Informe: Corrupción,
detenciones y rezago profundizan crisis judicial
Las iniciativas de los judiciales están supedidatos a
reformas de largo alcance
La corrupción en los sistemas judicial y penitenciario, y
operadores de justicia contaminados con la red de extorsión descubierta, el
rezago judicial, además de la práctica de anteponer la detención preventiva de
personas, siendo ésta la excepción, configuran la profundización de la crisis
en el Órgano Judicial, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Bolivia.
El informe de la gestión 2012 presentado ayer en Sucre por el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, estuvo dirigido a los miembros del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y operadores de justicia, sin embargo, pocas autoridades y funcionarios asistieron al acto.
La corrupción en el sistema penitenciario se agudizó con los mayores índices de hacinamiento y la organización interna de los reclusos está confiada a ellos mismos lo que genera abusos.
Racicot, manifestó que el 2012 las autoridades electas del Órgano Judicial y del TCP encaminaron acciones relacionadas con la independencia judicial, lucha contra la corrupción, transparencia institucional, acceso a la justicia y retardación para enfrentar la crisis judicial. Sin embargo, el impacto de tales medidas quedó supeditado a la implementación de reformas de largo alcance.
Señaló que el acceso a la justicia continúa tropezando con limitaciones, según los datos del Consejo de la Magistratura no se incrementó el número de jueces ni la cobertura geográfica con relación al 2011.
Frente a la mora judicial, si bien el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional implementaron planes internos para acelerar las resoluciones, no cuentan con políticas nacionales para una efectiva reducción de la mora procesal que sólo en materia penal alcanza al 71%.
Aseguró que continúan las suspensiones de audiencias por la ausencia de alguna de las partes o de operadores de justicia y un 17% de las audiencias cautelares se realizan sin presencia del fiscal.
Prevalecen las detenciones preventivas prolongadas cuando esa medida cautelar debe ser una excepción y no una regla dentro de un proceso, según dijo.
En la mayoría de los casos, señala el informe, los fiscales no fundamentan el pedido de las medidas cautelares y los jueces tampoco cumplen efectivamente su función de control jurisdiccional.
La constitución de tribunales de justicia con jueces ciudadanos sigue siendo un problema, a eso se suman las constantes recusaciones y actos de corrupción.
Respecto al Ministerio Público, Racicot dijo que desde hace varios años se irrumpió el proceso de institucionalización del sistema de carrera fiscal y urge una reglamentación para evitar descubrimientos de actos de extorsión.
El informe destacó el presupuesto del TCP que debe repetirse con las instituciones del Órgano Judicial.
El informe de la gestión 2012 presentado ayer en Sucre por el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, estuvo dirigido a los miembros del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y operadores de justicia, sin embargo, pocas autoridades y funcionarios asistieron al acto.
La corrupción en el sistema penitenciario se agudizó con los mayores índices de hacinamiento y la organización interna de los reclusos está confiada a ellos mismos lo que genera abusos.
Racicot, manifestó que el 2012 las autoridades electas del Órgano Judicial y del TCP encaminaron acciones relacionadas con la independencia judicial, lucha contra la corrupción, transparencia institucional, acceso a la justicia y retardación para enfrentar la crisis judicial. Sin embargo, el impacto de tales medidas quedó supeditado a la implementación de reformas de largo alcance.
Señaló que el acceso a la justicia continúa tropezando con limitaciones, según los datos del Consejo de la Magistratura no se incrementó el número de jueces ni la cobertura geográfica con relación al 2011.
Frente a la mora judicial, si bien el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional implementaron planes internos para acelerar las resoluciones, no cuentan con políticas nacionales para una efectiva reducción de la mora procesal que sólo en materia penal alcanza al 71%.
Aseguró que continúan las suspensiones de audiencias por la ausencia de alguna de las partes o de operadores de justicia y un 17% de las audiencias cautelares se realizan sin presencia del fiscal.
Prevalecen las detenciones preventivas prolongadas cuando esa medida cautelar debe ser una excepción y no una regla dentro de un proceso, según dijo.
En la mayoría de los casos, señala el informe, los fiscales no fundamentan el pedido de las medidas cautelares y los jueces tampoco cumplen efectivamente su función de control jurisdiccional.
La constitución de tribunales de justicia con jueces ciudadanos sigue siendo un problema, a eso se suman las constantes recusaciones y actos de corrupción.
Respecto al Ministerio Público, Racicot dijo que desde hace varios años se irrumpió el proceso de institucionalización del sistema de carrera fiscal y urge una reglamentación para evitar descubrimientos de actos de extorsión.
El informe destacó el presupuesto del TCP que debe repetirse con las instituciones del Órgano Judicial.
Recomendaciones
La ONU recomienda que el Estado garantice recursos a todos
las instituciones del Órgano Judicial. Sugirió también la aprobación del
reglamento que defina el mecanismo de nombramiento de jueces, vocales y la
incorporación de los actuales juzgadores que son parte de la carrera judicial.
Tomado de corro del sur de Bolivia
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