Corte ordenó al Presidente crear plan para superar crisis
humanitaria en La Guajira
FOTO SANTIAGO VALENZUELA
La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Presidencia de
la República diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente y eficaz que dé
solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y
falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu.
La decisión que la Corte dio a conocer este domingo se tomó
al estudiar una tutela que había sido presentada por el abogado Elson Rafael
Rodrigo Rodríguez Beltrán en contra de múltiples entidades del Estado por los
problemas que afectan los niños Wayúu, alegando 266 muertes entre 2015 y 2016
por cuenta de la desnutrición; así como la falta de cumplimiento de las medidas
cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte modificó parcialmente un fallo del Tribunal
Superior de Riohacha y ordenó adoptar las medidas que sean necesarias para
preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las
comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el
departamento de La Guajira.
La Sala Civil, con ponencia de la magistrada Margarita
Cabello Blanco, determinó que el gobierno deberá trazar un organigrama con
tiempos razonables y reales, conforme a una fijación de plazos claros y detallados
para la materialización de cada una de las etapas que al efecto corresponda
adoptar.
El Tribunal había dicho que esta orden debía cumplirse
directamente al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y ahora la
Corte delegó el plan al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
Así las cosas -dice el fallo- “(La presidencia) tendrá a su
cargo la responsabilidad de coordinar las gestiones que sean menester para
superar el trance humanitario de que se viene tratando, ello en franca
colaboración e interacción armónica con otras instancias del orden nacional,
departamental y municipal”.
Aunque para la Corte Suprema es claro que ya está en marcha
un plan que busca superar la crisis, la Sala indicó que esto no es óbice para
que se superen de forma definitiva los problemas de desnutrición, mal estado de
salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu.
Por tal motivo, se ordenó al Ministerio de Ambiente
desarrollar acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico de la
desaparición de las fuentes hídricas de esa región para proveer el acceso al
agua potable.
Igualmente, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de
Agricultura “que brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la
optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural,
comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente
brindar alimentos sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los
procesos que se necesitan para su permanente obtención”.
De acuerdo con el fallo, la Presidencia de la República
deberá rendir mensualmente un reporte de las gestiones adelantadas a la Sala
Civil del Tribunal Superior de Riohacha.
No hay declaratoria de crisis institucional
No obstante, la Corte Suprema no acogió la petición que
hicieron la ONG Dejusticia, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y 16
autoridades del pueblo indígena Wayúu en la que pedían que se declarara la
existencia de un estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, es decir,
que se afirmara que existe allí una crisis institucional profunda.
Dichas organizaciones habían apoyado la tutela del abogado
Rodríguez Beltrán y estimaban que era claro que el Estado no se había ocupado
de atender a los niños a pesar de las medidas de la CIDH, a pesar que sí hay
recursos.
“Sin embargo, es la debilidad institucional a nivel
departamental y municipal, el desinterés estatal en resolver la situación, y el
deficiente control en la ejecución de los recursos, los que han impedido
consolidar una política efectiva para atender la crisis. Estas son todas causas
imputables al Estado que deben ser saneadas y corregidas por él mismo”, señala
la petición.
Esta es la segunda decisión judicial que ordena crear plan
urgente para resolver la crisis humanitaria en esa región del país. A
principios de junio, El Tribunal Superior de Riohacha le ordenó al presidente
de la República, Juan Manuel Santos, que en un plazo de 48 horas inicie las
acciones necesarias para solucionar la situación.
En esa ocasión, atendiendo una tutela, se ordenó la
elaboración de un plan de acción que beneficie a los niños indígenas de las
comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, para garantizar los
servicios de salud y evitar más casos de desnutrición. Tomado de el colombiano
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