Los
argentinos que vuelven a comer solo una vez al día
3,4 millones
de personas sufre inseguridad alimentaria en un país que produce para 400
millones. Los afectados se organizan en comedores sociales
Manifestación
para denunciar el hambre y la precariedad en Buenos Aires, Argentina, en 2018.
AFP
Alejandro
Rebossio
Los argentinos que vuelven a comer solo una
vez al día
Uno de cada cinco niños argentinos sufre
mala alimentación por pobreza
“Si no frenamos el cambio climático
volverán las hambrunas”
Cuando los hijos se convierten en el
salario
Una difícil batalla para erradicar el
hambre infantil
Cecilia D.
forma parte del grupo de argentinos que ha comenzado a comer una vez al día por
culpa de la crisis que atraviesa su país. En lugar de almorzar y cenar, esta
mujer de 35 años de la ciudad industrial de Campana (80 kilómetros al norte de
Buenos Aires), su marido discapacitado y sus tres hijos mayores —tiene un
cuarto de cinco meses— unifica la comida diaria a las seis de la tarde porque
no les alcanza para más. “Nunca me pasó de comer una sola vez por día… ni en la
crisis de 2001”, recuerda Cecilia sobre aquella catástrofe socioeconómica y
política que sufrió Argentina a principios de siglo, una crisis de proporciones
mayores que la actual. Claro que en aquel tiempo, ella tenía 18 años, no era
madre, vivía de cuidar a una niña y con su familia iban a clubes de trueque
para intercambiar bienes básicos.
En el centro
de salud de su barrio, el San Cayetano, Cecilia conseguía hasta octubre pasado
dos kilos de leche fortificada en polvo para su bebé, como parte de un plan
estatal para menores de dos años, pero en noviembre una enfermera colgó un
cartel que alertaba: “no hay leche hasta nuevo aviso” y la sequía continuó
hasta enero. Ahora se reparte solo un kilo mensual por niño y no dos, como
antes. En San Cayetano, los vecinos han abierto en sus casas unos seis
comedores populares en los últimos tres años, pero hasta ahora Cecilia se las
ha arreglado sin asistir a estos centros que se sostienen con aportes variados,
desde el Estado e iglesias católicas y evangélicas hasta organizaciones
sociales y donaciones de particulares, incluidos algunos residentes del mismo
vecindario que están un poco mejor otros.
Lo que
sufren Cecilia y su familia es lo que también padecen otros 3,4 millones de
argentinos, el 7,9% del total, según el Barómetro de la Deuda Social que
elabora la Universidad Católica Argentina (UCA). Ese porcentaje afronta una
inseguridad alimentaria severa, lo que técnicamente significa una reducción
involuntaria de la porción de comida o la percepción de experiencia de hambre
por problemas económicos en los últimos 12 meses. “En 2018 tuvo lugar un
incremento significativo de la inseguridad alimentaria severa y se explicaría
principalmente a partir del deterioro de la situación de los hogares de
estratos bajos en el conurbano bonaerense y en otras áreas metropolitanas”,
explica el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA,
Agustín Salvia. El nivel de 2018 representa el mayor de la serie iniciada en
2010, cuando al salir de la última crisis mundial llegaba al 7,6%, en el Gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner. En 2015, último año de gestión de la
expresidenta, había bajado al 6,1% y volvió a saltar en 2018, tercer año de la
administración de Mauricio Macri.
El hambre de
3,4 millones de personas en un país que produce alimentos para 400 millones
alarma. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, ensaya
una respuesta a esta contradicción. Representa a agricultores considerados
medianos en este país, el octavo de mayor extensión del planeta. Cada uno cuenta
con 300 o 400 hectáreas en la Pampa húmeda o 1.000 en las zonas áridas: “No
tenemos una distribución equitativa de los recursos. Hay una concentración de
la riqueza en pocas manos. Hay políticas que deben ser un poquito más
regulatorias, tener un Estado virtuoso que esté equilibrando la cadena, porque
tenemos un sector productivo que percibe valores por debajo a veces de los
costes y, en la otra punta de la cadena, un consumidor que recibe precios
abusivos”. En el campo argentino existen 276.000 unidades productivas de todo
tamaño, según el último censo de 2008.
