Grave crisis en Córdoba:
Secretaría de Ambiente autorizó ilegalmente a Monsanto y
otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente
El Secretario de Ambiente Luís Federico Bocco y su
antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia.
La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el
patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la
Fiscalía del Distrito II Turno 3°
Fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM
sobre un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria
(CTI), encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental.
La CTI, además de no estar integrada como lo establece la
ley, incluía a contratados y personal sin suficiente experiencia profesional.
Venía actuando como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados
por el gobierno "no sufrieran tropiezos"
El Dr. Raúl Montenegro destacó que en el caso de Monsanto
"su aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino
que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que
estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de
maíz transgénico más grande del mundo".
Próximamente FUNAM y grupos de vecinos afectados por las
decisiones ilegales de la CTI harán presentaciones administrativas para pedir
la nulidad de sus aprobaciones. FUNAM también ampliará la denuncia presentada
contra el Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco
Córdoba (Argentina), 15 de octubre de 2013. La
Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo
en Naciones Unidas, denunció a nivel nacional e internacional que la Secretaría
de Ambiente del gobierno de José Manuel de la Sota (Córdoba, Argentina)
"aprobó ilegalmente la construcción de una planta de Monsanto en la ciudad
de Malvinas Argentinas y otros emprendimientos que dañan el ambiente y la
salud".
El Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco y su antecesor
Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia Provincial de
Córdoba. La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio
letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la Fiscalía del Distrito II
Turno 3° a cargo del Dr. Pedro Caballero. Estimaban que esta semana la denuncia
se giraría al Fuero Penal Económico, un área de la justicia con escasos
antecedentes de haber imputado a funcionarios del actual gobierno provincial.
La presentación fue el resultado de una investigación
realizada por FUNAM sobre las autorizaciones que ha venido concediendo un
organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI),
encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental que presenta el propio
gobierno para sus obras y las corporaciones privadas. "Originalmente la
CTI estaba integrada con representantes designados por los distintos
ministerios y organismos descentralizados del gobierno provincial, ello
conforme a las Leyes Provinciales 8789 y 9156. De este modo se aseguraba un
funcionamiento más plural y participativo. Pero a partir del año 2008, durante
las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue
drásticamente cambiada en abierta violación a la ley. Desde entonces la CTI se
integra solamente con personal de planta y contratados, en muchos casos sin
suficiente experiencia profesional. Vino actuando así como una escribanía
ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no sufrantropiezos",
sostuvo el Dr. Raúl Montenegro.
Las irregularidades tomaron estado público a través del
programa de televisión ADN conducido por Tomás Mendez, en el cual FUNAM
presentó los resultados de su investigación (Canal 10, Servicios de Radio y
Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, 9 de octubre de 2013). Este
programa ya había mostrado casos de corrupción en el área de Auditorías
Ambientales de la Secretaría de Ambiente.
Ver el programa de ADN sobre Monsanto en:
http://www.adncba.com/el-negocio-ilegal-de-monsanto-en-cordoba/
Entre los casos "más sorprendentes de
autorización" Montenegro resaltó el de Monsanto "pues al aviso de
proyecto lo aprobó una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro
miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el
proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz transgénico más
grande del mundo. Ninguno de ellos manejaba temas claves como salud o
sociales".
Para FUNAM "la integración de personal laboralmente
precarizado a la CTI debió facilitar la aprobación de casos que necesitaban
tratamiento rápido y sin obstáculos. Cabría preguntarse sin embargo por qué
solamente cuatro personas firmaron la autorización de Monsanto, pese a los
pésimos antecedentes de la empresa y a la visibilidad pública que tendría su
dictamen. Solo una larga lista de actos irregulares e impunidad pueden
explicarlo".
En la presentación judicial hecha el 10 de octubre pasado
"también solicitamos que se investiguen otros casos", recalcó
Montenegro, y pasó a describir algunos de ellos.
