10 motivos para luchar contra el
proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina
Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro
de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto
de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones
públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las
exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores
familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado
interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad;
sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un
patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio
inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y
diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas
políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de
vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de
investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas
concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales,
expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas
nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información
-fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las
formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta
principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al
permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además
ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y
privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El
proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y
de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de
obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies
vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en
propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer
un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas
relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que
cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al
considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada
ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.
3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en
vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar,
obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la
cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y
agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos
Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y
riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy
prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades
campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las
semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy
sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de
patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido
contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean
confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de
Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de
nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre
variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple
expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar
propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya
existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la
diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de
las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar
transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar
una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de
mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de
cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras
transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades
vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad
industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema
de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a
nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes
para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento
genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los
procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los
procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores
produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las
empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las
semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en
particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico
del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos,
quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta
situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas
se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja
en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen
adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado
verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos
no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas
fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el
control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados
por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes
sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la
destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya
a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley
facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los
demandados.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y
sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la
participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el
borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la
sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características
afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a
los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el
Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado
(no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir
las puertas al debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con
la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal
beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto
tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De
hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo
desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad
jurídica” para introducir nuevos transgénicos.
Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente
contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un
carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y
alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía
alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para
las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el
camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.
•FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
•POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS ¡NO a
la privatización de las semillas en Argentina! Firmá la Declaración
Organizaciones firmantes:
- Movimiento Nacional Campesino Indígena
- CLOC - Vía Campesina Argentina
- GRAIN
- Amigos de la Tierra
- Acción por la Biodiversidad
- RENACE
Contacto:
Carlos Vicente 1563088809
Nota: hay que darse cuenta, los progresistas de esta administración ya
arreglaron con Monsanto a través de Moreno
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