Autoridades de la
salud de las Américas acuerdan nuevas medidas para enfrentar la epidemia de
violencia contra la mujer La violencia contra la mujer es una grave violación a
los derechos humanos y un problema de salud pública en todos los países a lo
largo de las Américas, que tiene repercusiones significativas, no sólo con
respecto a la salud, sino también sociales y económicas para las mujeres, los niños,
las familias, las comunidades y las economías nacionales.
Para abordar este problema, las autoridades de la salud
reunidos esta semana en la sede de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), se comprometieron a mejorar la capacidad de los sistemas de salud para
prevenir y responder ante la violencia contra la mujer.
"En todo el mundo, al igual que en nuestra región, la
violencia contra la mujer tiene proporciones epidémicas debido a su alcance y
su impacto", dijo Cuauhtémoc Ruiz, director interino del Departamento de
Familia, Género y Curso de Vida, de la OPS.
"Es un problema de salud pública que exige una respuesta firme de los
sistemas de salud. Tenemos que trabajar más duro para preparar a los
proveedores de salud para atender a las mujeres afectadas por la violencia, y
necesitamos acelerar la investigación para determinar cuál es la mejor manera
de prevenir la violencia contra la mujer".
En las Américas, una de cada tres mujeres en algún momento
de la vida ha experimentado violencia infligida por el compañero íntimo o
violencia sexual por una persona diferente de la pareja. En un 38% de los casos
de mujeres asesinadas en la región, el perpetrador fue la pareja o una ex
pareja.
Las formas de violencia contra la mujer van desde la
violación, la agresión física y el asesinato, hasta el acoso sexual en las escuelas
y en el lugar de trabajo, así como el maltrato verbal y emocional. Además de
las lesiones físicas y la muerte, esa violencia puede conducir al suicidio, a
la propagación de las enfermedades de transmisión sexual, incluso de la
infección por el VIH/sida, a embarazos no deseados, a trastornos de estrés
postraumático, a la depresión y la ansiedad, entre otras consecuencias.
En algunos entornos, las mujeres pertenecientes a grupos
étnicos minoritarios pueden encontrarse expuestas a mayores riesgos de sufrir
violencia que otras. En un análisis de datos recabados en Bolivia, se determinó
que existía un riesgo doble de sufrir violencia infligida por el compañero
íntimo entre las mujeres que en el hogar hablaban un idioma diferente del
español. En Ecuador, las mujeres que se autoidentificaron como indígenas
notificaron niveles más altos de violencia perpetrada por la pareja que las
mujeres que se identificaron como mestizas o blancas. En Canadá, la
probabilidad de que las mujeres indígenas sufran violencia es casi tres veces
mayor que entre las mujeres de la población general.
La violencia contra la mujer también tiene costos
económicos. Estos incluyen costos directos para los servicios de salud, los
servicios sociales, la justicia penal y los sistemas de tribunales de familia,
así como costos indirectos para las sobrevivientes, las familias, los
empleadores y la sociedad en general, debido a la pérdida de productividad y
las consecuencias psicosociales negativas para las mujeres y sus hijos. En un
análisis amplio efectuado en Canadá se calculó que el impacto económico anual
de la violencia conyugal, incluidos los costos directos e indirectos, ascendía
a 7.400 millones de dólares canadienses. Un análisis del Banco Mundial concluyó
que la violencia de pareja le cuesta a Perú 3,7% de su producto interno bruto
(PIB), debido en gran parte a los días de trabajo perdidos.
La violencia contra la mujer tiene graves consecuencias
negativas para los niños. La evidencia indica que las repercusiones sociales y
de salud a largo plazo derivadas de la exposición en la niñez a la violencia de
pareja son similares a las ocasionadas por el maltrato físico y emocional o el
descuido del menor. En los hogares afectados por la violencia contra la mujer
perpetrada por la pareja, los niños tienen también mayores probabilidades de
sufrir castigos físicos.
Pero los sistemas de salud pueden desempeñar una función
esencial en la prevención y en la respuesta a la violencia contra la mujer.
"Sabemos que es más probable que las mujeres que
experimentan violencia busquen a los servicios de salud por consecuencias como
un embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, depresión y
ansiedad, pero no necesariamente le dicen a su proveedor de salud que han
experimentado violencia", explicó Alessandra Guedes, asesora regional
sobre Violencia Familiar de la OPS/OMS. "El desafío para los servicios de
salud es identificar a las mujeres que han experimentado violencia para brindar
el cuidado inmediato y para darles apoyo, en áreas que incluyen servicios
legales y sociales", explicó.
Las investigaciones en salud pública también han empezado a
identificar estrategias de prevención prometedoras, como luchar contra las
normas que perpetúan la desigualdad en materia de género y toleran ese tipo de
violencia, invertir en el empoderamiento político y económico de las mujeres,
prevenir el maltrato de menores, tanto contra los niños como las niñas, y
reducir el consumo nocivo de alcohol.
En el plan adoptado por las autoridades de salud, se
propone:
• fortalecer los compromisos políticos y financieros para
abordar la violencia contra la mujer en los sistemas de salud;
• fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para
prestar atención y apoyo eficaces a las mujeres que son víctimas de violencia,
y
• fortalecer la función de los sistemas de salud en la
prevención de la violencia contra la mujer;
• mejorar la disponibilidad y el uso de la evidencia
científica para fundamentar la política
y los programas.
Este plan se elaboró a través de consultas amplias que
incluyeron a aproximadamente 100 expertos que representaban a los gobiernos de
los países miembros de la OPS, organizaciones de la sociedad civil, movimientos
de mujeres, instituciones académicas, organismos multilaterales y de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y catalizar las actividades encaminadas
a abordar la violencia contra la mujer. Se fundamenta en un cúmulo cada vez
mayor de pruebas científicas recabadas en las últimas décadas por la OPS/OMS,
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como organizaciones
académicas y de investigación. TOMADO DE ASI SOMOS DE CORDOBA AR
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