Proyecto inmobiliario en Villa Candonga
"El 'Proyecto Inmobiliario de Villa Candonga' que
presentó la empresa Ticupil S.A. (2010) fue aprobado por la CTI pese a hallarse
ubicado en zona roja de bosque nativo, donde no puede haber desmonte. Peor aún,
ni siquiera tuvo en cuenta la afectación de la Capilla Histórica de Candonga y
la grave crisis hídrica".
Planta de tratamiento y vertedero de residuos en
Calamuchita
"Otro caso emblemático, indicó Montenegro, es el
'Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Vertedero
Controlado de Calamuchita. En este caso la CTI aprobó el vertedero pese a que
un dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario consideró que el sitio no era
apto por ser inundable. Ignoró además la resolución 84/2010 de la Defensoría
del Pueblo de la Nación cuyo Artículo 1° dice: 'Exhortar a la Secretaría de
Ambiente de la provincia de Córdoba a establecer un nuevo emplazamiento de la
'Planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos
sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba'.
Irónicamente, este vertedero fue financiado por el gobierno de la provincia de
Córdoba con fondos procedentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y
Calamuchita –este año- fue una de las zonas que más sufrió los incendios
forestales".
Planta de Transformación Eléctrica de Carlos Paz
"En el caso de la 'Planta de Transformación Eléctrica
de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en San Antonio de
Arredondo', contiguo a Villa Carlos Paz, la CTI aprobó el proyecto pese a que
EPEC le introdujo, con posterioridad, importantes modificaciones que hacen caer
automáticamente su autorización. Aún así la obra prosiguió sin que actuara la
Secretaría de Ambiente".
Una ilegalidad que aceleraba la realización de obras y
proyectos apoyados por el gobierno
El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi,
indicó: "hemos puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Instrucción los
hechos que se habrían cometido en el seno de la Secretaría de Ambiente,
precisamente por su titular, Luis Federico Bocco y su predecesor Raúl Costa,
quienes habrían dictado resoluciones contrarias la ley que rige el funcionamiento
de esa secretaría, en particular la norma que instituye la conformación de la
Comisión Técnica Interdisciplinaria para la evaluación de impacto ambiental.
Esta comisión, que dictamina para que el Secretario de Ambiente autorice -o no-
un aviso de proyecto, debe integrarse con los representantes de los
ministerios, por organismos dependientes del Poder Ejecutivo y entes
autárquicos, pero en el caso de la autorización de la planta de Monsanto, y en
muchas otras causas, esa Comisión Técnica Interdisciplinaria se integró sólo
con empleados de la misma Secretaría de Ambiente. Resulta flagrante el
funcionamiento al margen de la ley con el claro propósito de que
emprendimientos de gran envergadura se puedan llevar adelante sorteando todo
tipo de control o exigencia".
Montenegro por su parte indicó que "este procedimiento
irregular e ilegal facilitó indudablemente la aprobación rápida de proyectos
que deberían haber sido analizados de acuerdo a la ley y con la máxima
capacidad profesional. Nuestra presentación es apenas la punta de un ovillo a
investigar. Está claro que acontecimientos clave, como los Rally Dakar, también
fueron aprobados con el mismo procedimiento ilegal y sesgado".
Pedidos de nulidad en cadena
El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi,
adelantó que el próximo paso "es hacer presentaciones administrativas para
lograr la anulación de las aprobaciones concedidas a Monsanto y otros
emprendimientos". También indicó que "las comunidades afectadas por
malas actuaciones de la CTI irán haciendo sus propios planteos judiciales y
administrativos. Esto se irá concretando en las semanas venideras".
FUNAM informó que había obtenido "nuevos elementos de
prueba contra la Secretaría de Ambiente" y que serán presentados al
Tribunal "que finalmente tenga a su cargo la causa".
Federico Macciocchi y Raúl Montenegro coincidieron en indicar
que el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, es una
herramienta administrativa indispensable para proteger la salud de las personas
y el ambiente antes de que se inicien obras, pero que lo sucedido en la
Secretaría de Ambiente "no solo aumenta el descrédito del Estado
provincial, sino que deja desprotegida a la sociedad frente a los caprichos de
los gobernantes y el poder económico de las grandes corporaciones". Tomado
de envio de funam
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