Caravana de la Muerte: Hallazgo de rieles revive
práctica sistemática de la dictadura
Oriana Miranda
Al menos cinco
rieles habrían sido encontrados en las costas de Caldera, presumiblemente
utilizados para hundir cuerpos de detenidos desaparecidos en el mar durante la
dictadura. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, valoró el hecho de "que cada cierto tiempo nos
enfrentemos a este cuentagotas de la verdad, que nunca es la verdad
total", responsabilizando a las Fuerzas Armadas y su "pacto de
silencio" por la impunidad que protege hasta el día de hoy a los asesinos.
El 9 de
septiembre de 1976, el cuerpo de Marta Ugarte fue encontrado a la orilla de la
playa La Ballena en Los Molles. La profesora, modista e integrante del Comité
Central del Partido Comunista había sido detenida un mes antes por agentes de
la DINA, para luego ser interrogada y torturada en Villa Grimaldi.
El hallazgo de su
fracturado cuerpo semidesnudo, dentro de un saco amarrado a su cuello con un
alambre, reveló una práctica sistemática de la dictadura que, pese a los
esfuerzos de calificar como un “crimen pasional”, la prensa de la época no pudo
ocultar.
El lanzamiento al
mar de los cuerpos de detenidos desaparecidos fue llevado a cabo con frecuencia
por agentes de la dictadura, con el objetivo de asegurarse de que los restos
jamás serían encontrados.
El de Marta
Ugarte es el único cuerpo de un ejecutado político de la dictadura que ha
emergido del mar. No obstante, numerosos otros indicios siguen recordándonos
esta práctica, a pocos meses de cumplirse 40 años del Golpe Militar.
Este miércoles,
en las costas de Caldera, habrían sido encontrados cerca de cinco rieles
utilizados para lanzar al mar cuerpos de detenidos desaparecidos enterrados en
fosas comunes en el desierto de Atacama, como consecuencia de la operación de
exterminio conocida como Caravana de la Muerte, comandada por el General Sergio
Arellano Stark.
Este hallazgo
habría sido posible debido a la confesión de un ex uniformado justo antes de
morir.
Para la abogada
querellante del caso Caravana de la Muerte, Carmen Hertz, “podría ser
perfectamente posible que fueran esos rieles los que se ataron a los cuerpos de
nuestros familiares”. No obstante, “el hecho mismo del desentierro y del lanzamiento
al mar de sus cuerpos está acreditado por decenas de declaraciones en esa causa
hace ya bastante tiempo”.
“El año 74 se
ordenó el desentierro desde la fosa clandestina donde habían sido enterradas
las 26 víctimas masacradas, porque sus familiares estaban cerca de encontrarla.
Esto está acreditado por declaraciones de muchos de los funcionarios del
ejército que participaron en ese desentierro, en el traslado en helicóptero y
el lanzamiento al mar”, explica.
Para Lorena
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(AFDD), es “vital que cada cierto tiempo nos enfrentemos a este cuentagotas de
la verdad, que nunca es la verdad total. Yo no sé la confesión que hizo el
genocida y violador de derechos humanos que murió, pero yo espero que si esa
culpa era real haya dicho el nombre de las víctimas que fueron lanzadas al mar,
frente a las costas de Caldera, así como los nombres de quienes lo planificaron
y lo ejecutaron, porque si no es nada más ni menos que un nuevo acto de cobardía”.
Además, destaca
que “las confesiones de este uniformado son el reflejo de algo que nuestra
organización ha señalado siempre: que al interior de las Fuerzas Armadas existe
la información y lo que ocurre es que ellos tienen un pacto de silencio y hablan
cuando quieren, dicen lo que quieren y hasta donde quieren. Pero ellos tienen
toda la información tanto de qué ocurrió con nuestros familiares desaparecidos
así como de quienes participaron en estos crímenes. Y a 40 años del Golpe
resulta inaceptable que la verdad y la justicia sean una tarea pendiente en
Chile”.
En ese sentido,
el abogado Roberto Garretón, Consejero del Instituto Nacional de Derechos
Humanos, precisa que los uniformados y civiles que participaron de los
asesinatos lo hicieron confiados en que sus crímenes permanecerían en la
impunidad.
Sin embargo, “30
y tantos años después aparece un juez Garzón y con ello los jueces chilenos se
sienten habilitados para poder también investigar y eso no estaba en el momento
del crimen. El militar actuó convencido de que nunca lo iban a sorprender, pero
las cosas pasaron distinto y se les ha sorprendido. También pensaron que
tirando los cuerpos al mar, atados a rieles, nunca iban a ser encontrados.
Bueno, resulta que se están encontrando”, afirma.
El abogado
explica que en toda violación a los derechos humanos de este tipo operan tres
componentes: el asesinato, la mentira o negación del mismo y la cobardía, al
actuar siempre en superioridad numérica y sin darle a la víctima la posibilidad
de defenderse.
Lorena Pizarro
coincide en este punto y agrega que “es tan brutal lo que se ha conocido
respecto a cómo actuaban los aparatos represivos, que hay testimonios que
hablan de que se abrían sus estómagos con corvos estando vivos, para lanzarlos
moribundos al mar. Esto es una práctica de la dictadura. Por eso mencioné que
resulta doloroso que sea un cuentagotas, que poco a poco nos va revelando la
totalidad”.
El caso Caravana
de la Muerte lleva quince años siendo investigado por la justicia chilena, por
lo que la abogada Carmen Hertz solicitó al Pleno de la Corte Suprema el cierre
del sumario y la lectura de sentencias contra la decena de militares en retiro
procesados por homicidio y secuestro calificado
TOMADO DE UCHILE
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