La
Justicia amplió la imputación a otras 6 personas, 5 de ellas ingenieros
agrónomos. La figura es "contaminación ambiental dolosa" y
"contaminación dolosa continuada".
La
pena prevista para estos delitos es de 3 a 10 años y puede elevarse de 10 a 25
años si a consecuencia de la aplicación de los plaguicidas se hubiese producido
la muerte de una persona
En
esta causa histórica iniciada a partir de las presentaciones judiciales de
FUNAM se analiza -por primera vez- la posible relación entre aplicación de
plaguicidas y daños a la salud.
El
Dr. Raúl Montenegro, querellante en la causa junto a 35 vecinos de barrio
Ituzaingó Anexo, indicó que esta nueva instancia judicial "ya avanzó en la
imputación de profesionales ingenieros agrónomos. Esperemos que el brazo de la
ley también alcance a los funcionarios públicos que no controlan y que permiten
este genocidio silencioso". La querella de FUNAM y de los vecinos es
patrocinada por el Dr. Carlos Raúl Nayi.
Córdoba
(Argentina), 29 de noviembre de 2012.- La Fundación para la defensa del
ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, confirmó
que la Justicia Provincial amplió las imputaciones en la llamada "causa
madre" por aplicación de plaguicidas en barrio Ituzaingó Anexo. La causa,
que está radicada en la Fiscalía de Carlos Matheu, ya había imputado a un
aeroaplicador y a dos productores (los mismos del juicio recientemente
concluido en Tribunales 2).
De
las 6 personas imputadas 5 son ingenieros agrónomos. La figura penal es
"contaminación ambiental dolosa" y "contaminación dolosa
continuada". La pena prevista para estos delitos es de 3 a 10 años y puede
elevarse de 10 a 25 años si a consecuencia de la aplicación de los plaguicidas
se hubiese producido la muerte de una persona
La
causa –actualmente llamada "causa madre de barrio Ituzaingó Anexo" se
inició a partir de las presentaciones judiciales efectuadas por FUNAM en el año
2002. Son querellantes el Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación, y 35
vecinos de barrio Ituzaingó Anexo.
Montenegro
indicó que esta causa es histórica "pues por primera vez se analizará la
posible relación entre aplicación de plaguicidas y daños a la salud en personas
expuestas". Indicó que datos generales correspondientes a las zonas
afectadas "muestran una importante cantidad de casos de cáncer y otras
enfermedades".
Tanto
la querella de FUNAM como la de 35 vecinos de barrio Ituzaingó Anexo es llevada
adelante por el Abogado Carlos Raúl Nayi.
Nayi
indicó que la causa se tramita "en la Fiscalía de Instrucción Distrito 3
Turno 6 a cargo del Fiscal Carlos Matheu". Agregó que la actuaciones
"ya tenían como imputados a dos productores rurales, Francisco Parra y
Jorge Eduardo Gabrielli, y a un aeroaplicador, Edgardo Pancello. El Fiscal
acaba de ampliar la imputación originaria en contra de Francisco Rafael Parra,
Fernando Ramón Amuchástegui y Javier Eduardo Amuchástegui, quienes habrían
participado en el carácter de coautores en la comisión del delito de
Contaminación Ambiental Dolosa Continuada, mientras que Gustavo Alejandro
Peralta y Ernesto Mariano Freyer habrían participado en carácter de coautores
en la comisión del delito de Contaminación Ambiental Dolosa Reiterada -dos
hechos en concurso real- y de Edgardo José Pancello, quién habría participado en
carácter de coautor del delito de Contaminación Ambiental Dolosa Continuada y
Contaminación Ambiental Dolosa, dos hechos en concurso real. Finalmente, la
imputación también alcanza a Marcelo Bolatti, quien habría participado en
carácter de coautor del delito de Contaminación Ambiental Dolosa. Se aplica el
Artículo 55 de la ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y los Artículos
45 y 55 del Código Penal. Es decir que a más de los imputados originarios, el
Ministerio Público ha sumado a la imputación cinco ingenieros agrónomos".
El
Dr. Raúl Montenegro sostuvo que "hubo una ampliación geográfica del caso,
pues se sumaron a la causa los casos de aplicación de plaguicidas registrados
en las zonas de Capilla de los Remedios y Los Cedros".
Montenegro,
querellante en la causa junto a 35 vecinos de barrio Ituzaingó Anexo, agregó
que esta nueva instancia judicial "ya avanzó en la imputación de
profesionales ingenieros agrónomos. Esperemos que el brazo de la ley también
alcance a los funcionarios públicos que no controlan y que permiten este
genocidio silencioso".
"En
Argentina la aplicación irracional y descontrolada de plaguicidas está
generando un genocidio silencioso, no solamente en barrios periurbanos
afectados directamente, sino también entre la población alejada de zonas
agrícolas, pues los plaguicidas y sus residuos también llegan a través de los
alimentos, el agua y los suelos contaminados. Actúa además la transferencia
madre-hijo de plaguicidas durante la gestación –vía la placenta- y durante la
lactancia. De este modo los plaguicidas clorados a los cuales estuvieron
expuestas las abuelas y las madres pasan en parte a sus hijos", enfatizó.
"Pero
no actúan solamente plaguicidas actuales, sino los residuos aún activos de
plaguicidas antiguos que siguen presentes en campos, suelo de jardines,
sedimentos de ríos y hasta en las propias personas. En Argentina la
contaminación por plaguicidas tiene piedra libre", indicó Montenegro.
"Lamentablemente la legislación y los ingenieros agrónomos solo pueden
protegernos de las dosis letales, no de las pequeñas dosis que afectan por
ejemplo el sistema hormonal y nuestro sistema defensivo. Esta contaminación
insidiosa puede desencadenar luego un
amplio espectro de enfermedades" agregó.
Enviado
por funam
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