¿Cuáles son los resultados de la política climática
boliviana?
En un artículo anterior detallamos la posición política
climática de Bolivia. Ahora presentamos el análisis de los resultados técnicos,
que hacen varios especialistas. La posición boliviana puede llegar a ser
influyente, durante la cumbre climática de Lima (COP20), en diciembre de 2014,
dependiendo de efectivos resultados en la implementación nacional.
LA POSICION INTERNACIONAL DE BOLIVIA
El cambio en la política climática internacional empezó a gestarse en 2009, cuando el Gobierno de Bolivia (GdB) cambió el personal y las competencias del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), debilitándolo mucho.
“Ya no protagoniza el diseño de políticas de adaptación y mitigación para el cambio climático, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, afirmó un análisis institucional de la política pública climática boliviana. El PNCC mantuvo su personal sin cambios durante 15 años, recogiendo mucha información e implementando proyectos, generando una buena base teórica y práctica.
Un mapeo de actores del contexto de Cambio Climático en Bolivia señala el cambio destacado en la participación de las cumbres climáticas de la onU: “Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinaba con el Ministerio de Medio Ambiente a cargo y el PNCC. La parte diplomática era marginal y había un fuerte componente técnico. Ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó el protagonismo, con un fuerte componente político. El PNCC tiene una participación secundaria”.
En abril de 2010, el GdB organizó la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra”, en Tiquipaya. Allí, reclamó el pago de la deuda climática, así como el cambio del modelo de desarrollo capitalista y consumista, al que consideró como “causa estructural del cambio climático”.
En Tiquipaya también se exigió que los países industrializados reduzcan en su territorio sus propias emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Igualmente, que cumplan sus compromisos de transferir recursos económicos, tecnología, y fortalezcan las capacidades de los países en desarrollo.
Para el GdB, la cumbre de Tiquipaya estableció mandatos vinculantes en políticas, estrategias y acciones nacionales para aumentar su resilencia climática. Esta consiste en aumentar la capacidad de amortiguar impactos, auto-organizarse, y adaptarse al cambio climático, según definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, Tiquipaya rechazó los mecanismos de mercado, como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de bosques. El GdB cuestiona vincular bosques a mercados mundiales de carbono por razones éticas. Sospecha que significaría transformar la Madre Tierra en una mercancía. Además, que los acuerdos de mercado pueden conducir a la pérdida de soberanía de los Estados y las personas, en el uso y manejo de sus recursos naturales.
En las negociaciones internacionales de cambio climático, el GdB propuso un mecanismo alternativo a los mercados, para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal de los países en desarrollo, con áreas significativas de bosque. Este enfoque alternativo a REDD, llamado “Vida Sustentable del Bosque”, fue presentado en la 17va Cumbre Climática de Durban 2011, y fue introducido en los textos aprobados de la onU.
Actualmente, este mecanismo se está desarrollando en Bolivia, enfocado en experiencias comunitarias de manejo forestal para mitigar y adaptarse al cambio climático. Se trata de iniciativas en curso, basadas generalmente en procesos de gestión territorial, y en múltiples arreglos institucionales entre sectores públicos, privados, y comunitarios.
LAS EMISIONES BOLIVIANAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Los inventarios nacionales de la última década (1990-2000) indican que la mayor emisión de GEIs en Bolivia se debe a lo que los especialistas llaman “cambio en el uso de la tierra y silvicultura” (CUTS). Esto significa deforestación o degradación de bosques, por incendios forestales o porque se los convierte en tierras para producción agrícola o ganadera.
Más de la mitad de las emisiones bolivianas de GEIs (59%) provenían de CUTS en 1990. Hacia mediados de la década (1994) habían disminuido un poco (56%). Hacia finales de 1998 disminuyeron por debajo de la mitad (36%), para luego subir (40%) en el año 2000, según datos del análisis de Mauricio Zaballa Romero, para el PNCC. Los inventarios nacionales posteriores señalan una tendencia creciente, sin sobrepasar la mitad (48% en 2002, y 44% en 2004).
La actividad agrícola tiene sus propias emisiones de GEIs, adicionales a las de CUTS. El análisis de Zaballa la identifica como la segunda mayor, con un rango del 15 al 25% (24% en 1990; 22% en 1994; 15% en 1998; y 17% en el 2000). El sector de la energía han estado entre el 10 al 20% (16% en 1990; 20% en 1994; 12% en 1998; y 11% 2000).
