Consolidados los resultados que dan la victoria a Gana Perú y por tanto confirman a Ollanta Humala como el nuevo Presidente electo del País, se nos plantea en esta nueva coyuntura la posibilidad de proponer algunos aportes sobre lo que debiera incluir una nueva gestión ambiental en el futuro gobierno a partir del 28 de Julio.
En relación a nuestras Áreas Naturales Protegidas, es necesario mejorar y transparentar su gestión, consolidando y mejorando las experiencias de contratos de administración; poniendo en general un mayor énfasis a la cogestión local y promover la gestión regional y local de las áreas de protección de estos niveles de gobierno.
En ambos casos relacionados con los bosques del país, es fundamental renovar las autoridades que han tenido a su cargo por largos años estas responsabilidades y que el balance final de su gestión resulta insuficiente para lo que el Perú ha requerido, en especial en el sector forestal, donde la corrupción y la Tala ilegal ha sido una constante que no ha sido resuelta.
Por Sandro Chavez
Tomado de Cuarto Ambiente de Peru
Respecto a la Institucionalidad Ambiental, existe la necesidad de fortalecer al MINAN tanto en peso político y como un mayor presupuesto para su mejor desempeño, así como reforzar su autoridad en los aspectos de fiscalización (OEFA) sin excepciones. Así mismo apoyar y consolidar las autoridades regionales y locales ambientales a fin de concretar un soporte adecuado al Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Por el lado del Congreso existe la necesidad de restituir la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de la República, (curiosamente eliminado en este último lustro donde han abundado los conflictos socioambientales), a fin de mejorar la generación de normas especializadas y cumplir un rol más eficiente en la fiscalización que hasta ahora ha sido muy débil.
Como parte de una gestión inclusiva en materia Ambiental, será fundamental que se ratifique la Ley de Consulta previa indígena aprobada el 19 de Mayo del 2010, que el Congreso que se va ha postergado deliberadamente.
Según el Reporte Nº 87 de la Defensoría del Pueblo existen 227 conflictos sociales de los cuales los conflictos socioambientales ocupan el 51,5% (117 casos), en su gran mayoría referidos a temas territoriales, en esa medida, el país necesita urgentemente una Ley General de Ordenamiento Territorial que armonice la integración y descentralización de las políticas sectoriales en el territorio, incluyendo la gestión de las ciudades.
En materia de Bosques, se necesario elaborar y aprobar una Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre, así como reubicar la Autoridad Nacional Forestal del MINAG al MINAM para una mejor gestión de los mismos, en armonía con la actual Política Nacional Ambiental, dada su incompatibilidad de estar en un Ministerio que tiene como misión ampliar la frontera agrícola y que de hecho lo ha venido haciendo a costa de los Bosques que se supone debería haber protegido y administrado sosteniblemente.En relación a nuestras Áreas Naturales Protegidas, es necesario mejorar y transparentar su gestión, consolidando y mejorando las experiencias de contratos de administración; poniendo en general un mayor énfasis a la cogestión local y promover la gestión regional y local de las áreas de protección de estos niveles de gobierno.
En ambos casos relacionados con los bosques del país, es fundamental renovar las autoridades que han tenido a su cargo por largos años estas responsabilidades y que el balance final de su gestión resulta insuficiente para lo que el Perú ha requerido, en especial en el sector forestal, donde la corrupción y la Tala ilegal ha sido una constante que no ha sido resuelta.
Promover la conservación y manejo sostenible de nuestra diversidad biológica, priorizando y revalorando los conocimientos locales en la conservación in situ, con un enfoque ecosistémico y de énfasis en la preservación de nuestra riqueza genética
Finalmente respecto al Cambio Climático, será necesario como lo indica el Plan de Gobierno de Gana Perú, “identificar de manera urgente y precisa las poblaciones que presenten el mayor grado de vulnerabilidad al impacto del cambio climático y diseñar las medidas de adaptación más adecuadas para mitigar los efectos aumentando la resiliencia (o capacidad de respuesta frente a situaciones de adversas o de crisis) de las poblaciones”.
Para todo esto, será muy importante que las nuevas autoridades ambientales abran las puertas del Ministerio a las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil para que a través del diálogo y de manera participativa se generen sinergias para avanzar en la construcción de una gestión ambiental inclusiva y transparente, atendiendo de esta manera las urgentes demandas locales y regionales que en los últimos años has estado postergadas por la falta de voluntad política de un Gobierno que felizmente se retira muy pronto.Tomado de Cuarto Ambiente de Peru
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