El Gobierno aprobó papa y trigo transgénicos para consumo
masivo
Peligro en las mesas argentinas
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno
de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las
semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a
la comercialización de productos cuestionados.
Por Darío Aranda
La papa transgénica ya tiene allanado el camino a las
verdulerías.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo
transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el
Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una
comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las
semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor
uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
Piden el principio
precautorio
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus
accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios
argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa
señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio,
más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una
decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del
agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos
son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos.
Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco
serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de
Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen
Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que
exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el
principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a
identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de
la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas
empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La
Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está
controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o
tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde
1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de
San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la
Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los
tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector
científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas,
donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de
Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar
al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de
semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y
planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán
contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser
obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya
liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar.
En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino
Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada
es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del
Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La
publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY”
(“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry,
quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la
papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y
en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet)
forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la
Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó
parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la
aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó
la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad
transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo,
doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América
Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no
resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede
desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema
adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el
transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera
tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance
tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el
avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo
del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y
consumidores acerca de qué cultivar y consumir”. // tomado de pagina 12 de ar
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