Contundente rechazo al proyecto de ley de “Convivencia
Ambiental”
El pasado 11 de abril expusieron con mirada crítica sobre
la nueva Ley de Ambiente más de diez organizaciones, asambleas y vecinxs de la
provincia de Córdoba. El rechazo fue total hacia la autoridad de aplicación de
las leyes vigentes como en tratamiento.Cobertura ECOS Cordoba
Sucedió en la legislatura provincial entrada las 10:42 de la
mañana y ante la sola presencia de la Comisión de Asuntos Ecológicos presidida
por Dante Heredia de Unión por Córdoba, quién se encargó de aclarar los ejes de
la reunión. “La idea nuestra es que este proyecto esté en consideración
previa de los sectores que tienen opinión sobre la cuestión ambiental sobre la
provincia de Córdoba”
Heredia propone una nueva reunión para cuando se logre un
consenso definitivo. Se estima que tratarán la ley para la primer quincena de
mayo. “Lo volveremos a molestar, no va a ser la primera ni la última vez que nos
veamos”. Al tiempo que enfatiza: “Esto no es una audiencia pública. Esto es una
reunión de trabajo por lo cuales los señores legisladores en representación del
cuerpo completo, escuchan lo que el pueblo tiene para decir con respecto a este
proyecto de Ley”.
Participaron de la convocatoria referentes de asambleas
ciudadanas y vecinxs, para realizar ponencias entre críticas y revisiones al
proyecto de Ley en discusión. Entre los presentes: Matías Marizza-Gastón
Mazzalay – Malvinas Lucha por la Vida | Agustín Filippi – FUNDEPS (Fundación de
Políticas Sustentables) | Carlos Guillot y Lucía Castellanos – Vecinos de
Chavascate- Candonga | Silvia Cruz, Mirta Caón, Armando Brizuela – VUDAS
(Barrio San Antonio) | Cristina Arnulphi – CASA (Córdoba Asamblea SocioAmbiental)
y Mónica Andrada (Malvinas Argentinas) | Lorenzo Salvador Cejas Pincen y Mateo
Martinez (Organización Nación Mapuche) | Juan Carlos Ferrero y Dra. Marcela
Fernández – ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio) | Elías Tulián (
Comunidad Tulián San Marcos Sierras) | Medardo Ávila Vazquez y Dr. Darío Ávila
– REDUAS (Red de Médicos de Pueblos Fumigados) | Fernando Barri – Asambleas de
vecinos de Punilla Sur | Daniela Arce – Bouwer Sin Basura | Carlos Bazan y
Eduardo Ahamendaburu – CTA (Central Trabajadores de Argentina) | Jeraldin
Bertolo – Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos | Juan Nicastro – Villa
Giardino Despierta | Noelia Agüero- Juarez Celman Sin Basura. Los Legisladorxs
Clavijo FC, Vigna UCR, Del Boca FC, Birri PS, Frencia FIT.
A continuación las pruebas en formato de audios de este
contundente rechazo y sus fundamentos.
Matías Marizza y Gastón Mazzalay de Malvinas Lucha por la
Vida: ”Esta es una Ley Monsanto. La provincia rechaza el informe de
estudio de impacto ambiental, con la promesa de que el conflicto social se va a
saldar y el conflicto se ha dilatado. Se violó el uso del suelo la Ley 9841. Se
busca legalizar las irregularidades que se cometieron en los actos
administrativos anteriores a los permisos. No es transparente la Ley con
respecto a la consulta, no aclara cuando va a ser consulta popular o audiencia
pública, lo deja a criterio discrecional de la autoridad de aplicación”.
Agustín Filippi de FUNDEPS: ”El proyecto carece
de normas operativas, deja todo sujeto a la reglamentación y a la autoridad de
aplicación. Los objetivos se perciben para el logro de una buena convivencia,
no a partir del logro. Ordenamiento territorial: no solo hay actividades
humanas con el entorno si no entre sí y las actividades humanas con impacto sobre
asentamientos o comunidades. Participación ciudadana no es solamente el
carácter de ciudadano el que nos permite participar sino el de persona, toda
persona tiene derecho a ser consultada (distinto al derecho de opinar)”.
Carlos Guillot y Lucía Castellanos, vecinos de Chavascate
– Candonga: ”Hay especulación inmobiliaria, estamos creciendo a un 5%
anual, cuando la provincia crece un 7% en 10 años. No hay peor ley que la que
no se aplica. ¿Cómo funciona la autoridad de aplicación de la Ley? Tenemos 18
notas hechas con el municipio y la cooperativa de agua y no se respeta a la
audiencia pública ni a las instituciones. Nos imputaron los abogados que nos
promovían el Amparo Juan Smith y Constantino. ¿Qué fuerza tiene la Ley si ésta
consulta va a quedar librada a una voluntad política, cuando la ley que ahora
debería estar vigente tampoco se cumple?”.
Silvia Cruz, Mirta Caón y Armando Brizuela de VUDAS
(Barrio San Antonio): ”La leyes existen. Después de haber pasado 3
años nos damos cuenta que las leyes están, pero si no hay quien las cumpla es
igual a nada. La planta Porta hoy no tiene estudio de impacto ambiental. Las
empresas se auto auditan. Y no tenemos acceso a la información pública. Un 35%
de los vecinos sufren problemas respiratorios. Enfermedades que afectan a un 3%
de la población encontramos a un 20% en estas condiciones”.
Lorenzo Salvador, Cejas Pincen y Mateo Martinez de la
Organización Nación Mapuche: ”Tratado de paz de año 1973 con
Argentina, en el compromiso a no invadir los territorios indígenas. Existe una
política sistemática para negar nuestros derechos. Formamos parte de la
resistencia contra Monsanto con toda la contaminación que implica y el desastre
ecológico que puede promover su instalación”.