Zaballa advierte que el descenso en las emisiones agrícolas y energéticas se debe a la mejora en los inventarios de los procesos Industriales. A partir de 1998, se logró reportar los halofluorocarbonados (HFCs), gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global. Esto incrementó el porcentaje de emisiones de GEI industriales a 35% en 1998 y 30% en el 2000, disminuyendo el porcentaje de las agrícolas y de energía.
El inventario de emisiones del año 2000 refleja la matriz más o menos estable de GEI bolivianos: la agricultura y bosques juntos emiten 5 octavas partes (57%), la industria 2 octavas partes (30%), el sector energético y los residuos 1 octava parte (energía 11%; residuos 2%).
MAGNITUD Y CAUSAS DE LA DEFORESTACION
La deforestación creció exponencialmente en los últimos decenios en Bolivia. En las décadas de los 70 y 80, se deforestaron cerca de 170 mil hectáreas (ha) cada año, según Wachholtz (168.012 ha, entre 1975 y 1993). En la década siguiente, aumentó 100 mil hectáreas más por año. Es decir 270.000 ha, afirma un informe de Bolivia para el Secretariado de REDD en la onU (entre 1993 y 2000).
En la década del 2000, Muñoz estima que la cifra puede alcanzar hasta medio millón de hectáreas (Para 2004 y 2005 en áreas iguales o mayores a 5,3 ha se registraron 276.000 y 281.283 hectáreas deforestadas, respectivamente. La estimación de medio millón incluye áreas menores a 5,3 ha).
La deforestación ha disminuido hasta un poco más de 200.000 ha/año en los últimos reportes, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) (en 2008, 298.817 ha; en 2009, 259.446 ha; en 2010, 212.074 ha).
El marco legal forestal boliviano (Ley 1700) ha demostrado ciertas limitaciones, coinciden varios especialistas. Fundamentan su opinión en que menos de la mitad (9 de un potencial de 25 millones de hectáreas de producción forestal) cuentan con planes de manejo. Además, no ha permitido reducir la deforestación y la degradación de los bosques.
Pero las causas de la deforestación parecen estar fuera del sector forestal, al menos en parte. Según datos de la ABT, históricamente menos de 7 de cada 10 hectáreas deforestadas fueron ocasionadas por la gran empresa agropecuaria (66 %). Menos de 2 de cada 10 hectáreas deforestadas fueron producidos por colonizadores del altiplano que ocuparon bosques en las tierras bajas (15%).
Un poco más de 1 de cada 10 hectáreas fueron deforestadas por campesinos o pequeños productores (12 %). Finalmente, menos de 1 de cada 10 hectáreas fueron deforestadas por indígenas para agricultura de subsistencia, así como por colonizadores japoneses y menonitas (5 % y 2% respectivamente).
Otra causa de la deforestación, en la que coinciden varios investigadores, es la visión agrarista de la sociedad boliviana. Esta genera políticas y leyes que incentivan la conversión de bosques en tierras agrícolas y pecuarias. La Ley Agraria inició la distribución de tierras forestales con criterios agrícolas, décadas atrás.
Esta visión se mantiene en el actual gobierno de Evo Morales, con la ley de reconducción comunitaria modificada; así como con el impulso a la agricultura en comunidades que habitan los bosques. El supuesto de ambas es incrementar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concuerdan varios especialistas.
Igualmente hay consenso entre diferentes investigadores en que la deforestación también ha sido estimulada por políticas de promoción de las exportaciones, que han alentado el crecimiento de la agricultura mecanizada. De la misma forma, por la política de tierras, que han provocado la especulación de la misma.
Un estudio, de 2001, calculó las reducciones de GEI que Bolivia podría alcanzar entre 2001 y 2012. El potencial ascendía a 903 millones de toneladas de carbono (CO2), la mayoría (97,67%) correspondía al sector CUTS (882 millones de toneladas de CO2).
Otro estudio, titulado “Potencial de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) en Bolivia”, fue realizado en la década pasada (2008). La deforestación acumulada es de 13 millones de hectáreas. Esto “muestra un amplio potencial para la reducción de la deforestación en las próximas décadas”, afirmó el estudio.
UNA EVALUACION INTERNACIONAL DE LA POLITICA CLIMATICA BOLIVIANA
La política climática de Bolivia fue evaluada por el Instituto Mundial de Recursos en 2012 (WRI, por sus siglas en inglés). Entre las principales conclusiones, el WRI afirma que prevalecen problemas con la generación de datos meteorológicos, así como debilidad en las instituciones y poca difusión.
