Argentina: Situación económica y perspectivas a fines de julio 2020
Por Juan C. Sánchez Arnau
Estamos ante una crisis tanto o más grave que la del 2001/2002. En ese último año el PBI cayó un 10,89%. El pronóstico del relevamiento mensual del BCRA indica una baja del 12,9% para el año en curso. La diferencia con el 2002 es que entonces estábamos en un mundo en permanente crecimiento del comercio y del PB de nuestros principales socios comerciales (solo Brasil no se había todavía recuperado plenamente de su crisis de 1999) y el Gobierno argentino tenía un plan de salida (devaluación, pesificación, contención del gasto público). La situación actual es totalmente diferente y la pandemia y las medidas para combatirla continúan afectando la marcha de la economía.
Como producto de la cuarentena, la caída de la actividad económica ha sido generalizada y muy fuerte. Mayo 2020 contra mayo 2019 la caída de la producción fue del 20,6%, si bien se recuperó algo en junio y julio. El último relevamiento de la Unión Industrial Argentina resumió la situación de la industria en los siguientes términos:
• Los sectores de mayor caída fueron el sector automotriz
(-84,1%), la industria electrónica de consumo (-71%), minerales no metálicos
(-51%), metales básicos (51,1%), productos textiles (-33,9%), metalmecánica
(-32,8%) y refinación de petróleo (-27,5%).
• Aunque en menor medida, los rubros considerados esenciales también se
vieron afectados por el freno de la actividad, como sustancias y productos
químicos (10,9%, que incluye la caída de -3,3% interanual en ventas de
medicamentos), papel y cartón (-8,9%) y alimentos y bebidas (-3,6%).
La construcción sufrió una parálisis casi total y otro tanto
ha sucedido con el comercio, el turismo y los más diversos servicios.
Como consecuencia de la situación pre-existente y del
impacto del cuadro arriba descrito, la situación social actual del país es muy
grave. Con las cifras que acaba de publicar el INDEC sobre “desigualdad” a
marzo de 2020, se puede estimar que, ya en ese momento, algo menos del 50% de
la población que habita en los grandes centros urbanos estaba por debajo de la
línea de pobreza. Y que la indigencia, por primera vez, superaba el 20%.
Esto se explica, en gran medida, por la situación del empleo. Siempre según el INDEC, a fines de marzo ya había una desocupación abierta del 10,4% y una subocupación del 11,7%, pero estos números se ven agravados por el hecho de que en muchos distritos importantes (Corrientes, Gran Tucumán, Concordia, San Nicolás) la tasa de empleo está por debajo del 40%, es decir que la gente ya ni busca trabajo y por eso no aparecen como desempleados, mientras que en todo el país crece la tasa de “empleados que buscan empleo”, porque no les alcanza el ingreso.
Como producto de la cuarentena, en abril y mayo perdieron su puesto 284.881 trabajadores registrados, a pesar de la prohibición de despedir y de la doble indemnización en caso de despido injustificado. Parte de este proceso lo explica, en ese mismo período, la desaparición de 18.146 empresas. Y las únicas cifras sobre pérdida de empleo informal pueden estimarse a partir de la cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En junio, sobre 8,9 millones de beneficiarios, el 67% o sea 5,5 millones fueron trabajadores informales o desocupados.
Además, los índices de pobreza y de indigencia del INDEC se ven morigerados por la baja tasa de inflación actual, contenida por la congelación de precios y tarifas. Se ha calculado que el 83% de los componentes del IPC se encuentran “controlados” y en la medida en que se ajusten las tarifas de los servicios o de los combustibles o se comiencen a liberar precios, aumentará la tasa de inflación y en paralelo lo hará la cantidad de hogares e individuos que se encuentren por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.
Para hacer frente a la grave situación social, la heredada y la creada por la cuarentena, y a las consecuencias que ésta ha tenido sobre el sector productivo, el Gobierno ha establecido un conjunto de planes y adoptado diversas medidas, a las que dedicó aproximadamente 4 puntos del PBI. Esto es alrededor de un tercio de los recursos que utilizaron, en promedio, el conjunto de los países industrializados en esta emergencia. En el primer semestre, el gasto primario fue de $ 3.024,7 MM (miles de millones, o sea en este caso, más de tres billones de pesos), con ingresos que no llegaron a cubrir el 70% de ese gasto ($ 2.134,9 MM). En comparación con el año anterior, los ingresos aumentaron un 20,6% y los egresos un 73,8%, de modo que se generó un déficit primario de $ 889,8 MM, equivalente a aproximadamente un 3,6% del PBI. Cabe recordar que el déficit de todo el año 2019, llegó a solo el 0,4% del PBI.
