¿Una enfermedad
sin remedio?
¿Hubo o no
presión de la industria farmacéutica? y ¿cuánto influyó ésta en el resultado de
la votación del proyecto de ley de medicamentos? La respuesta es obvia. Por
supuesto que se desplegó un fuerte lobby.
por Jorge
Navarrete
PRINCIPIO pensé
que era un error de La Tercera. En su versión online del día miércoles
consignaba las siguientes declaraciones del ministro Jaime Mañalich: “Aquí hay
un solo ganador, el chileno y chilena que padece alguna enfermedad crónica.
Esta es una victoria para los pacientes y un avance para el gobierno… Le hemos
doblado la mano a la industria farmacéutica, a los laboratorios, a las
farmacias y a las cadenas que se coluden… el único lobby, es el de los
pacientes y es el único que me preocupa”.
Sin embargo, el
titular de la misma noticia destacaba el peor escenario que muchos temíamos en
torno a la tramitación del proyecto de ley sobre fármacos, consignando el
rechazo de la Cámara de Diputados a que los medicamentos pudieran venderse en
supermercados. Francamente, ¿de qué podía congratularse el secretario de
Estado, cuando se fracasó en la principal batalla para romper con el monopolio
de la industria?
No obstante,
horas después afirmaba: “Hoy día en el exterior de la Cámara había muchas
personas dependientes de la industria farmacéutica conversando permanentemente
con los diputados, señalando que votaran de una manera u otra, influyendo en el
trámite legislativo”. Entonces, ¿hubo o no presión de la industria? y ¿cuánto
influyó ésta en el resultado por todos conocidos?
La respuesta es
obvia. Por supuesto que se desplegó un fuerte lobby, cuya magnitud sólo se
compara al visto en la ley de pesca o televisión digital. Son varios los
cientos de millones de dólares involucrados en esta discusión, la que toca a
uno de los negocios más lucrativos del país. Es absurdo pensar que los
principales dueños u operadores de esta industria se quedarían apaciblemente
sentados esperando el desarrollo del debate, de igual manera que tampoco lo
haría cualquier otra persona o grupo que tuviera un interés específico en lo
que ahí se discute, sean grandes corporaciones, organizaciones sociales o
ciudadanas. Criminalizar a esos grupos es tan ineficaz como dejarlos actuar sin
límite o control.
Lo que nuevamente
ocurre, y que resulta tan propio a nuestra idiosincrasia, es la dinámica de las
medias tintas. Primero, porque seguimos ralentizando una ley de lobby cuyo
propósito era justamente transparentar y ordenar una práctica que bajo la
regulación legal, se verifica en todas las democracias del mundo. Segundo,
porque no contamos con una ley de financiamiento público de la política, y como
si fuera poco, lo que sí existe es una deficiente legislación en materia de
aportes y gastos en campaña electoral, que oculta las transferencias en dinero
que las empresas y personas hacen a los
candidatos y parlamentarios. De hecho, ¿cómo saber si la industria farmacéutica
financió la campaña de alguno de los diputados? Tercero, porque una vez más
Mañalich denuncia malas prácticas y posibles delitos, pero sin nombrar a nadie
en específico o aportar con algún antecedente concreto, sembrando una duda
sobre el comportamiento de todos sin distinción.
De hecho, la
principal disposición del proyecto de ley fue rechazada por el mínimo margen:
44 votos a favor y 45 en contra. Lo que me llama la atención, sin embargo, es
que sólo ocho parlamentarios de la Concertación estuvieron por aprobar.
Tomado de la
tercera de Chile
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