Venezuela: Pobreza,
calidad de vida y diálogo político
Los logros en la lucha contra la pobreza que las
estadísticas por ingreso atribuyen al gobierno de Venezuela desde 1999 se ven
opacados por la violencia y la inseguridad, que impiden el ejercicio pleno de
los derechos a la educación, la salud, el esparcimiento y el goce de los
espacios públicos. Las reformas constitucionales y legales desde 2008 suponen
otro retroceso tras los avances de los derechos básicos en el primer periodo
presidencial de Hugo Chávez, al centralizar el poder político, restringir la
participación y las libertades democráticas y el pluralismo, y aumentar la
militarización de la sociedad. Al mismo tiempo, las autoridades insisten con la
criminalización de la protesta social y los derechos humanos.
La significativa disminución de la pobreza iniciada durante
los gobiernos del presidente Chávez se estancó en su segundo período
presidencial (2007-2013). La reducción, que había sido de 16,4% entre 2004 y
2006, fue de solo 1,8% en los cuatro años siguientes.
La violencia y la inseguridad en las principales ciudades
del país han afectado la calidad de vida de la población, socavando el disfrute
de los derechos sociales de los sectores más vulnerables. A la reducción de las
horas de clase nocturnas en la enseñanza media y superior se suma la renuncia
de educadores en zonas con alta delincuencia, y también se clausuran servicios
nocturnos de emergencia de la red hospitalaria nacional y se restringen los
horarios de consulta médicas en centros privados de salud. Además, la gran
cantidad de personas heridas con armas de fuego colapsa las salas de terapia
intensiva.
Por otra parte, ha habido una política de criminalización de
la defensa de los derechos humanos que desconoce tanto a las instancias de
protección internacional como a las organizaciones de la sociedad civil que
recurren a ellas.
Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril en
Venezuela, que mostraron un país dividido políticamente en dos partes
prácticamente iguales, Provea y otras organizaciones de derechos humanos
exhortaron a un diálogo entre la oposición y el gobierno para dar una salida
pacífica y democrática a la crisis política.
La polarización que vive Venezuela constituye un escenario
adverso para la paz social y el respeto a los derechos humanos. El resultado
electoral evidencia un país dividido en torno al modelo social, económico y
político. Es un paso positivo el acuerdo alcanzado en la Asamblea Nacional para
establecer un diálogo constructivo que permita adoptar leyes que urgen en el
país. Pero esa actitud dialogante debe extenderse a toda la gestión
institucional del Estado, reconociendo a los otros y respetando los preceptos
constitucionales, en especial los derechos humanos allí establecidos.
Fuente: Informe Social Watch 2013, Informe Nacional de
Venezuela
http://www.socialwatch.org/es/node/16032
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