En el aumento del gasto se destacaron $ 690,8 MM de prestaciones sociales (además de jubilaciones y pensiones); $ 293,6 MM de subsidios; $ 166,1 MM de transferencias a las provincias (con un incremento del 267,1 % respecto del año anterior) y $ 122,2 MM de déficit de las empresas públicas.
Para hacer frente a este nivel de gasto el BCRA emitió en el primer semestre $ 1.060 MM, la mayor parte de los cuales fueron transferidos al Tesoro en forma de adelantos y “utilidades”, para ser luego parcialmente retirados de la circulación a través de la colocación de Leliqs y de operaciones de pase con los bancos (670 MM de pesos). Los resultados fueron, primero, una considerable disminución de los recursos prestables por parte de los bancos: de diciembre 2019 a junio 2020, los depósitos de privados aumentaron un 69,3% mientras que los créditos solo crecieron el 30,3%; y segundo, un fuerte aumento del stock de Leliqs, que llegaron al fin de junio a los $ 1.156 MM (un billón, ciento cincuenta y seis mil millones). Esto está generando, a su vez, un fuerte déficit “quasi-fiscal”, que por ahora solo puede enjugarse con nueva emisión de Leliqs, aunque con tasas de interés en baja: desde el 55 al 32% en lo que va del año.
Esta fuerte emisión, sin contrapartida de producción, deja una importante liquidez en manos de empresas y particulares que, ante las bajas tasas de interés reales y riesgos de inflación creciente, buscan refugio en el dólar. En este contexto el sector externo
3 presenta una situación contradictoria. Por una parte, la cuenta corriente (comercio exterior y transferencias financieras) tiene un importante saldo positivo. El comercio dejó en el primer semestre del año 9.097 millones de dólares de superávit, con exportaciones de 27.388 millones e importaciones de 19.291. Ambos en franca caída con relación al primer semestre de 2019: menos 11% las expo y 23,3% las impo. En el resultado de las exportaciones han jugado en contra tanto los precios (-5%) como las cantidades (-6,3%). Las caídas más importantes han sido las de materiales de transporte (-51,3%), productos de la industria química (-20,8%) y alimentos, bebidas y tabaco (12,1%). Caída que no pudo ser compensada por el aumento de los productos básicos agrícolas (+17,7%) y ganaderos (+4,4. Estos aumentos dieron lugar a que en el mes de junio el 77% de las exportaciones se originaran en el sector agropecuario: 41,3% de manufacturas agrícolas y 35,7% de productos primarios. Esto también ha generado un importante cambio en los destinos de las exportaciones: China, India, Vietnam y Egipto pasaron a ser los mercados más dinámicos para el sector, del mismo modo que China ha pasado a ser la principal fuente de nuestras importaciones.
El otro aspecto importante del sector externo es la deuda pública. El actual Gobierno heredó una deuda total de USD 322.014 millones, de los cuales 158.772 son títulos públicos en moneda extranjera. De estos, un poco más de 66.000 millones son bonos con “sede New York”, que se han estado negociando y sobre los que se habría llegado a un acuerdo sobre la base de reducir los intereses, de un promedio de algo más del 6% al 3,1%, y de postergar vencimientos, tanto de intereses como de capital, especialmente para los próximos cinco años (de 30.500 a 4.500 millones). Se acordó también una pequeña quita de capital, y el reconocimiento de los intereses devengados y no pagados mediante la emisión de un nuevo bono. En definitiva, el Valor Presente Neto de los nuevos bonos será del 55,52% del valor de emisión, un poco más de lo esperado por el mercado antes de que se declarara el “default”. De modo que el resultado alcanzado por el Ministro de Economía es aproximadamente lo que se descontaba hace seis meses atrás, mucho más si se tiene en cuenta que los acreedores no aceptaron ninguna de las cláusulas de modificación a las condiciones bajo las que se emiten los bonos, que el Gobierno consideraba como un punto fundamental para llegar a un acuerdo. Adicionalmente, en el curso de la negociación el Ministro de Economía debió aceptar, como condición para contar con el apoyo de ciertos acreedores, la conversión de un paquete de bonos emitidos en pesos por bonos en dólares. Cabe en estas circunstancias preguntarse cuánto le ha costado al país esta interminable negociación, encarada sin contar con un plan para el funcionamiento futuro de la economía, cuya existencia habría mejorado sensiblemente el valor de la oferta argentina.