Me da impotencia lo que le pasa a
Argentina: tenemos todo para estar bien, tierra, agua, pero estamos más pobres
Cecilia, vecina de Campana
En el barrio
de San Cayetano, en Campana, algunas vecinas agrupadas en el Movimiento Evita
—en homenaje a Eva Duarte de Perón, segunda esposa del expresidente Juan
Domingo Perón— han montado una huerta comunitaria en el terreno de la casa de
una de ellas, Emilce Lumbrera, de 50 años, casada, con hijos mayores de edad,
pero que cuida a dos sobrinos. Lo han logrado con el asesoramiento del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el acompañamiento de una
asociación civil, De Puertas Abiertas, y con el llamado salario social
complementario —equivalente a medio sueldo mínimo, unos 125 euros mensuales—
que las organizaciones sociales como el Evita lograron acordar en 2016 con el
Gobierno de Macri, en el marco de una ley de Emergencia Social.
Ese mismo
año también comenzó el comedor en el lote de la misma vivienda de Emilce.
“Teníamos los planes (salarios complementarios) y había que hacer algo (como
contraprestación). Entonces creamos el merendero Los Pollitos del Evita, porque
también tenemos un gallinero, porque veíamos que las necesidades se
acrecentaban. Hay familias de las que somos el sostén”, cuenta Emilce, que
ofrece los lunes, jueves y viernes la merienda y los miércoles, el almuerzo a
entre 50 y 70 niños. El Movimiento Evita le provee la mayoría de los alimentos
a partir de aportes estatales. También reciben donaciones de vecinos del barrio
y de la capital argentina.
En el
comedor de su casa, Emilce cuenta que recibe a muchos que comen solo una vez
por día: “Acá viene una abuela con sus cuatro nietos, madres separadas, una
señora con 11 hijos, otra que trabaja por horas (en servicio doméstico) y manda
a las cinco nenas. Había familias que antes vivían de ir a buscar metales y
cartón a la quema (vertedero) y de ahí se traían carne y verdura, pero en 2018
la cerraron y ahora vienen al comedor. O no tienen trabajo o no les alcanza la
plata (dinero)”. La referente del Evita en el barrio confiesa haber visto el
hambre: “Lo ves cuando el chico se lleva lo que sobra. Entonces viene con una
mochila o una botella o un jarrito para llevarse la leche”.
Pero
Cecilia, la madre de cuatro hijos que suele comer una vez por día, se las apaña
por su cuenta. Ella antes se mantenía con la venta de arroz, fideos, puré de
tomate, zumos, huevos y bombonas en su casa, en un barrio sin supermercados,
pero las ventas comenzaron a caer desde 2016. “Pasé de sacar 5.000 pesos (297
euros de entonces) o 6.000 (356 euros) por mes a ni 1.000 (59 euros), no me
alcanzaba para reponer la mercadería”, recuerda. Al año siguiente, desempolvó
el curso de ocho meses que había hecho de acompañante terapéutico y salió a
trabajar como tal. Claro que cobraba el equivalente a 358 euros por una jornada
completa y sin que su empleador cumpliera con las contribuciones a la Seguridad
Social. Pero en diciembre de 2017 renunció porque quedó embarazada. Se ha
puesto a vender pañales en su casa.
“Igualmente,
la situación está jodida”, lamenta. En noviembre y diciembre pasados, últimos
meses del ciclo lectivo en Argentina, sus hijos mayores, de siete, diez y 15
años fueron día de por medio a la escuela porque les faltaba dinero para el
autobús que los lleva hasta el centro de Campana. También se ha atrasado en las
cuotas de compra de su lavadora. Su marido ha dejado de tomar las pastillas por
su hipertensión arterial. Apenas les alcanza para comer. “Carne (vacuna) no
comemos más”, cuenta en uno de los países con mayor consumo per cápita. “Alguna
vez comemos milanesa de pollo. Mi cuñado me regala fruta. Comemos guiso de
arroz, fideos o lentejas, o papas fritas. Pan, no. Galletitas, sí. Cuando
comemos a la tarde, hago un bizcochuelo (tarta) para que pasen la mañana. Y a
la noche tomamos té o mate”, relata, después de pedirles a sus hijos que
dejaran el salón y se fueran a mirar televisión. Y eso que en su precario
barrio no paga por la electricidad ni el agua potable. El Estado se hace cargo.
