Torturas acalladas
tras las rejas Por Alejandra Rojas Cardozo
Hablar de casos de tortura en tiempos de democracia resulta
inconcebible por las garantías existentes que prohíben hechos que causen severo
dolor o sufrimiento, ya sea físico o mental.
Los recintos penitenciarios son los lugares donde las
denuncias de torturas pocas veces son denunciadas. / Fernando Romero, ABC Color
Una semana atrás tomaba estado público una serie de
fotografías que evidenciaban tortura en internos del penal Padre Juan Antonio
de la Vega de Emboscada, a través de un informe del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNP).
Esto a pesar de que el Código Penal en su artículo 309 y su
modificatoria (Ley 4.614/12) y concordantes prohíben todo tipo de tortura y la
Constitución Nacional hace lo propio, agregando su imprescriptibilidad.
La serie de denuncias hechas por los mismos internos de la
Penitenciaría de Emboscada – en cuyo predio funcionan dos penales con
diferentes directores- surgen en diciembre del 2013, con hechos de violencia
ocurridos el día 6 de ese mes durante una requisa en el Antiguo Penal y son
sindicados como principales responsables el propio Hugo Alberto Zarza (director
de la otra cárcel que funciona en el lugar: Padre Juan Ignacio de la Vega)
junto con tres guardiacárceles.
La denuncia fue radicada el 17 de diciembre, según informó a
ABC Color el fiscal encargado del caso, Santiago González Bibolini. Sin
embargo, hasta el momento no se tuvieron mayores avances en las
investigaciones, pues recién para luego de la Semana Santa están convocadas
estas personas para prestar declaración indagatoria, teniendo en cuenta lo
dicho por el agente.
“El MNP solicitó reiteradamente al Ministerio Público el
desarrollo de sistemas de protección a víctimas de tortura en situación de
encierro, sin que el mismo sea desarrollado hasta el momento”, reza un
comunicado de la dependencia del Ministerio de Defensa.
González Bibolini sostuvo en este sentido que actualmente
analizan qué tipo penal será utilizado en este caso pues en los puntos
descriptos –a pesar de haberse registrado patadas y golpes- “no he notado que
existan conductas que puedan atribuirse a tortura”, puntualizó.
NUEVO CASO
Estos hechos no salieron a la luz hasta los últimos sucesos
en la misma cárcel de Emboscada, socializados a través de un informe presentado
y donde se evidenciaban a través de fotografías los malos tratos de los cuales
varios internos eran víctimas.
El informe detalla que además de las golpizas recibidas por
los reos desde su entrada al recinto penitenciario como una “bienvenida” y como
una advertencia para acatar las disposiciones disciplinarias, deben soportar
estar encerrados en sus celdas semanas enteras sin salir al patio del penal.
A raíz de esta situación, tomó cartas en el asunto el
Ministerio de Justicia con una intervención iniciada el mismo día de la
publicación del informe por el Mecanismo -3 de abril- procediendo además a la
separación del cargo al director Hugo Zarza, según precisó el pasado martes
Francisco Quiñónez, director de Establecimientos Penitenciarios.
CONTRADICCIONES
Hugo Zarza, en una conversación con este diario, negaba
categóricamente los hechos de violencia, no obstante caía en contradicciones al
afirmar que los casos puntuales de violencia eran aprovechados por reclusos que
se dedican al tráfico de drogas y que estarían siendo afectados en su negocio,
pues de los 850 presos, según dijo, al menos 500 son adictos a estupefacientes.
Los reclusos por su parte, según una nota acercada por el
abogado Richard Abel Chaparro, defensor de uno de los encarcelados, con 697
firmas admiten falencias “en materia de recreo, hacinamiento, visitas privadas
y otros y no en perjuicio de la seguridad interna y del eficiente control” sin
señalar explícitamente si son o no víctimas de las torturas denunciadas.
Independientemente a las contradicciones en estos casos, el
Gobierno debe realizar aún una ardua tarea para contrarrestar este tipo de
situaciones, especialmente en lugares como cárceles, donde denuncias de esta
índole son fácilmente acalladas en víctimas sin voz o simplemente ignoradas por
la sociedad y más aún en un país marcado por un largo periodo en el que las
autoridades hacían uso y abuso del poder para perpetrar hechos deleznables y en
detrimento de la dignidad humana.
Por los hechos acaecidos, lamentablemente se evidencia una
vez más que perdura en la piel del paraguayo su creencia de que para “corregir”
ciertas actitudes no concordantes con “lo que debe ser” el uso de la violencia
es una constante. TOMADO DE ABC DE PARAGUAY
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