Denuncian falta de transparencia en proceso para definir posición de Chile en Conferencia Río+20
Organizaciones denuncian que el proceso realizado por el gobierno sólo consultó a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil que representan parcialmente al sector
En conferencia de prensa organizaciones que forman parte de la Plataforma Social y Ambiental hacia Río+20 – Chile dieron a conocer a la opinión pública el documento, obtenido mediante ley de transparencia, que contiene la posición que adoptará el país en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20.
Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, el proceso llevado adelante por el gobierno, viola abiertamente el Principio n°10 de la Cumbre de Río, el de la participación. “Que no se tome en consideración la opinión ciudadana, a dos décadas de este proceso trascendental, es claramente deficitario y un error. Acá no hay un proceso, no se convocó un proceso de consulta. Estos encuentros no gozan de la legitimidad que deben tener ante la comunidad internacional, pues ha sido constituido solo con la posición del gobierno y algunos actores convocados por él”, afirmó.
Miguel Santibáñez, miembro del directorio de Acción –asociación gremial que agrupa a más de 70 organizaciones a nivel nacional-, agrega a estos problemas de participación y transparencia, la falta de relevancia que ha dado el gobierno al proceso de Río+20. “Nos llama la atención que no se haya transformado en debate nacional, más aún en un país con tantos conflictos ambientales y poblaciones vulneradas en sus derechos, con ausencia de salvaguarda social y ambiental”, señaló, destacando a su vez la necesidad de “develar el uso de esta mercantilización (la “economía verde”) de la naturaleza como una nueva frontera de desarrollo capitalista y de poner de relevancia las soluciones de los pueblos, las propuestas de la gente y de las organizaciones. Tenemos pocas expectativas tanto del plan de acción de gobierno como del de Naciones Unidas, pensamos que la respuesta llegará de los pueblos”, aseguró.
Por su parte Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas, destacó que “20 años después (de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro) el panorama planetario es absolutamente sombrío. La economía verde, es un negocio verde. Una especie de estertor por fortalecer el capitalismo salvaje y poder de las corporaciones, con la misma mirada y gestión. Necesitamos un cambio muy profundo de modelo. Lo que necesitamos es restaurar, revitalizar, la naturaleza”, sostiene.
En la misma línea Eduardo Giessen, miembro del Colectivo Viento Sur, atribuye este grave deterioro ambiental a los “atropellos de los gobiernos neoliberales que desde hace décadas nos gobiernan y los modelos que aplican. Pretender que con más crecimiento económico se logrará mayor justicia social y ambiental, es absurdo, por el contrario, y con la economía verde sigue postulándose el desarrollo sustentable desde una perspectiva de desarrollo económico”, concluyó.
Frente a la voracidad del modelo extractivo y de generación de energía, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, recordó que “junto a la participación prevista en el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, se debe reconocer también el derecho a la consulta previa, libre e informada que poseen los pueblos indígenas frente a situaciones que les afectan, como recientemente lo ratificó la Corte Suprema al paralizar el proyecto minero El Morro”. La comunicadora llamó también la atención sobre “uno de los principales efectos de los cambios que experimenta el clima y la creciente degradación ambiental, como es el desplazamiento forzado de personas, que actualmente oscila en las 300 millones y va en expansión; sin políticas públicas, con militarización de fronteras y criminalización, sin protección a sus derechos”.
Finalmente Juan Carlos Cárdenas, representante de Ecocéanos, se refirió a los impactos de la llamada Ley Longueira de privatización pesquera. “En esta propuesta se esconde la privatización de este sector, mediante cuotas individuales transferible y transnacionalización. Se quiere eliminar el término pesca artesanal con este proyecto, y pasar a la fase especulativa y de acuicuiltura. Este mismo modelo, se está replicando ahora en Aysén y Magallanes. Sin que se detenga esta destrucción de nuestro mar y recursos, tras 30 años de un severo proceso de sobreexplotación”, denunció.
Tomado de ACCION
Enviado sugerido en Boletín GAL
Organizaciones denuncian que el proceso realizado por el gobierno sólo consultó a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil que representan parcialmente al sector
En conferencia de prensa organizaciones que forman parte de la Plataforma Social y Ambiental hacia Río+20 – Chile dieron a conocer a la opinión pública el documento, obtenido mediante ley de transparencia, que contiene la posición que adoptará el país en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20.
Miguel Santibáñez, miembro del directorio de Acción –asociación gremial que agrupa a más de 70 organizaciones a nivel nacional-, agrega a estos problemas de participación y transparencia, la falta de relevancia que ha dado el gobierno al proceso de Río+20. “Nos llama la atención que no se haya transformado en debate nacional, más aún en un país con tantos conflictos ambientales y poblaciones vulneradas en sus derechos, con ausencia de salvaguarda social y ambiental”, señaló, destacando a su vez la necesidad de “develar el uso de esta mercantilización (la “economía verde”) de la naturaleza como una nueva frontera de desarrollo capitalista y de poner de relevancia las soluciones de los pueblos, las propuestas de la gente y de las organizaciones. Tenemos pocas expectativas tanto del plan de acción de gobierno como del de Naciones Unidas, pensamos que la respuesta llegará de los pueblos”, aseguró.
Por su parte Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas, destacó que “20 años después (de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro) el panorama planetario es absolutamente sombrío. La economía verde, es un negocio verde. Una especie de estertor por fortalecer el capitalismo salvaje y poder de las corporaciones, con la misma mirada y gestión. Necesitamos un cambio muy profundo de modelo. Lo que necesitamos es restaurar, revitalizar, la naturaleza”, sostiene.
En la misma línea Eduardo Giessen, miembro del Colectivo Viento Sur, atribuye este grave deterioro ambiental a los “atropellos de los gobiernos neoliberales que desde hace décadas nos gobiernan y los modelos que aplican. Pretender que con más crecimiento económico se logrará mayor justicia social y ambiental, es absurdo, por el contrario, y con la economía verde sigue postulándose el desarrollo sustentable desde una perspectiva de desarrollo económico”, concluyó.
Frente a la voracidad del modelo extractivo y de generación de energía, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, recordó que “junto a la participación prevista en el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, se debe reconocer también el derecho a la consulta previa, libre e informada que poseen los pueblos indígenas frente a situaciones que les afectan, como recientemente lo ratificó la Corte Suprema al paralizar el proyecto minero El Morro”. La comunicadora llamó también la atención sobre “uno de los principales efectos de los cambios que experimenta el clima y la creciente degradación ambiental, como es el desplazamiento forzado de personas, que actualmente oscila en las 300 millones y va en expansión; sin políticas públicas, con militarización de fronteras y criminalización, sin protección a sus derechos”.
Finalmente Juan Carlos Cárdenas, representante de Ecocéanos, se refirió a los impactos de la llamada Ley Longueira de privatización pesquera. “En esta propuesta se esconde la privatización de este sector, mediante cuotas individuales transferible y transnacionalización. Se quiere eliminar el término pesca artesanal con este proyecto, y pasar a la fase especulativa y de acuicuiltura. Este mismo modelo, se está replicando ahora en Aysén y Magallanes. Sin que se detenga esta destrucción de nuestro mar y recursos, tras 30 años de un severo proceso de sobreexplotación”, denunció.
Tomado de ACCION
Enviado sugerido en Boletín GAL
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