Pero le resultan insuficientes los 133 euros de la pensión de su marido, los
128 de las asignaciones por sus cuatro hijos y lo que obtiene de los pañales.
“Los chicos
se dan cuenta de lo que pasa, pero al menos están bien”, se resigna Cecilia.
“Al de 15 le choca más porque sus compañeros se compran ropa, van a fiestas”,
cuenta. Señala la casa de un matrimonio vecino que está en el paro. Otro al que
despidieron de un astillero. “Me da impotencia lo que le pasa a Argentina:
tenemos todo para estar bien, tierra, agua, pero estamos más pobres. Me da
tristeza por mis hijos. La educación, que es lo único que les puedo dar, decayó
respecto a mis tiempos”, cuenta esta mujer que ha terminado la escuela
secundaria. “Y no es que salís y conseguís trabajo”, aclara.
No tenemos una distribución equitativa de
los recursos. Hay una concentración de la riqueza en pocas manos
Carlos Achetoni, presidente de la
Federación Argentina Agraria
“La gente
piensa que nos pagan las cosas, que somos vagos, que somos choripaneros (así
los llaman de modo despectivo aquellos que piensan que supuestamente los
beneficiarios de los planes asistenciales se conforman con un choripán,
bocadillo de chorizo)”, cuenta Emilce, la referente del Movimiento Evita en San
Cayetano. “Pero los vecinos hacen lo que pueden”, relata. Por eso ha puesto a
disposición su casa. “Una siempre apuesta a su barrio, a mejorar la calidad de
vida. Al menos podés paliar la situación”, pelea Emilce, que en 2018 recibió
durante un mes a los niños del comedor de la escuela del barrio, que se había
quedado sin gas y, por tanto, sin cocina. Los vecinos se acercan a pedirle
yerba mate, latas de tomate, leche o maíz. Las 40 mujeres de su cooperativa no
solo colaboran en la huerta, el gallinero o el comedor, sino que también están
obligadas a completar la secundaria y reciben capacitaciones en violencia de
género, economía popular, promoción de la salud o huerta. También se organizan
para hacer compras comunitarias de alimentos.
En el mismo
barrio, un comedor está organizado por otro de los movimientos sociales que
pactaron con el Gobierno de Macri la emergencia social, aunque se posicionan
como opositores: Barrios de Pie. Su coordinador nacional, Daniel Menéndez,
analiza el cuadro social de su país: “En 2018 se instaló otra vez en Argentina
el problema del hambre. Es un problema recurrente a lo largo de nuestra
historia. Desde hace unos cuantos años la inflación sumada a un frenazo de la
actividad económica ha hecho oscilar la pobreza entre un 20 y un 25%, pero en
2018, con la devaluación (del peso) que vivimos, con una subida del dólar de
más del 100%, con la consiguiente disparada de los precios de los alimentos,
sumado al derrumbe de la economía, se vuelven a poblar los comedores
comunitarios a lo largo de nuestra patria. Entonces las asignaciones y los
planes de empleo empiezan a ser insuficientes, por la falta de trabajo”.
Barrios de Pie mantiene 2.000 comedores en Argentina. “Empiezan nuevos
problemas como la malnutrición. Por eso insistimos en que se declaren la
emergencia alimentaria”, reclama Menéndez.
El
Ministerio de Desarrollo Social de Argentina fue consultado para este artículo,
pero guardó silencio. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de
Buenos Aires, donde se encuentra Campana y viven casi cuatro de cada diez
argentinos, alega que en 2016 creó un programa de un vaso de leche por día para
434.000 niños y embarazadas. También añade que ha aumentado el presupuesto de
la tarjeta Más Vida para compra de alimentos para 300.000 familias y el de los
comedores escolares a los que asisten 1,7 millones de alumnos, ha creado un
apoyo para que espacios comunitarios den comida a unas 50.000 familias, aunque
cada una recibe solo 11 euros por mes, a la vez que entrega 1,2 millones de
kilos mensuales de alimentos a comedores. La vida de Cecilia y de muchos otros
bonaerenses demuestran que no alcanza. Tomado de el país un diario global
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