Difusión de Ley Reservada del Cobre tensiona relación entre
Cámara y Transparencia
Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, envió
una carta de protesta al organismo. Parlamentario calificó resolución de la
entidad como "aberrante". El Consejo defendió su
competencia. Sergio
Rodríguez y Víctor Rivera
El 29 de marzo pasado, el Consejo para la Transparencia
(CPLT) ordenó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas entregar el texto de
la Ley Reservada del Cobre a un particular, tras acoger parcialmente la
petición de esta persona, de profesión abogado, que solicitó copia íntegra del
documento. El gobierno había denegado el acceso al cuerpo legal, argumentando
que divulgar la información requerida podría afectar la seguridad nacional.
Esta legislación es secreta desde 1975 y sólo puede ser
revisada, de manera presencial, en una oficina de la Cámara de Diputados, pero
sin que se pueda retirar de ese lugar. Sin embargo, tras la resolución del
CPLT, será liberada de manera parcial, pues sólo se excluyó alzar el secreto para
el artículo 3° de la ley, el cual contempla el número de cuentas corrientes de
las Fuerzas Armadas, en las cuales son depositados los dineros. Se argumentó
que eso podría poner en riesgo temas estratégicos.
En ese contexto, la resolución fue acogida por el gobierno y
el Ministerio de Defensa decidió no apelar.
Sin embargo, aquella resolución generó otro tipo de
reacciones en el Poder Legislativo. La molestia, según argumentaron desde la
secretaría de la Cámara, no tiene que ver con el fondo de la decisión del
Consejo, sino con el hecho de que el organismo no tendría las atribuciones para resolver sobre la
liberación de esta ley.
El sentir de la Cámara fue canalizado por su presidente, el
diputado Osvaldo Andrade (PS), quien, a través de una carta enviada el 5 de
mayo al presidente del CPLT, José Luis Santa María, solicitó que se
reconsiderara la decisión de esa entidad.
Andrade argumentó en su misiva que “con sorpresa nos hemos
enterado, a través de los medios de comunicación, que la institución que ud.
dirige, mediante una decisión que resuelve solicitud de amparo al derecho de
acceso a la información, ha ordenado hacer entrega al reclamante de copia del
texto”.
En seguida, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que
“no estamos cuestionando la publicidad de la ley en discusión”. Sin embargo,
Andrade advirtió que “no puedo permanecer silente frente a lo que, a nuestro
entender, constituye una grave intromisión en el ámbito de competencia del
Poder Legislativo (...) Se ha invadido la esfera de atribuciones del Congreso
Nacional”.
Para el presidente de la Cámara, “el Consejo de la
Transparencia se ha extralimitado en sus funciones (...) el Congreso Nacional,
emisor de la norma cuestionada, debió haber sido notificado, de forma tal de
poder ejercer las acciones que la propia ley consagra, para impugnar tan
aberrante resolución”.
El legislador sostiene que la Ley de Acceso a la Información
Pública otorga un tratamiento diverso a los órganos de la administración del
Estado y “el Consejo no puede exigir a a estos últimos la entrega de una
determinada información, bajo amenaza de sanción (...) El carácter de secreto o
reservado de una determinada ley debe ser resuelto por el Congreso Nacional y
no por órganos de inferior jerarquía”.
Andrade subrayó que “valora” el trabajo del Consejo, pero
que “no puedo sino representar a Ud. la reciente intromisión del Consejo en las
facultades propias de la Cámara que presido”.
La respuesta
Aunque la respuesta aún no llega a la Cámara, el presidente
del organismo, José Luis Santa María, respondió a La Tercera que “el Consejo
para la Transparencia es una corporación autónoma del Estado, con plena
competencia para conocer de los amparos que se presenten en contra de los
órganos de la administración”.
En ese sentido, señaló que
el Consejo entró al fondo de una solicitud que se hizo a través de la
Ley de Acceso a la Información, descartando una revisión de lo resuelto. “A la
fecha, dicha resolución se encuentra cumplida por la mencionada subsecretaría,
al haberse entregado por ésta la información requerida por el solicitante, por
lo cual el presente asunto se encuentra concluído”, dijo.
En tanto, el secretario general de la Cámara, Miguel
Landeros, indicó que el Congreso comparte la postura de fondo del Consejo, que
es liberar esta ley, aunque insistió en que “ es una tarea que le corresponde
al legislativo. Y se acaba de aprobar una norma al respecto en la Comisión de
Defensa de la Cámara”.
Por su parte, el presidente de la comisión investigadora del
fraude a la Ley Reservada del Cobre, Jaime Pilowsky (DC), señaló que esta norma
debiese ser liberada íntegramente, incluyendo el artículo 3°. “Espero que la
Cámara de Diputados dé solución y apruebe la ley , y el gobierno deje de
pensar, sin motivo alguno, que publicar el texto completo de la ley pone en
riesgo la seguridad de la nación. Aquí hay una tozudez inexplicable”, dijo. El ministro de
Defensa, José Antonio Gómez, planteó que “lo que se busca es la transparencia
(...) sin perjuicio de que el diputado Andrade tiene su opinión, a mí me parece
que lo que tiene que pasar es que se debe continuar con el proyecto (que busca
hacer pública la Ley Reservada del Cobre)”. TOMADO DE LA TERCERA DE CHILE –
NOTA CHILE SIGUE
SIENDO UNA FACTORIA Y SU EJERCITO LA POLICIA PRIVADA DE LAS MINERAS?
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