Talavera: Canal no se
va a quedar “a medio palo”
El portavoz de la comisión nacional del Canal Interoceánico
asegura que Nicaragua contará con los 50,000 millones de dólares para financiar
la construcción de la megaobra DIBU Así
luciría el Canal de Nicaragua, según HKND. El gobierno de Nicaragua asegura que contará con los 50.000
millones de dólares para financiar la construcción del canal interoceánico y
que la obra no quede inconclusa, afirmó una autoridad oficial, sin precisar la
procedencia de los fondos. "Está la plata, no es que se va a quedar a
medio palo (empezar sin terminar). Es un flujo (de fondos) que se va (a
desembolsar) en cinco años" a medida que avance el proyecto, declaró a la
AFP el portavoz de la comisión nacional del Canal Interoceánico, Telémaco
Talavera. La construcción de la vía interoceánica, de 278 km de longitud y
hasta 500 metros de ancho -tres veces más grande que la de Panamá- se
prolongará hasta 2019 y constará de subproyectos como un aeropuerto, dos
puertos, una zona franca, y complejos turísticos y habitacionales. Te interesa:
HKND estudia suelo donde se construirá puerto de Brito Talavera explicó que hay
dos tipos de inversión, la de las obras propias del canal y la de instalación
de empresas proveedoras de material -como fábricas de cemento o acero- o
prestadoras de servicios. Las obras preparatorias del megaproyecto -carreteras
de acceso- fueron inauguradas el 22 de diciembre por el presidente Daniel
Ortega y el empresario chino, Wang Jing, dueño de HK Nicaragua Development Invesment
(HKND), a la que el gobierno otorgó en 2013 la concesión para construirlo y
operarlo por 50 años, prorrogable por otro período igual. La cifra de 50.000
millones de dólares que cuesta el canal -cinco veces el PIB del país- "es
bastante plata para Nicaragua, pero no para el mundo" que tiene interés en
una obra de esta magnitud, sostuvo. "Hay un desborde de empresarios"
de países europeos, de Estados Unidos y de Asia que están interesados y están
llegando a Nicaragua para recibir información de las autoridades, apuntó
Talavera. Los aspectos financieros del proyecto son manejados a discreción
tanto por el gobierno como por Wang. El magnate chino ha dicho que "es
normal en cualquier negociación comercial" no revelar el nombre de los
socios. Los panameños, que inicialmente no daban crédito a la vía por
Nicaragua, ahora "están convencidos que el canal va para adelante",
subrayó Talavera, quien señaló que las obras de construcción de la vía
arrancarán en 2016. Pero además, añadió, "están claros que será
complementario y que va a dinamizar el comercio" porque permitirá el paso
de buques de hasta 23.000 contenedores, en tanto que con la ampliación del
Canal de Panamá se prevé que podrán pasar a partir de 2016 embarcaciones de
hasta 14.000 contenedores. El proyecto "está avanzando con la construcción
de los caminos para el acceso de la maquinaria pesada; está finalizando el
diseño de la obra y los ajustes dentro de la propia ruta y completando el
estudio ambiental y social para luego pasar a las licitaciones", precisó
Talavera. Sin viabilidad ambiental "no hay canal" Organismos
ambientalistas nicaragüenses han advertido que el proyecto no es viable
ambientalmente y que es un riesgo para la conservación de la biodiversidad y
recursos naturales como el Lago Cocibolca, segunda fuente de agua dulce de
América Latina después del Titicaca. Pero Talavera comentó que el estudio
ambiental de la obra se encuentra en la etapa final de procesamiento y estará
terminado en abril. "Son cientos de miles de datos de suelos, agua, aire,
ruido, biodiversidad. Si el estudio de impacto ambiental indica que (el canal)
no es viable, (entonces) no hay canal", aseguró. El proyecto enfrenta
también la oposición de algunas comunidades de campesinos e indígenas que serán
afectadas por la construcción del proyecto, que realizan protestas desde
finales de 2014, pues rechazan ser desalojados de sus localidades.
La ruta La ruta
del canal comenzará en la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe, y
pasará por el Lago Cocibolca hasta salir por el río Brito, en el Pacífico. Unas
28.000 personas que viven en puntos de esa ruta serán desarraigadas de sus
comunidades. "Hay que hacer una negociación en cada caso sobre la
propiedad ya sea por pago o permuta. Comprendo la situación de las protestas es
un derecho que tiene la gente (...) sería raro que no hubiera
incertidumbre", comentó el funcionario.
El gobierno es responsable de ver que ese proceso se realice
y el pago de indemnización de propiedades es parte de los costos del proyecto,
agregó. TOMADO DE NUEVO DIARIO DE NICARAGUA
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