Sin institucionalidad estatal sólida en materia de pueblos
indígenas
Magali Zevallos Ríos
Además de carecer de poder, instancias gubernamentales no
incorporan a pueblos indígenas en toma de decisiones.
La primera consulta previa de envergadura nacional en el
Perú, programada para iniciarse en abril de este año, se encuentra suspendida
debido a controversias en relación con las demandas indígenas. Las comunidades
nativas a ser consultadas han exigido al gobierno una serie condiciones previas
para iniciar el proceso de consulta, fundamentalmente la remediación de los
pasivos ambientales provocados por 40 años de explotación y contaminación
petrolera, lo cual ha destapado una olla a presión sobre la situación de
abandono y postergación en la que viven los pueblos indígenas en el país.
Se trata de la consulta previa alrededor del lote 192, ex
lote 1-AB, donde opera la empresa argentina Pluspetrol Norte —que tiene una
producción de 17,500 barriles diarios de petróleo, que representa el 11.7% de
la producción total del país, con reservas probadas de 72.5 millones de
barriles— ubicado en las cuencas de los ríos del Alto Marañon, Pastaza, Tigre y
Corrientes, en la región Loreto, en el nororiente del país. En su área de
influencia directa habitan 17 comunidades nativas pertenecientes a los pueblos
indígenas Achuar, Quichua y Urarina, conformadas por aproximadamente 2,700
habitantes.
“Esta consulta a cargo de Perupetro [empresa estatal
encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú] ha destapado los
problemas reales de la zonas de influencia minera y petrolera, las demandas
reflejan la cantidad de problemas que debe atender el Estado debido al abandono
gubernamental, la condición que han puesto los pueblos indígenas es que, si no
hay remediación ambiental no hay consulta. La suspensión de la consulta tiene
justificación, se postergará hasta que se garanticen mayores condiciones de
vida en la zona”, señala la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo
de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta
Previa del Congreso de la República.
“La población no se opone a la petrolera; sólo quiere un
Estado que los incluya en las políticas públicas, exigen servicios básicos como
salud y educación, ponen condiciones porque ha habido abandono estatal durante
décadas y no están dispuestos a tolerar una vez más”, añade.
Tras la última visita de inspección a la cuenca del río
Pastaza que realizó en marzo el grupo de trabajo liderado por la congresista
Mendoza, junto con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal y el
presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, el gobierno declaró en estado de
emergencia ambiental por 90 días la zona afectada. Sin embargo, aún queda
pendiente realizar los trabajos de monitoreo y establecer las medidas correctivas
en los ríos del Alto Marañon, Tigre y Corrientes.
Según la Resolución Ministerial 094-2013 del Ministerio del
Ambiente, del 25 de marzo, la declaración de emergencia se debe a las elevadas
concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan
los estándares ambientales nacionales, de acuerdo a lo reportado por la
Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y la Dirección General de Salud Ambiental.
Consulta previa no es suficiente
Javier La Rosa, coordinador del Área de Pueblos Indígenas
del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), afirma Noticias Aliadas
que en el país no hay ninguna institución pública que proteja los derechos de
los pueblos indígenas y que garantice el respeto de su integridad.
“El gobierno de [el ex presidente] Alan García [2006-2011]
desmontó el INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos], organismo que veía políticas intersectoriales sobre
pueblos indígenas, y con el gobierno de [el presidente Ollanta] Humala eso no
se ha corregido, por lo tanto no hay una institucionalidad estatal sólida en
materia de pueblos indígenas”, señala.
Agrega que el gobierno con la sola aprobación de la Ley de
la Consulta Previa en agosto del 2011 pensó que sería suficiente.
“La consulta previa no resuel
ve los temas de fondo de los pueblos y de las comunidades
indígenas, se requieren otras medidas, uno de ellos es la institucionalidad
estatal indígena”, sostiene La Rosa. “En nuestro país tenemos [en el Ministerio
de Cultura] un Viceministerio de Interculturalidad debilitado, con poco poder,
y que no ha tenido capacidad de liderazgo para poder proponer a los demás
sectores estatales qué cambios tenían que hacerse para afrontar la consulta
previa.
Este viceministerio no ha sido capaz de discutir con el
Ministerio de Energía y Minas ni el Ministerio de Economía y Finanzas sobre los
límites que debe de tener el Estado cuando hubiera procesos de inversiones en
territorio indígena”.