Las evaluaciones se enfocan en los impactos, pero no contribuyen a entender escenarios futuros, considerando escasamente los aspectos sociales de la vulnerabilidad al cambio climático. En la priorización, participaron los ministerios sectoriales, pero muy poco los ministerios de planificación y finanzas.
El mismo informe destaca la coordinación para “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra”, y la fuerte coordinación para definir posición en negociaciones internacionales. En cambio, es escasa la coordinación para implementar la agenda nacional. La implementación de la gestión de riesgos sólo es a nivel de proyectos puntuales, reportó el WRI.
LA URGENCIA CLIMATICA
Por otra parte, la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) recordó que América Latina y el Caribe son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. Como ejemplo, señaló la sequía del 2009 en Uruguay, que causó un perjuicio económico estimado en el 1.5% de su Producto Interno Bruto.
También el fenómeno de La Niña en Colombia, que causó lluvias e inundaciones record en 2012, afectando más de 2 millones de personas, generando cuantiosos daños materiales. Así mismo, la PCL citó las sequías prolongadas del Paraguay de los últimos años, que colocó a pequeños productores rurales en inseguridad alimentaria. Esto motivó la declaración de situación de emergencia alimentaria, para la agricultura familiar indígena en 2012.
En Ecuador, las sequías causaron la pérdida del 45% de en los cultivos transitorios y el 11% de los cultivos permanentes, entre 2002 y 2007, concluyó la PCL, al advertir que “la lista puede seguir en toda América Latina, razón por la cual se requiere adoptar urgentemente medidas específicas”.
ESTUDIO COMPARATIVO DE 10 PAISES
Los casos mencionados por la PCL forman parte del estudio “El Estado y la Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en América Latina”, basado en informes nacionales de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, y Uruguay.
Una de las conclusiones centrales del estudio es que las políticas públicas climáticas, sean regionales, nacionales, o sub-nacionales, han sido poco efectivas. Si bien el estudio reconoce avances en la formulación de las políticas, especialmente en el desarrollo de “institucionalidad climática”, existe fuerte déficit en la efectiva implementación de las mismas.
El estudio de la PCL recuerda que los impactos del cambio climático en América Latina son cada vez más preocupantes. Especialmente, en el sector agropecuario y forestal, causantes de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero en el continente. Pero también, son muy dependientes de las condiciones climáticas, y muy importantes en la economía, empleo, y exportaciones de los países Latinoamericanos.
Lo anterior causa vulnerabilidad económica, social, ambiental, y política en los países del continente. Esto se debe a que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad humana, las condiciones para reducir la pobreza, y la capacidad de los Estados para sostener políticas de desarrollo sustentable.
El estudio de la PCL recomienda a los países adoptar políticas climáticas consensuadas, a través de diálogos amplios con todos los sectores sociales. Así cubrirían todo el ciclo de vida de las políticas, con apoyo político y social sostenido.
Igualmente recomienda armonizar los objetivos climáticos con otras políticas de desarrollo. De la misma manera, privilegiar la prevención sobre la reacción, y asignar recursos suficientes, especialmente presupuestarios. El estudio subraya la importancia del trabajo en múltiples niveles, con múltiples actores, promoviendo la legitimidad, sostenibilidad, e impacto real de las políticas.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA POLITICAS CLIMATICAS
El estudio de la PCL incluye recomendaciones específicas en la calidad del diseño de las políticas climáticas, entre otras: participación multisectorial, multinivel, y multidisciplinaria; articular políticas climáticas con otras políticas sectoriales o macroeconómicas nacionales, y contar con información legítima y relevante.
También recomienda descentralizar los procesos de diseño, establecer recursos presupuestarios, y ordenar ambientalmente del territorio con enfoque sensible al cambio climático. Finalmente, sugiere anclar las políticas climáticas en la mayor jerarquía jurídica nacional, mejor aún con mecanismos procesales vinculados, como la justicia climática, al igual que crear incentivos y desincentivos para el sector privado.
En cuanto a la implementación de las políticas climáticas, el estudio de la PCL propone fortalecer las capacidades locales y sub-nacionales, razón del fracaso de esas políticas, en reiteradas oportunidades. Igualmente, definir un organismo o unidad de implementación inter-institucional e inter-jurisdiccional, así como desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación continua. Así mismo, establecer jurídicamente mecanismos de rendición de cuentas, e impulsar la efectiva implementación de las políticas climáticas existentes.