Terminada esta negociación, la próxima etapa es la renegociación de los bonos en dólares y en pesos bajo legislación argentina, cuya autorización está actualmente en manos del Poder Legislativo. Después el Gobierno nacional tendrá que ocuparse de una deuda de USD 2.123 millones “en default” con el Club de París, que entorpece el financiamiento de la importación de bienes de capital y, finalmente, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional por un total de USD 43.904 millones, que vencen entre 2021 y 2023. Esta deuda no es renegociable, sino que Argentina tiene dos opciones: cancelarla con recursos propios, con los que no cuenta por ahora, o negociar un nuevo acuerdo que, inevitablemente, vendrá acompañado de las condiciones que el FMI establece para poder prestar a un país y asegurarse que este podrá reembolsar la deuda: por lo menos, superávit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos.
Al mismo tiempo, varias provincias argentinas tendrán que hacer frente a los vencimientos de sus deudas, las que superan el billón de pesos y de las cuales el 74,3% corresponden a bonos. La principal deudora (55,2% del total) es la Provincia de Buenos Aires. A su vez, varias empresas privadas también tendrán que hacer frente a importantes vencimientos originados en la emisión de bonos o de obligaciones negociables, cuyas condiciones de renovación o renegociación estarán fuertemente condicionadas por las condiciones de la macroeconomía y por los resultados de las renegociaciones de la deuda pública.
Algunas previsiones en un marco de incertidumbre
En las líneas que siguen trataremos de esbozar un conjunto de hipótesis y situaciones posibles sobre la base de las respuestas disponibles a los múltiples interrogantes que plantea la situación actual.
En primer lugar, nos referiremos a las previsiones disponibles recogidas por el Banco Central en su “Relevamiento de Expectativas Económicas”, elaborado a fines del mes de julio, sobre la base de la consulta a 41 instituciones (bancos, consultoras y otras):
Inflación a fin de 2020 Entre el 37,5 y el 39,5% Variación del PBI Entre -12,3 y -12,5% Incluyendo una reactivación en el III y el IV Trimestre, del 8 y el 6%
Tasa BADLAR 30,6% para agosto y en aumento para llegar a una tasa de Entre el 33,03 y el 34,05% en diciembre 2020
Tipo de cambio nominal Diciembre 2020 entre $ 86,2 y 86,4 por USD Diciembre 2021 $ 123,20 Déficit fiscal primario Entre $ 1.957 y 2.000 Miles de Millones Cabe señalar, sin embargo, que el proyecto de ampliación del presupuesto 2020 recientemente enviado por el Gobierno al Congreso, prevé un déficit de 2.214 MM. Con ingresos corrientes por $ 4.390 MM y egresos corrientes por $ 6.603. El déficit previsto alcanzaría a poco más del 8% del PBI.
Ahora bien, a pesar de la seriedad profesional de las instituciones consultadas por el BCRA, entendemos que sus estimaciones están sujetas a las respuestas que el futuro pueda darnos a los siguientes interrogantes:
1. ¿Cuándo y cómo se levantará la “cuarentena” y se permitirá la libre circulación de bienes y personas?
La cuarentena ha fracasado: Argentina ya supera a Italia, el Reino Unido y México en la cantidad de casos por millón de habitantes y estos siguen aumentando después de casi
150 días de mantener la misma política. Una decisión que estuvo justificada al inicio de la pandemia para dar tiempo a la adquisición de recursos sanitarios, preparación de equipos e instalaciones hospitalarias, de protocolos de intervención de médicos y auxiliares, identificación de tratamientos y testeo masivo de la población, pero que perdió sentido en la medida que, con el paso del tiempo, el número de casos seguía en aumento. La realidad de los números imponía un cambio de política que, hasta aquí, no se vislumbra que el Gobierno nacional quiera modificar. Además, los efectos secundarios de esta política son enormes. En el plano humano no está claro cuál ha sido el impacto sobre las personas que sufren otras enfermedades y no han podido o no han querido ser asistidas por miedo a contraer el virus. Tampoco es medible la angustia y el dolor que ha causado la inflexibilidad de la cuarentena sobre muchos sectores de la población a los que se les podría haber evitado el confinamiento.
