Megaminería: una
promesa inconclusa en la montaña La minería metalífera multiplicó su desarrollo
un 300%, pero también crecieron las denuncias de los ambientalistas; hoy los
empresarios critican la presión fiscal, concentrada en la Nación Por Marcelo
Veneranda
Sólo el año pasado, después de remover 40 millones de
toneladas de montaña catamarqueña y usar 24 mil millones de litros de agua
fresca, la minera La Alumbrera extrajo 440.922 toneladas de concentrado de
cobre y oro, 32.000 onzas de oro doré y 3829 toneladas de molibdeno, que una
vez en el puerto valieron 1026 millones de dólares. A 40 kilómetros de la mina,
en Andalgalá, no sale agua potable en los baños del hospital público. Tampoco
hay oftalmólogo, traumatólogo ni oncólogo. El 80 por ciento de esta localidad
no tiene cloacas y más de la mitad de los vecinos están desempleados o no
tienen un trabajo registrado. Así planteado, el debate de la minería metalífera
en la década kirchnerista empieza mal. Porque es mucho más complejo e involucra
las visiones irreconciliables de los ambientalistas, de los pobladores que
exigen desarrollo para sus comunidades, de quienes sí encontraron un trabajo y
un futuro en las minas y de las compañías inversoras. Y porque, además, de 2003
a 2013 no sólo se triplicaron las exportaciones mineras hasta los 4090 millones
de dólares el año pasado. También, junto al desarrollo agigantado del sector se
multiplicaron las andalgalás. El Algarrobo. Aldo
Flores y Alejandro de las Cuevas se turnan para cuidar el piquete que bloquea
el camino más corto a Agua Rica, el yacimiento ubicado a 17 kilómetros de
Andalgalá.
¿Y el Estado? La pregunta vale oro para las mineras y agua
para los ambientalistas. Porque con la minería el Gobierno marcó una de las
contradicciones más grandes frente a su discurso de Derechos Humanos, al tomar
partido por las compañías, la mayoría de capitales internacionales, contra las
denuncias de los ambientalistas, las comunidades originarias y quienes
reclamaban su derecho al acceso al agua. También vetó la ley que protegía los
glaciares y, tras la insistencia del Congreso, retrasó su aplicación.
La paradoja es que hoy el malestar se extiende también al
sector minero, que mira con envidia el clima de inversión en Chile y Perú, y
despotrica contra la creciente presión fiscal que, sumada a la caída de los
precios internacionales de los metales, hizo que varios megaproyectos se
frenaran en los últimos años. Según la consultora Abeceb, en 2013, la Nación
recaudó 6745 millones de pesos de las mineras
El Gobierno discrepa y celebra. "La década ha sido
verdaderamente ganada: los números son los más altos de la historia",
indicó a LA NACION el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Cuando Néstor
Kichner asumió la presidencia, había 18 proyectos en el país. Hoy hay más de
700 y gracias a la exploración de 7 millones de metros perforados, detectamos
que somos uno de los países con mayores reservas metalíferas del mundo. Además,
sólo en los primeros siete meses del año exportamos por 2500 millones de
dólares, la mitad de lo que genera el complejo sojero."
El impacto fiscal es uno de los ejes de este debate, con un
claro ganador: las arcas del Tesoro nacional, en detrimento de las provincias
y, sobre todo, las localidades vecinas a los yacimientos. Según la consultora
Abeceb, en 2013, la Nación recaudó 6745 millones de pesos de las mineras: $
2715 millones de impuesto a las ganancias, $ 1960 millones por retenciones, $
170 millones por IVA y $ 1800 millones por aportes a la Seguridad Social. Los
100 millones restantes fueron por las utilidades que reparte a las
universidades la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD),
conformada en Catamarca por el Estado provincial, la Universidad Nacional de
Tucumán y La Alumbrera. Las provincias en conjunto recaudaron $ 1245 millones,
de los cuales la mitad se explican por el impuesto a los ingresos brutos y las
regalías (les corresponde sólo el 3%). La otra mitad llegó a través de las
empresas públicas que se crearon para asociarse a las mineras, como YMAD, que
reciben un porcentaje de las utilidades de las mineras. "Son una idea
nuestra", destacó Mayoral. Sin este tipo de aportes, la torta tributaría
quedaría en un 92% en manos de la Nación. Si se toma sólo La Alumbrera, en 2013
aportó al fisco $ 1945 millones, de los cuales 483,7 millones fueron para
Catamarca. Es el 25% de todo lo que recauda la provincia y casi el 70% de lo
que aportan en impuestos todas las actividades productivas locales. La mina
está en proceso de cierre, que se estima para 2016. Será una catástrofe para
las finanzas provinciales y los sueldos estatales, salvo que se explote la mina
Agua Rica, ubicada a 17 kilómetros de Andalgalá, sobre la cuenca de su río. LA
NACION consultó al gobierno de la kirchnerista Lucía Corpacci para saber si
había un "plan B" financiero en caso de que Agua Rica no comience a
producir antes de que La Alumbrera se cierre. No hubo respuesta. "Esto es
vida o muerte, porque si llega Agua Rica no hay agua para nosotros. ¡La puta
madre que vamos a pelear, hemos perdido el miedo!", dice Aldo Flores,
maestro jubilado y uno de los pocos voluntarios que cuidan el piquete de la
Asamblea de El Algarrobo, que corta el camino más corto para los camiones de la
mina. Llegan por otras vías.