Para la fortaleza Institucional en políticas públicas, el estudio desarrollado por la PCL plantea: integrar la gestión del cambio climático en los distintos órganos públicos y ministerios. También, otorgar la mayor jerarquía institucional a la entidad pública coordinadora de la gestión climática, tanto en presupuesto como en planificación. Igualmente, optimizar las capacidades técnicas estatales, fortalecer el carácter preventivo, y fortalecer la normativa vinculada al ordenamiento ambiental del territorio.
En comunicación social, para políticas climáticas, el estudio de la PCL sugiere mayor sensibilización y educación sobre la gravedad del cambio climático y sus riesgos para la seguridad humana. También, desarrollar estrategias como campañas de información, inclusión del tema en los sistemas educativos, medios de comunicación, y redes sociales, entre otros.
Igualmente, considera prioritarios los ejemplos e historias cercanas, fácilmente comprensibles y adaptadas a cada realidad y sector en especial. Finalmente, subraya adoptar políticas preventivas, de alerta temprana, y adaptación a los impactos.
La simple comparación de los mejores datos y estudios disponibles muestran que las limitaciones son más que los avances en Bolivia. Aparentemente, tendríamos que concentrarnos, a marcha forzada, en lograr la mayor implementación efectiva de nuestras políticas climáticas, durante 2014. ¿Podrá el gobierno hacerlo en un año electoral decisivo para la continuidad presidencial de Evo Morales? ¿Tendrá energía, tiempo, personal, y presupuesto disponibles y suficientes?
Si no lo logramos, perderíamos credibilidad, corriendo el riesgo de quedar aislados nuevamente. La historia de la cumbre climática de Cancún, podría volver a repetirse, cuando Bolivia se opuso a lo que el resto (casi 200 naciones) acordó. La presidencia de la cumbre respondió: ¡hay consenso, sin unanimidad! Bolivia argumentó enérgicamente que, mientras hubiera una nación en desacuerdo, no había consenso. La respuesta de la presidencia fue tajante: consenso no significa la tiranía de una nación sobre el resto de las naciones…
* Exclusivo para HoyBolivia.com, producido por ECOcom, con el apoyo del Fondo Periodístico de Desarrollo Compatible con el clima de CDKN. Enviado en red foroba
LA POSICION INTERNACIONAL DE BOLIVIA
El cambio en la política climática internacional empezó a gestarse en 2009, cuando el Gobierno de Bolivia (GdB) cambió el personal y las competencias del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), debilitándolo mucho.
“Ya no protagoniza el diseño de políticas de adaptación y mitigación para el cambio climático, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, afirmó un análisis institucional de la política pública climática boliviana. El PNCC mantuvo su personal sin cambios durante 15 años, recogiendo mucha información e implementando proyectos, generando una buena base teórica y práctica.
Un mapeo de actores del contexto de Cambio Climático en Bolivia señala el cambio destacado en la participación de las cumbres climáticas de la onU: “Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinaba con el Ministerio de Medio Ambiente a cargo y el PNCC. La parte diplomática era marginal y había un fuerte componente técnico. Ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó el protagonismo, con un fuerte componente político. El PNCC tiene una participación secundaria”.
En abril de 2010, el GdB organizó la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra”, en Tiquipaya. Allí, reclamó el pago de la deuda climática, así como el cambio del modelo de desarrollo capitalista y consumista, al que consideró como “causa estructural del cambio climático”.
En Tiquipaya también se exigió que los países industrializados reduzcan en su territorio sus propias emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Igualmente, que cumplan sus compromisos de transferir recursos económicos, tecnología, y fortalezcan las capacidades de los países en desarrollo.
Para el GdB, la cumbre de Tiquipaya estableció mandatos vinculantes en políticas, estrategias y acciones nacionales para aumentar su resilencia climática. Esta consiste en aumentar la capacidad de amortiguar impactos, auto-organizarse, y adaptarse al cambio climático, según definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, Tiquipaya rechazó los mecanismos de mercado, como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de bosques. El GdB cuestiona vincular bosques a mercados mundiales de carbono por razones éticas. Sospecha que significaría transformar la Madre Tierra en una mercancía. Además, que los acuerdos de mercado pueden conducir a la pérdida de soberanía de los Estados y las personas, en el uso y manejo de sus recursos naturales.
