Menudo debate se ha generado a raíz del
publicitado acuerdo “transversal” entre algunos diputados y senadores con el
fin de “destrabar”, ha dicho la prensa, el proyecto que agiliza la entrega de
concesiones eléctricas. Esto significó amarrarlo a la aprobación el proyecto
20-20 (20 % de energías renovables no convencionales –ERNC- al 2020, aunque
modificando la meta a un 20 % al 2025) e incorporar ciertos ajustes, que
dejaron la nueva legislación sobre servidumbres en un estadio intermedio entre
un mal y un horroroso proyecto. A este acuerdo concurrieron los senadores Jaime
Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), Gonzalo
Uriarte (UDI), Ximena Rincón (DC) e Isabel Allende (PS). Y los diputados Carlos
Vilches (UDI), Mario Bertolino (RN), Manuel Rojas (UDI), Marcos Espinoza (PR),
Felipe Harboe (PPD) y Juan Carlos Latorre (DC).
Esta
transversalidad da cuenta de algo concreto. Hace bastante rato que la
transversalidad del Congreso nacional dejó de ser correlato de la diversidad de
la sociedad. Gracias al sistema binominal y a las barreras de entrada para
conformar partidos políticos regionales –en la práctica es imposible fundar una
colectividad estrictamente regional siendo la unidad mínima tres regiones
contiguas- en el Parlamento existen grupos sobre representados, que bloquean
iniciativas que la sociedad demanda con todas sus fuerzas. Es así que en un
acuerdo de este tipo, la preeminencia (con honrosas excepciones desde el lado
femenino) de la mirada desarrollista por sobre una realmente sustentable no da
garantías de representatividad. Todo esto, sin considerar que los mayores
beneficiados con la actual redacción de la legislación de concesiones
eléctricas (que el gobierno espera aprobar esta semana en el Senado) son Endesa
y Colbún, ya que el principal escollo de HidroAysén es precisamente la
transmisión.
¿No se pudo ver
la posibilidad de hacer diferenciación entre mega proyectos, tan resistidos por
la ciudadanía, y proyectos sustentables? Porque desde hace bastante tiempo que
en Chile y el mundo entero existen las legislaciones diferenciadas. Pero más
allá de estas disgresiones, la alegría de los dueños de las renovables no
convencionales por el avance del proyecto 20-20 (que ahora debiera llamarse
20-25) y, en especial, de la ley que agiliza las concesiones eléctricas muestra
cuánto nos falta para entender la profundidad de lo que llamamos
sustentabilidad.
Ya en 2008
discutíamos sobre la pertinencia de instalar hidroeléctricas pequeñas al
interior del Parque Nacional Puyehue. Y más de alguien dijo en la ocasión “no
entiendo a las organizaciones, quieren minicentrales y se oponen a ésta que es
sustentable”. Tal es el problema que se percibe cuando se escucha a los
empresarios de las ERNC alegres porque avanza el proyecto que agiliza las concesiones
eléctricas, a pesar que ésta entrega a perpetuidad las servidumbres a las
empresas eléctricas, que vulnera el Convenio 169 de la OIT al exigir consulta a
las comunidades indígenas sólo previo a la construcción, que pone en riesgo el
patrimonio natural al no explicitar que eléctricas deben buscar alternativas
cuando sus trazados pasen por parques nacionales y otras áreas protegidas. O
cuando limita el derecho a presentar reclamaciones sólo a los dueños de los
terrenos y no a todos los afectados, permitiendo además el fraccionamiento de
las solicitudes, lo que vulnera la actual legislación ambiental. “Es lo que
necesitamos” se les ha escuchado decir.
La pregunta de
fondo es: ¿es sustentable un proyecto que se construye, por muy ERNC que sea,
pasando por sobre los derechos de terceros? Es algo similar a lo que ocurre
cuando se asume que el uso del agua con fines de generación eléctrica es
positivo en sí mismo. El problema son las variables que se consideran al tomar
las decisiones. Hoy se mira casi esencialmente a la fuente, en circunstancias
que es preciso incorporar la magnitud, la localización, el desarrollo económico
y social local. De otra forma, cualquier alternativa que entreguemos para los
desafíos energéticos del país será más de lo mismo. Podemos impulsar la energía
eólica, pero ¿gigantescos parques en Reñaca, Iquique o La Serena donde las
comunidades dependen del turismo de sus playas? O también geotermia, pero ¿en
los géiseres del Tatio, lugar considerado sagrado por las comunidades indígenas?
Incluso energía termosolar, pero ¿pavimentando el desierto de Atacama con tales
infraestructuras? O una minicentral hidroeléctrica, pero ¿en un parque nacional
cuya integridad el Estado se ha comprometido a resguardar?
El tema no es
oponerse a cuanto proyecto existe. Es promover un diálogo previo que permita
que intervenciones tan sensibles cumplan con determinadas características que
lo armonicen con las comunidades y ecosistemas involucrados. Si los dueños de
las ERNC no se hacen cargos de estos conceptos, más que una visión de
principios vinculada a la construcción de un país más justo y equitativo
pareciera que simplemente se instalaron en el rubro por ser un muy buen nicho
de mercado. Y eso no es buscar la sustentabilidad, eso es simplemente querer hacer
negocios.
TOMADO DE ERNC
POR SUGERENCIA DE ENVÍO DE BOLETÍN GAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario