Los efectos de quemar
la basura en la Ciudad
Fuente: Archivo
Ayer el oficialismo logró imponerse en la votación que
aprobó por 36 votos contra 22 el proyecto de ley enviado por el gobierno de
Horacio Rodríguez Larreta para autorizar la quema e incineración de la basura
que a diario se genera en la ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa oficial estuvo orientada a modificar el
artículo 7 de la Ley de Basura Cero sancionada en 2005, la cual prohibía
expresamente la combustión de residuos sólidos urbanos tanto en el territorio
de la Capital como en el territorio de otras jurisdicciones y habilitó la
incineración de residuos mediante técnicas que permitan generar energía.
Esta iniciativa significa no solo poner en riesgo las
condiciones ambientales y la salud de las personas que viven en los barrios
porteños o en los distritos bonaerenses más pobres en donde se instalarán
seguramente en el futuro estas incineradoras de basura, sino que además
modificará diametralmente el paradigma que sustenta los criterios de una verdadera
gestión integral de residuos sólidos urbanos (Girsu).
ADEMÁS
Los tres casos europeos de quema de residuos a los que
apuesta el gobierno
Habilitada por ley, la Ciudad define dónde habrá plantas
para incinerar residuos
Este paradigma, basado en la regla de las tres R (reducir,
reutilizar y reciclar), fue abandonado a partir de ahora en la Ciudad de Buenos
Aires, tras el fracaso del gobierno porteño a lo largo de esta última década en
dar cumplimiento a las metas y objetivos fijados por la Ley 1.854, la cual
preveía una reducción en 2017 de un 75% de los residuos enviados a los rellenos
sanitarios del Ceamse, la empresa estatal dedicada al tratamiento de residuos
urbanos en el área metropolitana, tomando como línea de base 2004.
En otras palabras, ya no habrá más razones para instrumentar
medidas de reducción de la cantidad de basura generada o acciones de
concientización o educación ambiental dirigidas a la ciudadanía para separar y
reciclar los residuos porque estas centrales de incineración necesitan grandes
cantidades de basura para poder funcionar y generar la energía necesaria para
justificar su funcionamiento diario. Y no se llegará, incluso, a cumplir con
las nuevas metas fijadas por la nueva ley, orientadas a reducir en un 80% en
2030 los residuos depositados en rellenos sanitarios teniendo en cuenta los
volúmenes generados en 2012.
Las externalidades negativas se extenderán sobre las más de
6 mil familias que viven actualmente del reciclado y se harán sentir también
sobre las cuentas y arcas públicas. En primer lugar, por los altos costos de
recolección y transporte fijados en los pliegos de licitación de la ciudad, los
cuales toman como parámetro la cantidad de toneladas de basura diaria que
recolectan las empresas concesionarias. Y, en segundo lugar, porque desde el
punto de vista económico - financiero, la inversión inicial y los costos
operativos para la instalación y funcionamiento de estas plantas son muy
elevados, incluso aún, mayores a los que ahora se destinan para depositar los
residuos en los rellenos sanitarios del Ceamse, ubicados en el territorio
bonaerense.
Mientras la comisión europea viene desalentando la
construcción de este tipo de plantas y su uso se redujo en Estados Unidos y
Japón, en la Argentina actuamos a contramarcha de lo que pasa en el mundo y
terminamos convirtiéndonos en destinatarios junto a otros países
latinoamericanos y asiáticos de esta chatarra tecnológica.
Solo por citar un ejemplo, hace poco tiempo fueron
suspendidos los planes que originalmente estaban previstos para el área
metropolitana de Madrid, a través del Plan Estratégico de Residuos, el cual
contemplaba la instalación de una incineradora en la localidad de Pinto y se
está avanzando ahora, tras las recomendaciones europeas y las movilizaciones
populares, en la prohibición de esta práctica en dicha capital europea.
Para avanzar hacia la instrumentación de una verdadera
política de gestión integral de los residuos resulta necesario que se adopten
un conjunto de medidas. Una es que apruebe en el Congreso nacional una ley que
obligue a las empresas a reducir el volumen de envases y envoltorios de los
productos que comercializan.
Por otra parte, el gobierno porteño debe impulsar programas
serios de capacitación en las escuelas, estimular a la ciudadanía a fomentar la
separación en origen de residuos húmedos y secos y obligar a las empresas
concesionarias del servicio de recolección a que garanticen -junto a los
recuperadores urbanos - la inclusión de los residuos secos en el circuito de
recuperación y reciclaje.
Por último, debería incrementar los controles y aplicar las
sanciones correspondientes a los consorcios de propiedad horizontal y a las
empresas, comercios, cadenas de comidas rápidas, restaurantes y hoteles que no
dispongan sus residuos de manera diferenciada en la vía publica e instrumentar
junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional un
verdadero plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Por: Jorge Cuello y Gustavo Fernández / tomado de la nación
de ar
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