Por otra parte, los efectos de una política que no previó (o lo hizo en un modo deficiente), protocolos para permitir el funcionamiento de tantas actividades productivas, a nivel general o local, como hubiera sido posible, han sido devastadores sobre la economía y el empleo.
Si no se termina o modifica substancialmente la política actual, la producción y el empleo seguirán sufriendo las consecuencias y esto, a su vez, requerirá de más recursos para paliar los efectos de la situación y los ingresos corrientes del Estado serán cada vez menos o no aumentarán lo suficiente para cubrir las nuevas necesidades. El resultado será más emisión y mayor riesgo de inflación. Estamos entonces ante el riesgo de un círculo vicioso del que parece que el Gobierno no atina a escapar. 2. Cómo enfrentará el Gobierno la situación de: i) Los desempleados y los sectores privados de recursos ii) Los pobres e indigentes iii) Las empresas en dificultades
El Tercer Relevamiento de la UIA puso en claro el grado de dificultad de las empresas para pagar impuestos (41% de las encuestadas), sus compromisos financieros (29%), el pago a proveedores (27%), las tarifas de los servicios (18%) o para el pago del aguinaldo a fines de junio (50%). Con un sistema productivo trabajando por debajo del 50% de su capacidad instalada, resultó necesario adoptar medidas para evitar la desaparición de un buen número de empresas y para permitir a otras continuar con sus actividades. Para ello se implementó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). De mayo a julio alcanzó en total a unas 328.00 empresas (unas 242.000 cada mes) que emplean aproximadamente tres millones de trabajadores, mediante el pago de una parte de los salarios, créditos subsidiados y reducciones de aportes previsionales. El 95% de esas empresas son PyMes que emplean menos de 200 trabajadores. Según las estimaciones del Gobierno los subsidios concedidos durante esos tres meses han sido del orden de los $ 121.400 millones. Como producto del mayor nivel de actividad, en agosto se estima que el número de empresas beneficiarias disminuirá a no más de 135.000. Por otra parte, se está debatiendo en estos momentos un proyecto de ley con una moratoria de impositiva y previsional, lamentablemente “ensuciada” por la inclusión de deudas de dos sectores que recaudan por cuenta del Estado y que por lo tanto no deberían ser objeto de moratoria alguna: juegos de azar y combustibles. De aprobarse esta ley y de extenderse las medidas vigentes sobre pago de salarios y las líneas de crédito ya habilitadas, habrá un cierto respiro para el sistema productivo y mayor previsibilidad por el lado de los ingresos futuros del Tesoro, pero también un menor nivel de ingresos a en la AFIP y la ANSES en el corto plazo.
Respecto de los diferentes subsidios establecidos para los sectores más vulnerables de la sociedad, cabe recordar que constituye el rubro que más ha incidido en el aumento del gasto público en el semestre ($690,8 MM) y que el número de las personas atendidas por los subsidios no ha hecho más que aumentar a medida que caía el empleo o el nivel de actividad económica. Si hubiera un cierto rebote en el corto plazo, es posible que parte de este conjunto de personas a subsidiar, disminuya, pero si sigue la cuarentena con sus actuales características, lo más probable es que no varíe o incluso que aumente. Y aquí estamos ante uno de los grandes dilemas de política económica y social de nuestro futuro: ¿convertir el actual IFE en una asignación universal permanente o desmontarlo progresivamente? Estamos hablando de casi nueve millones de beneficiarios, de los cuales un 28,2% son jóvenes de entre 18 y 24 años y un 33,3% de entre 25 y 34 años. ¿No sería más lógico subvencionar la creación de empleo y cortar lo más rápido posible este subsidio si los beneficiarios no participan de programas de educación, formación o de busca sistemática de empleo? O, en su defecto, financiar un gran plan de obra pública mano de obra intensivo, a cargo de pequeñas y medianas empresas, evitando encaminar los fondos a través de los municipios o de los llamados “movimientos sociales”, caracterizados, en general, por el clientelismo y la ineficiencia. Así también, habría creación de riqueza y al menos una parte del gasto volvería al Estado en forma de aportes previsionales e impuestos.
