Represas en Santa Cruz: rechazo de una coalición de ONG
ambientalistas
Tras conocerse la noticia de que la obra se realizará,
sostienen que no tienen fundamento técnico y que el impacto social y ambiental
devastará un ecosistema "irreemplazable"
A 80 km de El Calafate está el obrador de las
represas. Foto: LA NACION / Horacio Córdoba Una coalición de ONG ambientalistas
difundió ayer un duro mensaje al gobierno nacional por la construcción de dos
represas en el río Santa Cruz, que financiará el gobierno chino. El reporte
sostiene que es una "irresponsabilidad por parte del Estado nacional"
avanzar en el proyecto sin conocer el impacto ambiental que tendrá y asegura
que el complejo hidroeléctrico no tiene una "justificación técnica";
que muestra "déficits en materia de transparencia en la información"
y que hay un "impacto socio ambiental que compromete el ecosistema". El
pronunciamiento impactó en la administración de Cambiemos ya que varios de los
referentes de esas organizaciones hoy son funcionarios como son los casos de
Diego Moreno (ex Fundación Vida Silvestre), Dolores Douverges (ex Fundación
Ambiente y Recursos Naturales) y Gonzalo Girolami (ex Greenpeace), actualmente
en el Ministerio de Ambiente; así como también Emiliano Ezcurra (ex Banco de
Bosques), hoy vicepresidente de Parques Nacionales y Juan Carlos Villalonga, de
Los Verdes y actual diputado nacional de Cambiemos. A las ONG mencionadas se
sumaron Aves Argentinas, Fundación Flora y Fauna Argentina y la Fundación
Naturaleza para el Futuro. "Las grandes represas no son consideradas
energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y
una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. La
Canciller Susana Malcorra manifestó que el proyecto de las represas de Santa
Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa
línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8
turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000
millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz
obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el
Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el
proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra
nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por
genuinas prioridades energéticas y ambientales", indica el mensaje enviado
a la prensa. "Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río
Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema
irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares
(declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares
Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la
confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada
como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es
clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano
(Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la
provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial", agregan
los ambientalistas. Villalonga ayer twitteó el comunicado y sostuvo: "El
necesario desarrollo que necesita el país debe ser compatibile con la
naturaleza. El gran desafío por delante". Fue su única declaración
pública.
Las ONG también critican el proceso de adjudicación y de
estudios de impacto ambiental y concluyen: "Hoy se desconocen los
potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo
diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la
potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una
irresponsabilidad del Estado Nacional".
por laura rocha Tomado de LA NACION de
ar
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