En las negociaciones internacionales de cambio climático, el GdB propuso un mecanismo alternativo a los mercados, para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal de los países en desarrollo, con áreas significativas de bosque. Este enfoque alternativo a REDD, llamado “Vida Sustentable del Bosque”, fue presentado en la 17va Cumbre Climática de Durban 2011, y fue introducido en los textos aprobados de la onU.
Actualmente, este mecanismo se está desarrollando en Bolivia, enfocado en experiencias comunitarias de manejo forestal para mitigar y adaptarse al cambio climático. Se trata de iniciativas en curso, basadas generalmente en procesos de gestión territorial, y en múltiples arreglos institucionales entre sectores públicos, privados, y comunitarios.
LAS EMISIONES BOLIVIANAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Los inventarios nacionales de la última década (1990-2000) indican que la mayor emisión de GEIs en Bolivia se debe a lo que los especialistas llaman “cambio en el uso de la tierra y silvicultura” (CUTS). Esto significa deforestación o degradación de bosques, por incendios forestales o porque se los convierte en tierras para producción agrícola o ganadera.
Más de la mitad de las emisiones bolivianas de GEIs (59%) provenían de CUTS en 1990. Hacia mediados de la década (1994) habían disminuido un poco (56%). Hacia finales de 1998 disminuyeron por debajo de la mitad (36%), para luego subir (40%) en el año 2000, según datos del análisis de Mauricio Zaballa Romero, para el PNCC. Los inventarios nacionales posteriores señalan una tendencia creciente, sin sobrepasar la mitad (48% en 2002, y 44% en 2004).
La actividad agrícola tiene sus propias emisiones de GEIs, adicionales a las de CUTS. El análisis de Zaballa la identifica como la segunda mayor, con un rango del 15 al 25% (24% en 1990; 22% en 1994; 15% en 1998; y 17% en el 2000). El sector de la energía han estado entre el 10 al 20% (16% en 1990; 20% en 1994; 12% en 1998; y 11% 2000).
Zaballa advierte que el descenso en las emisiones agrícolas y energéticas se debe a la mejora en los inventarios de los procesos Industriales. A partir de 1998, se logró reportar los halofluorocarbonados (HFCs), gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global. Esto incrementó el porcentaje de emisiones de GEI industriales a 35% en 1998 y 30% en el 2000, disminuyendo el porcentaje de las agrícolas y de energía.
El inventario de emisiones del año 2000 refleja la matriz más o menos estable de GEI bolivianos: la agricultura y bosques juntos emiten 5 octavas partes (57%), la industria 2 octavas partes (30%), el sector energético y los residuos 1 octava parte (energía 11%; residuos 2%).
MAGNITUD Y CAUSAS DE LA DEFORESTACION
La deforestación creció exponencialmente en los últimos decenios en Bolivia. En las décadas de los 70 y 80, se deforestaron cerca de 170 mil hectáreas (ha) cada año, según Wachholtz (168.012 ha, entre 1975 y 1993). En la década siguiente, aumentó 100 mil hectáreas más por año. Es decir 270.000 ha, afirma un informe de Bolivia para el Secretariado de REDD en la onU (entre 1993 y 2000).
En la década del 2000, Muñoz estima que la cifra puede alcanzar hasta medio millón de hectáreas (Para 2004 y 2005 en áreas iguales o mayores a 5,3 ha se registraron 276.000 y 281.283 hectáreas deforestadas, respectivamente. La estimación de medio millón incluye áreas menores a 5,3 ha).
La deforestación ha disminuido hasta un poco más de 200.000 ha/año en los últimos reportes, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) (en 2008, 298.817 ha; en 2009, 259.446 ha; en 2010, 212.074 ha).
El marco legal forestal boliviano (Ley 1700) ha demostrado ciertas limitaciones, coinciden varios especialistas. Fundamentan su opinión en que menos de la mitad (9 de un potencial de 25 millones de hectáreas de producción forestal) cuentan con planes de manejo. Además, no ha permitido reducir la deforestación y la degradación de los bosques.
Pero las causas de la deforestación parecen estar fuera del sector forestal, al menos en parte. Según datos de la ABT, históricamente menos de 7 de cada 10 hectáreas deforestadas fueron ocasionadas por la gran empresa agropecuaria (66 %). Menos de 2 de cada 10 hectáreas deforestadas fueron producidos por colonizadores del altiplano que ocuparon bosques en las tierras bajas (15%).