3. ¿Cómo va a hacer frente el Gobierno nacional ante las demandas de las provincias, especialmente a medida que se acerca la contienda electoral?
Las transferencias corrientes del Gobierno nacional a las provincias aumentaron un 267,1% en el primer semestre de este año en comparación con 2019. En ese aumento tuvieron una fuerte incidencia las transferencias del mes de abril ($ 55.102,5 millones) y mayo, mientras que en junio volvieron al nivel previo a la pandemia (algo más de 21.000 millones). La cuestión es saber si, ante la dificultad para volver a poner a funcionar la economía a pleno y a medida que nos vamos acercando a un año electoral, las demandas de las provincias no van a exigir mayores transferencias del Gobierno nacional. Parte de esta respuesta vendrá dada por la necesidad del Gobierno nacional para contar con el apoyo de ciertos gobernadores en votaciones claves en el Congreso nacional y en disminuir el riesgo de un mal resultado electoral en 2021.
4. ¿Cómo van a evolucionar los otros grandes rubros del gasto corriente: salarios, jubilaciones, déficit de las empresas públicas?
La política seguida durante los últimos meses ha consistido en atrasar los salarios del sector público y las jubilaciones con relación a la inflación. Es posible que esa política continúe en el futuro, especialmente en materia de jubilaciones. Cabe recordar que está pendiente de constitución una comisión del Poder Legislativo que debe determinar los criterios para futuros aumentos de jubilaciones y pensiones. La contrapartida es que ya se han conocido varios pronunciamientos de la Justicia acerca de la inconstitucionalidad de la aplicación del Impuesto a las ganancias a las jubilaciones y que esto puede tomar más cuerpo en los meses venideros, comprometiendo aún más las cuentas futuras de la ANSES.
En cuanto al déficit de las empresas públicas, lo primero que cabe señalar es la poca información y la falta de transparencia de estas empresas. Poco y nada sabemos sobre su funcionamiento o sus cuentas. Solo hemos podido determinar que en lo que va del año, las transferencias para cubrir su déficit operativo, tal como se expresa en la cuenta de Gastos corrientes de la Secretaría de Hacienda, no ha hecho más que crecer de mes en mes, pasando de $ 5.351 millones en enero a $ 16.668,8 millones en junio. Es difícil pensar que veamos una disminución de ese déficit en el futuro cercano. Aerolíneas Argentinas sigue casi paralizada y sin ingresos, y Aysa, el Correo Argentino y Nucleoeléctrica está por ahora con las tarifas congeladas. En cuanto a las restantes: FADEA, Belgrano Cargas, Telam, Televisión Pública Argentina o Yacimientos Carboníferos Fiscales, no hay mayores razones para pensar que, bajo las actuales circunstancias, puedan conseguir disminuir sus déficits.
5. ¿Cómo se va a manejar la política de precios y tarifas?
Con el grado de monetización actual de la economía hay dos grandes riesgos: inflación o presión sobre el tipo de cambio, que a la larga también se traduce en inflación. La posibilidad de mantener en el tiempo la congelación de precios comienza a plantear dificultades. Ya han sido necesarios los primeros ajustes. A su vez, aquellos productos cuyos precios que no están controlados, (indumentaria, equipamiento del hogar, frutas y verduras) han aumentado a niveles superiores a los de la media y es posible que vuelvan a aumentar después que comiencen a funcionar los comercios. Mientras se mantenga el actual grado de recesión y empobrecimiento, la demanda no dará lugar a aumentos inmediatos de precios, pero hay un consumo reprimido que ya liberado puede, una vez pasada la primera etapa (que será de liquidación de stocks y prioridad por obtener liquidez), dar lugar a un ajuste de precios en función de los costos de reposición.
En cuanto a las tarifas, ya hemos visto la incidencia creciente de las transferencias a las empresas públicas en el gasto corriente. Y el monumental déficit de YPF en un trimestre ($ 85.000 millones) sirve para ejemplificar lo que está pasando con las empresas, públicas y privadas, sometidas al congelamiento tarifario. Justamente en el debate del aumento del Presupuesto nacional, una de las modificaciones que se acordó al proyecto original, fue aumentar los subsidios para el transporte en las provincias y los municipios, que de otra forma no pueden seguir prestando sus servicios. Es más, la baja de la demanda (del orden del 40%) y el congelamiento de precios de los combustibles, están explicando en parte la caída del 11% de la producción de petróleo en el último trimestre.
