Expertos recomiendan
estudios de impacto de las represas brasileñas
Por Sandra Arias Lazcano - Inundaciones dejaron a miles de
cabezas de ganado bajo el agua, en Beni. - Afp Agencia
Elaborar un sistema de monitoreo, una línea de base y
desarrollar estudios complementarios de impacto ambiental en la región oriental
del país son las líneas de acción recomendadas por los investigadores Jorge
Molina y Sarela Paz para verificar si hubo o no daño en la región amazónica a
causa de las represas brasileñas San Antonio y Jirau. La evidencia sustentará
el reclamo del Gobierno.
Estudios realizados en el país hace más de seis años,
advirtieron que mayores niveles de inundación o afectación a peces migratorios
serían parte del impacto ambiental que podrían causar la represas brasileñas de
San Antonio y Jirau en el norte amazónico de Bolivia; sin embargo, y a pesar de
que conocía los posibles efectos, el Gobierno cuestionó débilmente los
proyectos y les dio luz verde, según lo demuestra el desarrollo de los hechos.
Paz señala que, ante el desastre ocurrido en Beni por causa
de las inundaciones y puesto que las represas brasileñas ya están construidas,
“lo que corresponde ahora es desarrollar estudios de impacto ambiental, que
sean serios, para medir cuál es la afectación de esas represas sobre el territorio
boliviano en las condiciones en que fueron aceptadas”.
Afirmó que desconoce que exista un estudio concreto que mida
con claridad el impacto y que sólo hay aproximaciones”.
Molina, investigador del Instituto de Hidrología de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), añadió que “hace unos seis años se
hicieron estudios en algunos campos como la hidráulica, la hidrología o sobre
los peces, para ver si habría impacto. Lo que se encontró es que sí iba a haber
impacto, se transcribió y publicó”, e inclusive el Gobierno gestionó reuniones
con técnicos brasileños para manifestar su preocupación; pero, dijo, Brasil
“nunca pudo justificar técnicamente sus represas”.
Molina se refiere al proceso binacional de consultas con
varias reuniones y encuentros presidenciales, ministeriales y técnicos, que se
llevó a cabo desde noviembre de 2006, un mes después de que el canciller David
Choquehuanca enviara una carta a su homólogo brasileño expresando los temores
del Gobierno por el daño ambiental. Sin embargo, el proceso no avanzó en la
línea sugerida por Bolivia y, en 2011, el primer secretario de la embajada de
Brasil en Bolivia, Ruy Ciarlini, dijo a Reuters que tenían “datos científicos”
que mostraban que “no existe ningún riesgo”.
Molina afirmó que, ahora, lo que hay es un proyecto ya
ejecutado y en funcionamiento sin haber tomado en cuenta las observaciones del
país. “El país ya no tiene la alternativa que tenía en 2008 de oponerse o
incluso de acudir a un tribunal internacional para frenarlo. En este momento ya
tenemos impacto, pero lo que no tenemos es un sistema de monitoreo de esos
impactos, (....) se necesitan pruebas para dimensionar el problema y exigir
algún resarcimiento”, dijo.
En este punto, Paz consideró que lo que se debe hacer es
pedir que se modifique el impacto. “Si se demuestra que es por el embalse, que
se lo baje; si hay que apagar turbinas que se las apaguen”, señaló, añadiendo
que pedir compensación sería sólo un paliativo indigno.
Mientras, ya suman unas 50 mil familias damnificadas, 59 mil
reses muertas y más de 45 mil hectáreas de cultivos perdidos por las
inundaciones.
“Hay dos caminos”
La investigadora Sarela Paz afirmó que, puesto que el
Gobierno no obró con contundencia cuando debía, al momento de cuestionar las
presas brasileñas y permitió que se concretaran, ahora tiene dos caminos a
seguir, uno es entrar en un proceso de negociación para lograr que se modifique
el impacto de las represas en el norte amazónico y el otro es hacer una
“diplomacia agachada”.
Dijo también que hasta el momento “no se han tomado medidas
contundentes” y que el Gobierno discutió el tema “con muy poco sentido de
soberanía”. Tomado de los teimpos de Bolivia
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