En vilo definición de
autoridad ambiental urbana en el área
La disputa entre las dos entidades estalló el 31 de agosto
de 2012 cuando se creó la Subdireción Ambiental del AMB.
(Foto: Archivo /VANGUARDIA Una consulta elevada por la
Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, al Ministerio de
Medio Ambiente, dejó en evidencia que ese despacho tampoco se pronunciará a
fondo en la disputa que sostiene esa entidad con el Área Metropolitana de
Bucaramanga, AMB, por la autoridad ambiental en Floridablanca, Piedecuesta,
Girón y la capital santandereana.
Específicamente y aunque el oficio,
que fue elevado el 8 de agosto, se remitió a cómo debía actuar esa entidad
teniendo en cuenta que el AMB le solicitó formalmente expedientes que antes
solo eran de su competencia, en su respuesta el Ministerio también se refirió
al conflicto y dejó entrever su posición.
Por una parte, el director
de ordenamiento ambiental y territorial, Luis Alfonso Escobar, como delegado
del Ministerio, se refirió a la divergencia sobre las competencias entre los
sectores urbanos y rurales cuando una Corporación y un Área Metropolitana
reclaman autoridad.
En ese sentido, señaló que el requisito para dirimir esa
disputa es el número de habitantes de la región sobre la que existe la
controversia, que debe ser al menos de un millón para que un área metropolitana
asuma funciones en lo urbano.
No obstante, el Ministerio no se refirió a la proyección del
censo del Dane, que es el centro de la controversia, pues mientras el AMB
considera que es una herramienta válida, la Cdmb asegura que no es así debido
al margen de error.
Por otra parte, Escobar se pronunció respecto a la creación
de la subdirección ambiental del AMB, que se cumplió en agosto de 2012, y
aseguró que debido a que es un acto administrativo y que su legalidad se
presume como que “tiene fuerza ejecutoria”.
Por último y en relación a ese punto, el funcionario también
señaló que en caso de que las autoridades consideren que las normas no son
suficientemente claras, deberán acudir al Consejo de Estado o a un Tribunal
para resolver sus diferencias.
Precisamente, para expertos consultados por Vanguardia
Liberal, esa comunicación lo que señala es que el Ministerio de Ambiente
respetará la presunción de legalidad hasta tanto la jurisdicción contenciosa
administrativa tome una decisión
de fondo, lo que dejará en vilo la definición de la autoridad ambiental.
“El Ministerio está cumpliendo con la ley y respetando ese
atributo de los actos administrativos. Ahora la responsabilidad
recae directamente sobre el Tribunal que es el que definirá esa legalidad”,
explicó.
Aunque actualmente está andando el proceso administrativo en
el Tribunal Administrativo de Santander, se estima que su fallo definitivo
podría demorarse al menos un año más debido a que en caso de ser apelado
llegaría al Consejo de Estado. Tomado de la vanguardia de Colombia
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