PRESERVAR LA
SOBERANÍA SOBRE LAS SEMILLAS Y EVITAR MAYORES
Es responsabilidad del Estado Nacional resolver a favor de los
agricultores argentinos o de las compañías transnacionales. COMUNICADO DE
PRENSA - FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA Durante los últimos años, la
multinacional Monsanto ha realizado intentos de avanzar sobre los recursos y
soberanía de los países, patentando la biodiversidad, entablando demandas o
promoviendo la modificación de legislación vigente que ampara los derechos de
los agricultores al uso propio de las semillas. El patentamiento de la
biodiversidad y los riesgos que ello implica, es materia de intensos debates en
ámbitos académicos y a nivel de las organizaciones sociales que resistimos este
avance. El cultivo de soja modificada genéticamente fue aprobado por nuestro país
en el año 1996. En los años subsiguientes el cultivo se expandió y Monsanto
intentó cobrar regalías por el "derecho intelectual" sobre las
semillas producidas por los agricultores argentinos. Desde Federación Agraria
Argentina -y el gobierno nacional de entonces- nos opusimos el pago y en 2006,
Monsanto -pretendiendo el cobro de un porcentaje de las exportaciones
nacionales-, intentó en Europa frenar judicialmente varios buques que
transportaban harina de soja producida en nuestro país, alegando que Argentina
les debía regalías por sus supuestas patentes, pero la justicia europea falló
en contra de la multinacional. A pesar de los intentos de la multinacional para
modificar la legislación vigente según su conveniencia, amparados por la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nro. 20.247, los agricultores hemos
ejercido el derecho al uso propio de semillas: podemos reservar y sembrar
semillas para nuestro propio uso, o usar y vender como materia prima o
alimento. Hoy, fracasada esta resiente estrategia de Monsanto, utilizando un
acuerdo con las empresas exportadoras de granos que operan en el país, pretende
cobrar no solo por la semilla que adquiere el agricultor, sino un monto fijo
por cada tonelada de granos de soja comercializado y sus derivados, en concepto
de "regalías" por supuestas patentes que operarían sobre seres vivos,
tal como son las plantas de la oleaginosa. Esta "obligación" impuesta
a los agricultores desde un sector privado multinacional -los exportadores de
granos y Monsanto, significa una acción monopólica de quien -abusando de la
posición dominante propia y de las empresas con las que se sirve para la
exacción-, sojuzga con condiciones de comercialización a un país soberano.
Conlleva también, una nueva carga a los agricultores -quienes debido a la
modalidad impuesta, sin saberlo y sin quererlo-consienten que Monsanto se
apropie de una parte sustancial de su cosecha con el pretexto de cobrarse una
supuesta regalía que debió resolverse en la relación cliente-proveedor que
tiene la compañía con los semilleros que incorporan su tecnología a las
semillas que año a año liberan al mercado argentino y que los productores pagan
en cada campaña. A partir de los recientes acuerdos celebrados entre Monsanto y
las compañías exportadoras –que aplicarían a partir del 1ro de Abril y que
permitirían el control por parte de Monsanto de cada grano que pretenda
exportase desde nuestro país-, todo el sistema de cultivo y comercialización de
soja será regulado por Monsanto, determinando no solo quiénes pueden
multiplicar, sino también sembrar, reservar, acopiar, comercializar y exportar
los granos, imponiendo condiciones leoninas, cobrando sobre el volumen
producido y controlando a todos los actores de la cadena productiva y de
comercialización. La pretensión de Monsanto, no solo implica el cobro de
regalías por la tecnología aplicada en la semilla, sino por la totalidad del
volumen producido y comercializado por cada agricultor: una fabulosa
apropiación indebida del aporte realizado por los productores mediante saberes
y labores culturales transmitidas entre generaciones de agricultores
-vinculadas a la selección de semillas, reproducción y reserva, rotación y
preservación de los suelos de la unidad productiva-, así como de la inversión
realizada en infraestructura y maquinaria adecuada para ello, por cada
agricultor. No estamos dispuestos a convertirnos en "la mano de obra
barata y tercerizada" de multinacional alguna, ni a que patenten nuestros
saberes, nuestro oficio de agricultores, nuestros suelos, ni la soberanía
productiva y comercial de nuestro país. Solicitamos al Estado nacional que,
como en el año 2006, adopte medidas que prioricen la soberanía argentina y los
derechos de los agricultores reconocidos en la legislación vigente:
- que regule las cláusulas de los contratos y convenios con
los que pretende avanzar Monsanto;
- que intervenga ante el abuso de la posición dominante por
parte de Monsanto y de las empresas con las que sirve;
- que profundice el fortalecimiento del Instituto Nacional
de Semillas (INASE) -que desde hace su restablecimiento en 2004 aún no ha
constituido su Directorio-;
- que el INASE controle debidamente el comercio ilegal de
semillas y la estrategia de distribución de los materiales biotecnológicos por
parte de sus obtentores, para que se realice de manera responsable, evitando
contaminaciones y difusiones masivas especulativas.
Ninguna excusa es válida al momento de detener el atropello
a la soberanía productiva y comercial de un pueblo, de un país o de sus
productores. Ninguna excusa será suficiente cuando hayan avanzado hacia
patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores,
los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos.
El 14 de diciembre de 2004 la Federación Agraria Argentina
advertía:
"Lo que está en juego:
Lo que está en juego es un avance más en el aumento de
costos para el pequeño y mediano productor, la pérdida de derechos y soberanía
tecnológica y la consolidación de una agricultura concentrada, de gran escala y
bajo costos que solamente los grandes pueden afrontar, consolidando una
agricultura que expulsa al pequeño productor. Esto, sumado a un aumento sobre
la base de reglas de mercado como único factor ordenador siguen marcando un
camino de agricultura sin agricultores que pone en riesgo a los pueblos del
interior y a la integración nacional."
Hoy, el 27 de marzo de 2015, lamentablemente, mantiene su
vigencia frente al riesgo inminente, el 1 de abril de 2015, de entrada en
vigencia los contratos impuestos por Monsanto y las agroexportadoras. FEDERACION
AGRARIA ARGENTINA TOMADO DE ENVIO DE PREGON AGROPECUARIO DE AR
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