“Lo más grave aún del Viceministerio de Interculturalidad es
que no ha sido capaz de incorporar a los pueblos indígenas en las tomas de
decisiones, y el principal problema es que nuestro modelo económico descansa
principalmente en la exportación de materias primas, que por lo común se
encuentran en territorios indígenas.
Por ello, los principales reclamos se centran en la
protección de sus territorios porque es su medio de vida”, precisa.
El sexto informe alternativo sobre cumplimiento del Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo y la situación de los pueblos indígenas en el Perú, presentado por
instituciones de la sociedad civil en setiembre del 2012, señala que “mientras
los territorios de los pueblos indígenas son depredados, sus derechos a la
salud y a la educación aún siguen postergados por el Estado. La cobertura de
ambos sigue siendo pobre. Asimismo, los ataques a los territorios indígenas
aumentan el riesgo de la inseguridad alimentaria, pese a que los pueblos se
dedican a la agricultura y producen buena parte de los alimentos que consume el
país”.
La gran mayoría de estos pueblos se dedica a la pequeña y
mediana agricultura, involucrando a 2.3 millones de familias que hacen un total
de 10 millones de personas, un tercio de la población del país. Sin embargo, el
sustento de miles de familias indígenas, y por consiguiente de las familias
urbanas, se ve amenazada por las políticas extractivistas pues, en muchos
casos, las concesiones mineras y de hidrocarburos se superponen a las tierras
productivas. Asimismo, lejos de promover políticas que fortalezcan la pequeña
agricultura, el Estado viene priorizando el apoyo a la agricultura de
agroexportación, señala el informe.
Derechos postergados
El derecho a la salud también ha sido postergado. De acuerdo
con la Defensoría del Pueblo, a fines del 2011 la demanda de personal médico no
era cubierta en su totalidad, principalmente en las zonas rurales con serias
consecuencias para el acceso a los servicios de salud de sus poblaciones.
Igualmente señala que en el país no existe una política de salud eficientemente
implementada y acorde con un enfoque intercultural, “aun cuando es notorio que
ella permitiría desarrollar acciones que disminuyan las brechas sanitarias
entre los niveles nacional y regional y las poblaciones indígenas”.
En cuanto al acceso a la educación, cerca de 20% de
estudiantes indígenas entre los 6 y 11 años no acceden al sistema educativo,
según el Censo General del 2007. El gobierno actual ha admitido, a raíz de la
última Evaluación Censal de Estudiantes 2011, que se ha incrementado la brecha
de desigualdad en el logro de aprendizajes entre las zonas urbanas y rurales.
Sin embargo, esto sólo refleja la histórica postergación que el sistema educativo
peruano mantiene para los pueblos indígenas.
“La bandera del actual gobierno es la inclusión social”,
dice La Rosa. “Es un Estado incoherente, en vez de poner en práctica la
inclusión, excluye y margina a las poblaciones indígenas, y no estamos hablando
de una minoría, pues representan entre el 20% y 25% de la población”.
Para Luis Vittor, asesor de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI), es importante que en las políticas de
inclusión que está promoviendo el gobierno no se pierda de vista que la
consulta previa es una parte de las obligaciones que todo Estado debe
implementar para desarrollar políticas públicas interculturales en todos los
niveles de Estado.
Las ocho organizaciones que constituyen el Pacto de Unidad
de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Perú, aprobaron en su segundo en
encuentro nacional realizado en abril, la creación de un Ministerio de Pueblos
Indígenas u Originarios, con atribuciones de rectoría intersectorial para la
generación e implementación de políticas públicas que garanticen el
cumplimiento de sus derechos y en el cual se asegure su participación plena.
“Nuestra propuesta se orienta hacia la construcción de una
nueva Constitución Política del Perú que reconozca el carácter plurinacional
del Estado Peruano en concordancia con la diversidad de pueblos del país”, se
lee en el pronunciamiento emitido por el Pacto de Unidad al cierre de su
encuentro.
Por su parte, Vittor señala que para establecer una
verdadera institucionalidad estatal indígena se requiere voluntad política para
avanzar en el desarrollo de políticas públicas interculturales.
“Estas políticas deben ser formuladas con participación y
consentimiento de los pueblos indígenas como acto de reparación por las
prácticas históricas de exclusión y discriminación”, manifiesta Vittor. “Por lo
que la consulta previa debe ser un medio para que el Estado repare deudas
históricas, y así inicie un verdadero diálogo intercultural e inclusivo con los
pueblos indígenas”. —tomado de envío de Noticias Aliadas.
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