquello que debía hacer”, dijo Verri. “Por
si fuera poco”, agregó, “la actitud de ALUR y el Ministerio de Defensa se
contradice e invoca normas que no son aplicables y contrarias, además, a una
resolución ya dictada por la propia Dinacia (291/2014), que determina que los
drones “no requieren registro, certificado de aeronavegabilidad, licencia ni
autorización o permiso para el operador. Las únicas limitaciones son que no
pueden operarse en espacios aéreos controlados o en la zona de tráfico de
aeródromos”. ¿Cómo es posible sancionar por no contar con autorización para
sacar fotos cuando los drones, según la propia Dinacia, no necesitan
autorización y vienen con una cámara incorporada? Además, ¿por qué no se
utiliza el mismo criterio cuando el hecho es diferente? Por ejemplo, no se
denunció a EL TELEGRAFO cuando el mismo dron se utilizó para cubrir la
inauguración de la planta con el presidente Mujica en el lugar”.
El diputado sanducero por el Partido Colorado aseguró que la
denuncia y acciones de ALUR, la Dinacia y el Ministerio de Defensa Nacional
promueven desamparo y censura. “Desamparo en el sentido de desinformación,
porque a eso estaríamos condenados como sociedad si los comunicadores no
pudieran realizar su trabajo. Y censura puesto que se está castigando por la
difusión de una información e imágenes que son públicas. Ello conlleva una
presión para el futuro, una amenaza para el libre ejercicio de la profesión”.
“Medidas como estas apuntan a restringir la libre
circulación de ideas y opiniones, en definitiva, la creación de obstáculos al
libre flujo informativo”, destacó Verri y agregó que el periodismo es “una
profesión que implica, justamente, sacar a la luz pública aquello que sin razón
jurídica alguna se pretende mantener oculto”.
Ante sus pares en la Cámara, Verri concluyó que “el aparato
utilizado por el Diario EL TELEGRAFO, con una trayectoria de 105 años de
trabajo, que ha sabido adaptarse a los sistemas más modernos, permitió
confirmar que la información era correcta y que, efectivamente había ocurrido
un derrumbe de grandes proporciones. El primer deber del periodista, que es
publicar la verdad conocida y comprobada, se cumplió a cabalidad”.
“¿QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN DE HACER LA DENUNCIA?”
Verri presentó dos pedidos de informes. Uno de ellos fue
enviado a Ancap y contiene doce preguntas, que tratan de --a través de las
respuestas que se espera recibir-- arrojar luz sobre los hechos ocurridos en
junio pasado y las posteriores acciones de ALUR contra el medio de prensa.
Verri pide que “se informe detalladamente lo sucedido el día
16 de junio en la planta de ALUR ubicada en Nuevo Paysandú” y que “se
proporcione los peritajes correspondientes sobre las causas del derrumbe”.
“¿A quién corresponde la responsabilidad?, ¿qué medidas se
han tomado para remediar la situación?, ¿por qué se ocultó la información a
medios de comunicación que la pidieron?, ¿cuál es la evaluación económica de
los daños y quién se hará cargo de su reparación?, son algunas de las preguntas
incluidas en el pedido de informes.
En las dos últimas preguntas, Verri solicita “saber los
fundamentos jurídicos manejados para denunciar ante la Dinacia a un medio de
prensa que lo único que hizo fue informar, ilustrando la información con fotos”
y “quién tomó la decisión de hacer la denuncia. Si fue el Directorio,
solicitamos copia del acta correspondiente”.
DRONES NO, ¿PARAPENTES Y SIMILARES SÍ?
El segundo pedido de informes está dirigido al Ministerio de
Defensa Nacional, en cuya órbita se encuentra la Dinacia. También presenta doce
interrogantes, algunas de ellas similares a las enviadas a Ancap.
Verri pide el fundamento jurídico por el que promoverían la
sanción a EL TELEGRAFO. “¿Por qué se pretende aplicar al hecho de haber tomado
fotografías con un dron requisitos que no son aplicables a dispositivos que
pesan menos de 25 kilos y vienen con cámaras incorporadas?”, pregunta.
Tomando en cuenta que el uso de estos aparatos “son en la
actualidad intensamente utilizados en todo tipo de eventos sin necesidad de
registro de tipo alguno, solicitamos se nos informe la razón que ha llevado a
sancionar el uso realizado por el Diario EL TELEGRAFO”. También pide que “se
informe la razón por la cual la zona en donde se ubica la planta de ALUR, que
era considerada ‘zona libre’ hasta la ocurrencia de este hecho, ahora es
considerada por la Junta de Infracciones de la Dinacia como una zona de
‘espacio aéreo restringido’”.
Verri apunta a que se informe “las razones por las cuales se
debe pedir autorización para tomar fotografías aéreas desde drones cuando no se
exige lo mismo para quienes vuelan en otro tipo de artefactos, como parapentes
o similares” y “por qué razón no se requiere registro de drones de menos de 25
kilos, como el aparato en cuestión; pero sí se sanciona a un medio de comunicación
por usarlo para sacar fotografías cuando la cámara viene incorporada y se
utiliza ya masivamente en diferentes eventos”.
El diputado sanducero solicita “se explique en detalle qué
considera la Dinacia ‘finalidad de trabajo’, ya que de esa definición dependerá
el trabajo de la prensa en el futuro” y pide que “se nos informe y enumeren las
zonas que no son consideradas como ‘zonas libres’, tanto en el departamento de
Paysandú como en el resto del país”.
En las dos cuestiones finales, Walter Verri indaga “si la
Dinacia está o estuvo en conocimiento durante la investigación sustanciada que
los periodistas del Diario EL TELEGRAFO solicitaron en primer lugar a la
autoridades de ALUR información respecto a lo sucedido en la planta” y si la
misma repartición “está o estuvo en conocimiento durante la investigación de
que ALUR optó por ocultar la información a los medios de comunicación que la
pidieron”. TOMADO DE EL TELEGRAFO DE URUGUAY
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