Un poco más de 1 de cada 10 hectáreas fueron deforestadas por campesinos o pequeños productores (12 %). Finalmente, menos de 1 de cada 10 hectáreas fueron deforestadas por indígenas para agricultura de subsistencia, así como por colonizadores japoneses y menonitas (5 % y 2% respectivamente).
Otra causa de la deforestación, en la que coinciden varios investigadores, es la visión agrarista de la sociedad boliviana. Esta genera políticas y leyes que incentivan la conversión de bosques en tierras agrícolas y pecuarias. La Ley Agraria inició la distribución de tierras forestales con criterios agrícolas, décadas atrás.
Esta visión se mantiene en el actual gobierno de Evo Morales, con la ley de reconducción comunitaria modificada; así como con el impulso a la agricultura en comunidades que habitan los bosques. El supuesto de ambas es incrementar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, concuerdan varios especialistas.
Igualmente hay consenso entre diferentes investigadores en que la deforestación también ha sido estimulada por políticas de promoción de las exportaciones, que han alentado el crecimiento de la agricultura mecanizada. De la misma forma, por la política de tierras, que han provocado la especulación de la misma.
Un estudio, de 2001, calculó las reducciones de GEI que Bolivia podría alcanzar entre 2001 y 2012. El potencial ascendía a 903 millones de toneladas de carbono (CO2), la mayoría (97,67%) correspondía al sector CUTS (882 millones de toneladas de CO2).
Otro estudio, titulado “Potencial de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) en Bolivia”, fue realizado en la década pasada (2008). La deforestación acumulada es de 13 millones de hectáreas. Esto “muestra un amplio potencial para la reducción de la deforestación en las próximas décadas”, afirmó el estudio.
UNA EVALUACION INTERNACIONAL DE LA POLITICA CLIMATICA BOLIVIANA
La política climática de Bolivia fue evaluada por el Instituto Mundial de Recursos en 2012 (WRI, por sus siglas en inglés). Entre las principales conclusiones, el WRI afirma que prevalecen problemas con la generación de datos meteorológicos, así como debilidad en las instituciones y poca difusión.
Las evaluaciones se enfocan en los impactos, pero no contribuyen a entender escenarios futuros, considerando escasamente los aspectos sociales de la vulnerabilidad al cambio climático. En la priorización, participaron los ministerios sectoriales, pero muy poco los ministerios de planificación y finanzas.
El mismo informe destaca la coordinación para “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra”, y la fuerte coordinación para definir posición en negociaciones internacionales. En cambio, es escasa la coordinación para implementar la agenda nacional. La implementación de la gestión de riesgos sólo es a nivel de proyectos puntuales, reportó el WRI.
LA URGENCIA CLIMATICA
Por otra parte, la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) recordó que América Latina y el Caribe son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. Como ejemplo, señaló la sequía del 2009 en Uruguay, que causó un perjuicio económico estimado en el 1.5% de su Producto Interno Bruto.
También el fenómeno de La Niña en Colombia, que causó lluvias e inundaciones record en 2012, afectando más de 2 millones de personas, generando cuantiosos daños materiales. Así mismo, la PCL citó las sequías prolongadas del Paraguay de los últimos años, que colocó a pequeños productores rurales en inseguridad alimentaria. Esto motivó la declaración de situación de emergencia alimentaria, para la agricultura familiar indígena en 2012.
En Ecuador, las sequías causaron la pérdida del 45% de en los cultivos transitorios y el 11% de los cultivos permanentes, entre 2002 y 2007, concluyó la PCL, al advertir que “la lista puede seguir en toda América Latina, razón por la cual se requiere adoptar urgentemente medidas específicas”.
ESTUDIO COMPARATIVO DE 10 PAISES
Los casos mencionados por la PCL forman parte del estudio “El Estado y la Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo en América Latina”, basado en informes nacionales de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, y Uruguay.
Una de las conclusiones centrales del estudio es que las políticas públicas climáticas, sean regionales, nacionales, o sub-nacionales, han sido poco efectivas. Si bien el estudio reconoce avances en la formulación de las políticas, especialmente en el desarrollo de “institucionalidad climática”, existe fuerte déficit en la efectiva implementación de las mismas.
El estudio de la PCL recuerda que los impactos del cambio climático en América Latina son cada vez más preocupantes. Especialmente, en el sector agropecuario y forestal, causantes de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero en el continente. Pero también, son muy dependientes de las condiciones climáticas, y muy importantes en la economía, empleo, y exportaciones de los países Latinoamericanos.