Cristina Arnulphi (CASA) caso Mónica Andrada de Malvinas
Argentinas: ”Los problemas ambientales de Córdoba no se originan por
la falta de instrumentos legales sino por la falta de vocación política para
instrumentar organismos de resguardo ambiental. El proyecto de Ley es
simplemente un trámite que le permitirá a las corporaciones como Monsanto
accionar con mayor impunidad. Las víctimas no están contempladas en ninguna
ley. Está todo atravesando por la corrupción. Es la lucha en defensa de nuestro
territorio. Los próceres dejaron la vida. ¿Qué vida van a dejar los
legisladores?”.
Juan Carlos Ferrero y Dra. Marcela Fernández de ADARSA
(Asociación de Amigos del Río San Antonio): ”Estamos en Emergencia
Ambiental y esta nueva Ley no complementa nada, no profundiza, contradice la
ley Nacional. Este proyecto tiene sus normas programáticas, no operativas, con
una utilización deficiente del lenguaje, escasa técnica legislativa al no
utilizar los verbos en tiempos presentes como debe legislarse sin avances
concretos a la consulta ciudadana, mecanismos, modos, tiempos. Menciona al
ciudadano y no al habitante o persona”.
Elías Tulián de la Comunidad Tulián de San Marcos
Sierras: ”El territorio es una unidad compleja e indivisible. El
ordenamiento territorial debe entenderse como una construcción social y
colectiva. Exigimos que se deba incluir la reparación de los daños ambientales,
de nada sirve una ley que no es capaz de poner sanciones ante su posible
violación. En relación a los pueblos originarios solicitamos se incorpore un artículo
del convenio 169 de la OIT”.
Medardo Ávila Vazquez de REDUAS: “Hay conflicto
y deviene de una crisis ambiental que esta ley no reconoce. La convivencia
ambiental es para no tener tantos problemas políticos los gobiernos. Somos
damnificados y esta es una lucha de derechos vulnerados. Avanzan enfermedades
que han sido olvidadas por los médicos, como el dengue, etc., consecuencia de
los cambios en la biodiversidad y los cambios ambientales. La consulta popular
debe ser llevada adelante por la justicia electoral y ser parte del Estudio de
Impacto Ambiental”.
Fernando Barri de las Asambleas de vecinxs de Punilla
Sur: ”Desde que se aprobó Ley de Bosque se han perdido más de 10.000
ha. autorizadas. Córdoba es la provincia que más capital natural ha perdido en
los últimos años. Si esta Ley no aporta un mecanismo claro de vinculación con
al opinión ciudadana va a ser más de lo mismo. ¿Cuánto del presupuesto
provincial va ir a el área de política ambiental? Vamos a tener que seguir
cambiando la realidad por fuera del estado haciendo de contralor, con las pocas
herramientas que tenemos, ayudando a la sociedad”.
Darío Ávila de REDUAS: ”Rechazamos en forma
absoluta, total e integral éste proyecto. Desde el origen es una Ley viciada e
inconstitucional. No es necesario dictar una ley de adhesión a la ley de
presupuestos mínimos (derecho común), porque actúa en las provincias de manera
directa. Las provincias pueden complementar maximizando las normas de
protección de la Ley General de la Nación”.
Daniela Arce de “Bouwer Sin Basura”: ”Las cosas
se están haciendo mal en materia ambiental. Hagan una ley que se cumpla. No se
remedió el basural cerrado en el 2010 y ya votaron una nueva expropiación a tan
solo a 600 metros del anterior. Somos el destino de la basura. Las decisiones
que tomen es trascendental en la vida de las personas”.
Carlos Bazán y Eduardo Andemaburu de CTA: “Luchamos
contra la desposesión de los bienes comunes. Las empresa que contaminan hacia
afuera y lo hacen hacia adentro con los trabajadores. Esta es una ley que no
mira hacia el futuro, le pone un parche al presente. El conflicto ambiental es
distinto al problema ambiental y este no le importa a la provincia”.
Jeraldin Bertolo de la Asamblea Río Cuarto Sin
Agrotóxicos: ”El proyecto de Ley contiene vacíos legales, es ambiguo y
lo es de manera intencional con el fin de dar continuidad a las políticas
neoliberales implementadas en los 90. Establece premios a empresa que reduzcan
la contaminación y no sanciones ni remediación. No hay avance normativo. ¿A
quiénes beneficia este proyecto de Ley?”
Juan Nicastro de Giardino Despierta: ”Hay
conflicto y una respuesta que va por el lado de la represión, a veces se
utiliza la policía, a una patota, a veces una ley que quiere aplacar la defensa
de la salud y del agua. Lo que tiene que ver con la ecología oculta la pobreza
y la desigualdad. No hay contacto con la realidad. Necesitamos una ley
transformadora que nos ayuden a cambiar las estructuras, el sistema, que
promueva alternativas. Los que nos une es la política, la defensa del bien
común. Hagamos una ley donde el ambiente no quede en manos de las empresas”.
Noelia Agüero de Estación Juarez Celman: ”Enfático
rechazo al proyecto de ley, presentado en el marco político del conflicto
social, generado en el intento de instalación de Monsanto. No contiene otros
problemas como los incendios e inundaciones. Exigimos la Emergencia Ambiental.
Coartan los derechos de los ciudadanos. Es una falacia discursiva, medidas
arbitrarias y autoritarias. No prioriza la participación ciudadana”. enviado por osvaldo pimpiganato de foroba
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