Este será un tema extremadamente sensible en los próximos meses. El Gobierno está confrontado a la necesidad de aceptar aumentos de precios a buena parte de los 2300 productos con precios controlados, para no verse confrontado a mayores caídas de la producción y/o a eventuales faltantes en los comercios. En materia de tarifas sucede otro tanto. Si no hay ajustes tarifarios, los riesgos son caídas de producción, como en el caso de los combustibles, o deterioro en la prestación de los servicios por falta de mantenimiento o inversión. La capacidad de las empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios (como las distribuidoras de energía) sujetas a estos ajustes tarifarios ya ha encontrado un límite. De aquí en más la baja en la calidad de los servicios es casi inevitable.
El aumento progresivo de la tasa de inflación en las estimaciones del REM se supone que incluye estos ajustes de precios y tarifas. Proceder a ajustes que vayan más allá de estas previsiones, nos pone ante el riesgo de niveles de inflación que terminen desbordando en presión sobre el tipo de cambio o sobre nuevos pedidos de ajustes salariales que nos llevarían al riesgo de una espiral inflacionaria.
6. ¿Cómo será la política salarial?
En lo que se refiere
al sector público nacional, la respuesta ya viene dada por el comportamiento de
los últimos meses: mantener los salarios sensiblemente por debajo de la tasa de
inflación. Lo mismo sucederá con las jubilaciones y las pensiones. En el sector
privado formal, muy probablemente se mantendrán los acuerdos entre sindicatos y
entidades empresarias de conceder aumentos limitados para poder proteger las
fuentes de trabajo y aceptar cláusulas de suspensión con salarios reducidos.
Poco margen hay ante la evidencia de que en un año se perdieron 327.326 empleos
en el sector formal (más del 4 % del total de trabajadores del sector) y
desaparecieron 19.968 empresas.
7. Mantener las actuales políticas exigirá aumentar los
niveles de emisión monetaria y manejar el problema de la colocación de Leliqs y
el déficit quasifiscal ¿Se puede modificar?
De continuar las actuales políticas o en caso de que no se
pueda reducir su impacto fiscal, el déficit en las cuentas públicas previsto
para este año será superior al 8% del PBI Ya dijimos que el proyecto de
Presupuesto para 2021 contempla un déficit de más de dos billones de pesos.
Para atenderlo será necesario continuar con la política de emisión monetaria.
Además, el Presupuesto nada nos dice acerca del déficit “quasi-fiscal” que
corre en los balances del BCRA y no de la Tesorería.
El Presupuesto tampoco nos dice nada acerca de la
imposibilidad del BCRA de seguir haciendo adelantos a la Tesorería o de
transferir utilidades, que ya están llegado a su límite según la Carta Orgánica
del Central. Por ello, el Gobierno nacional está aprovechando la fuerte
liquidez generada por la emisión y la falta de gasto, para volver a colocar,
con éxito, Letes y bonos: 107.600 millones de pesos en estos últimos días. Y
esto a pesar de que las tasas reales no son necesariamente positivas.
De todos modos, cualquiera sea la solución que se elija, el
problema fundamental es el impacto inflacionario de esta política de subsidios
sociales y paliativos al sector empresarial. Puede haber una mayor absorción de
la emisión monetaria a medida que
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haya una reactivación y mayor gasto, pero también, como ya
vimos más arriba, hay mayores riesgos de nuevas presiones inflacionarias si se
ajustan precios o descongelan tarifas.
8. ¿Qué margen hay por el lado de las reservas?
Las reservas totales del BCRA llegan a USD 43.386 millones,
que se integran con: 10,623 millones que pertenecen a los bancos y a sus
clientes (son los encajes del sistema bancario en el BCRA); 18.845 del
recientemente renovado “swap” con China; otros 2.800 de otras operaciones de
swap y semejantes; y 4.600 millones de cuotas en los organismos
internacionales. Si se deducen los encajes, el swap de China y otras
operaciones semejantes y aquellos fondos no disponibles de los aportes a los
organismos internacionales, se estima que las “reservas de libre
disponibilidad” están entre 8 y 10.000 millones de dólares.