Lo anterior causa vulnerabilidad económica, social, ambiental, y política en los países del continente. Esto se debe a que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad humana, las condiciones para reducir la pobreza, y la capacidad de los Estados para sostener políticas de desarrollo sustentable.
El estudio de la PCL recomienda a los países adoptar políticas climáticas consensuadas, a través de diálogos amplios con todos los sectores sociales. Así cubrirían todo el ciclo de vida de las políticas, con apoyo político y social sostenido.
Igualmente recomienda armonizar los objetivos climáticos con otras políticas de desarrollo. De la misma manera, privilegiar la prevención sobre la reacción, y asignar recursos suficientes, especialmente presupuestarios. El estudio subraya la importancia del trabajo en múltiples niveles, con múltiples actores, promoviendo la legitimidad, sostenibilidad, e impacto real de las políticas.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA POLITICAS CLIMATICAS
El estudio de la PCL incluye recomendaciones específicas en la calidad del diseño de las políticas climáticas, entre otras: participación multisectorial, multinivel, y multidisciplinaria; articular políticas climáticas con otras políticas sectoriales o macroeconómicas nacionales, y contar con información legítima y relevante.
También recomienda descentralizar los procesos de diseño, establecer recursos presupuestarios, y ordenar ambientalmente del territorio con enfoque sensible al cambio climático. Finalmente, sugiere anclar las políticas climáticas en la mayor jerarquía jurídica nacional, mejor aún con mecanismos procesales vinculados, como la justicia climática, al igual que crear incentivos y desincentivos para el sector privado.
En cuanto a la implementación de las políticas climáticas, el estudio de la PCL propone fortalecer las capacidades locales y sub-nacionales, razón del fracaso de esas políticas, en reiteradas oportunidades. Igualmente, definir un organismo o unidad de implementación inter-institucional e inter-jurisdiccional, así como desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación continua. Así mismo, establecer jurídicamente mecanismos de rendición de cuentas, e impulsar la efectiva implementación de las políticas climáticas existentes.
Para la fortaleza Institucional en políticas públicas, el estudio desarrollado por la PCL plantea: integrar la gestión del cambio climático en los distintos órganos públicos y ministerios. También, otorgar la mayor jerarquía institucional a la entidad pública coordinadora de la gestión climática, tanto en presupuesto como en planificación. Igualmente, optimizar las capacidades técnicas estatales, fortalecer el carácter preventivo, y fortalecer la normativa vinculada al ordenamiento ambiental del territorio.
En comunicación social, para políticas climáticas, el estudio de la PCL sugiere mayor sensibilización y educación sobre la gravedad del cambio climático y sus riesgos para la seguridad humana. También, desarrollar estrategias como campañas de información, inclusión del tema en los sistemas educativos, medios de comunicación, y redes sociales, entre otros.
Igualmente, considera prioritarios los ejemplos e historias cercanas, fácilmente comprensibles y adaptadas a cada realidad y sector en especial. Finalmente, subraya adoptar políticas preventivas, de alerta temprana, y adaptación a los impactos.
La simple comparación de los mejores datos y estudios disponibles muestran que las limitaciones son más que los avances en Bolivia. Aparentemente, tendríamos que concentrarnos, a marcha forzada, en lograr la mayor implementación efectiva de nuestras políticas climáticas, durante 2014. ¿Podrá el gobierno hacerlo en un año electoral decisivo para la continuidad presidencial de Evo Morales? ¿Tendrá energía, tiempo, personal, y presupuesto disponibles y suficientes?
Si no lo logramos, perderíamos credibilidad, corriendo el riesgo de quedar aislados nuevamente. La historia de la cumbre climática de Cancún, podría volver a repetirse, cuando Bolivia se opuso a lo que el resto (casi 200 naciones) acordó. La presidencia de la cumbre respondió: ¡hay consenso, sin unanimidad! Bolivia argumentó enérgicamente que, mientras hubiera una nación en desacuerdo, no había consenso. La respuesta de la presidencia fue tajante: consenso no significa la tiranía de una nación sobre el resto de las naciones…
* Exclusivo para HoyBolivia.com, producido por ECOcom, con el apoyo del Fondo Periodístico de Desarrollo Compatible con el clima de CDKN. Enviado en red foroba
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