"Nunca nos preguntaron si
queríamos vivir así. Acá nunca llegó el crecimiento que prometieron",
comenta Sergio Martínez, empleado judicial e impulsor del amparo ambiental que,
tras cuatro años de trabas, fue aceptado la semana pasada por la procuración
general de la Nación. "Agua Rica no va a empezar. Es nuestra
victoria", se ilusiona. Meses atrás, la suiza Glencore, accionista
principal de La Alumbrera, decidió no comprar Agua Rica, perteneciente a la
canadiense Yamana Gold, que comenzó a buscar otros inversores. La empresa
sostiene que, pese al amparo ambiental, trabaja "con normalidad" en
exploración y mantenimiento de los campamentos. Mayoral piensa lo mismo. De
hecho, fuentes del sector minero explican que el freno de Agua Rica no se
explica tanto por la decisión pendiente de la Corte Suprema de la Nación, sino
en la retracción de inversiones a nivel mundial y, en particular, en la
Argentina. A cielo abierto. Vista
panorámica del yacimiento Bajo La Alumbrera, del que cada año se extraen 40
millones de toneladas de roca. La empresa explora hoy, a sólo 2
kilómetros.
"Es lo mismo que pasó con la brasileña Vale, que iba a
invertir 6000 millones de dólares en Potasio Río Colorado y, con sólo irse,
dejó en emergencia las cuentas de Mendoza. Y es lo que hace que Barrick Gold no
sufra demasiado el freno que Chile puso al proyecto binacional Pascua-Lama. Los
proyectos se pausan porque el riesgo de invertir en el país y la presión fiscal
aumentan. El resto son excusas", agregó la fuente.Bajo la sombra del
algarrobo, junto a un piquete que no son más que dos cubiertas de auto
abandonadas, Aldo Flores y Alejandro de las Cuevas enumeran casos de cáncer,
malformaciones y enfermos "escondidos" en hospitales de otras
provincias. "El gobierno provincial esconde los registros
sanitarios", denuncian. Más allá de los casos que dicen haber presenciado
o escuchado, su única prueba documental es una hoja firmada por cuatro médicos
de Andalgalá que habla de aumentos de 800% de cáncer y que culpa a la mina. Los mineros desmienten esas denuncias con una investigación
de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), que en 2010 no
registró variables significativas en cáncer de niños y adultos catamarqueños
contra la media nacional. Pero recomendó mejorar el sistema de vigilancia
sanitaria de la provincia. El intendente de Andalgalá también critica a la
megaminería. "Hemos regalado la soberanía y el agua y los únicos que ganan
son ellos. Las regalías son ínfimas", se queja Alejandro Páez. Su
municipio recibe un millón de pesos por mes por regalías de La Alumbrera, que
emplea de manera directa a poco más de un centenar de vecinos. "Acá la
gente va dependiendo cada vez más del plan y el mejor médico es tomarse una
ambulancia a Catamarca", denuncia. Mientras el hospital local se deteriora
a la vista,
"Este terreno era puro yuyo, ahora tengo maíz. Antes no
teníamos agua, nada", dice Contreras, que trabaja al sol y solo, pese a
sus seis hijos. Tres son mineros. Los otros tres, desempleados, aspiran a una
"beca", que también financia la mina. Desde el hospital hasta el
acueducto, todo se deduce de las regalías que la minera debe pagar a la
provincia, pero en cierta forma la empresa decidió encarar por su cuenta obras
y servicios que el Estado no realiza, incluso cuando recibe los fondos. Para los
críticos, es demasiado tarde. Pero también es cierto que, salvo recursos, el
Estado nacional y provincial le exigieron poco a la mina desde un principio. Y
la controlaron menos. Si lo hicieron, no se notó demasiado. Allí surge otra
clave de la minería en la Argentina: la urgencia por recaudar versus una
planificación sustentable de la actividad. "La empresa se maneja con
estándares internacionales y el primero de ellos es cumplir la ley local.
Siempre lo hicimos y hoy estamos haciendo más que eso", se defienden en La
Alumbrera. El kirchnerismo recibió (o coescribió) del menemismo un régimen
legal minero laxo en controles, al que le agregó normativas para favorecer la
compra de insumos y servicios locales y, sobre todo, legislación tributaria. "Hubo
un gran empuje a la inversión pero no se adecuaron las instituciones: no hay
transparencia ni un plan sustentable y los controles son realizados por un
Estado que es socio de los mineros", resume Daniel Taillant, director de
Cedha, la entidad que, sobre la base de imágenes satelitales y un mapeo de
suelos congelados de la Universidad de Zurich, relevó la existencia de
glaciares afectados por empresas mineras. El hospital. Los carteles son provinciales,
pero quien construye el nuevo hospital de Andalgalá es la minera La Alumbrera.
Busca mejorar la aceptación de la actividad por los vecinos.
"El inventario de glaciares que exige la ley va a
relevar los glaciares descubiertos, pero no vamos a saber dónde hay suelos
congelados saturados en hielo, que son los que regulan el agua que reciben las
cuencas y está protegidos por la ley", completa el esposo de la ex
secretaria de Ambiente Romina Piccolotti, investigada por administración
fraudulenta durante su gestión. "Renunció contra el veto a la ley de glaciares.
La persecución fue consecuencia de eso", sostiene Taillant. Más allá de
las voces de un lado o del otro, lo cierto es que los gobernadores mineros
fueron los primeros en oponerse en los tribunales a la ley de glaciares, con
planteos idénticos a los de las mineras extranjeras. Mientras Cristina Kirchner
demoraba la ley con un veto, redactaron normas ambientales propias más laxas y
encargaron sus propios inventarios de glaciares, que no descubrieron nada
irregular.
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