Aquí hay varios factores a señalar. El primero es que estas
reservas se han visto en los últimos meses favorecidas por razones que podríamos
llamar circunstanciales: la revalorización del yuan y de las tendencias en
Euros y de los USD 3.910 millones en oro. Si el dólar se volviera a revalorizar
frente al yuan y el Euro o si cae el valor del oro, las reservas también
volverán a bajar. Segundo, los depósitos del sistema bancario en dólares en
agosto del 2019 habían llegado a 32.000 millones. Esto supone retiros del
sistema bancario del orden de los 22.000 millones de dólares desde las PASO en
adelante, muestra de la poca confianza de los ahorristas en las políticas en
curso. Sin embargo, esa tendencia se ha detenido en los últimos meses por la
fuerte tendencia del público a ahorrar en dólares. Conservar esos activos
dentro del sistema es esencial, pues una corrida sobre estos depósitos solo se podría
parar con un nuevo “corralito” o una pesificación forzada. De allí la
importancia de la confianza que el BCRA pueda ofrecer al mercado. Esta es la
razón por la cual, pese al drenaje constante de divisas, no se elimina la
autorización de comprar USD 200 por mes. Tercero, en el mes de julio, a pesar
de un superávit comercial de algo más de 1.400 millones de dólares y de las
severas restricciones establecidas a las operaciones en moneda extranjera, el
BCRA perdió reservas por 568 millones de dólares. Ello se debió a la
importancia de las salidas de otros rubros además del comercio (pago de
financiamiento de importaciones, devolución de préstamos, giros de utilidades,
patentes, etc.) y al mencionado drenaje originado por las ventas individuales
de 200 dólares que han hecho más de cuatro millones de personas en un mes. Y
recordemos que no hay salidas por turismo ni viajes al exterior que generen
demanda de divisas.
Esto habla a las claras de la imperiosa necesidad de aumentar las exportaciones y de mantener las importaciones y las operaciones en divisas constreñidas al mínimo posible. En esa dirección completar la renegociación de la deuda ha sido un alivio importante, pero nos deja igual ante un cuadro que no es plenamente satisfactorio. Y esto nos lleva a una última pregunta importante.
La lógica económica indicaría la conveniencia de encarar esa negociación a la brevedad. En primer lugar, para ir despejando el camino y, eventualmente, poder llegar a disponer de algo más de reservas. En segundo lugar, para comenzar lo antes posible un plan de ajuste, que por poco que guste el término, será aquello que, de una forma u otra, antes o después, tendrá que encarar el Gobierno. El momento es oportuno, porque en medio de la pandemia, muchas de las medidas tomadas por el Gobierno son más defendibles ante el Fondo. Y este puede, por una parte, ser menos exigente en materia de disciplina fiscal en medio de las actuales circunstancias, y por otra, a través de sus exigencias para asegurar un cierto superávit fiscal, ayudar a una transición hacia un contexto de mayor racionalidad en el gasto público o incluso en la conformación de los ingresos corrientes. Más aún, asociados a las exigencias del Fondo pueden venir aportes, en forma de proyectos, del Banco Mundial, del BID o de otras instituciones financieras, que ayuden a atravesar la transición hacia un mayor equilibrio de las cuentas públicas.
El primer problema es que la velocidad para negociar no
parece ser una característica del actual Ministro de Economía ni de su equipo.
El segundo problema es que, ahora o más adelante, habrá siempre resistencia de
parte del sistema político, de los sindicatos, de estos nuevos actores que son
los “movimientos sociales” y de algunos sectores del empresariado, a los
recortes que exigirá esa mayor racionalidad o a encarar algunas de las
modificaciones en materia de legislación laboral, sindical, del sistema de
obras sociales, o del sistema impositivo que, a partir de un cierto nivel de
recurso al Fondo, este exigirá como contrapartida de los medios financieros que
avance al país. Y conflictos de este tipo no son el ideal a las puertas de una
contienda electoral.
Ahora bien, la lógica económica no siempre es compatible con la lógica política. Si el Gobierno llegara rápidamente a un acuerdo con el FMI, podría comenzar el proceso de ajuste en el curso de este año y quizás mostrar algunos resultados antes de llegar a las elecciones de octubre de 2021. Es un camino políticamente riesgoso, pero podría permitir una salida ordenada a la actual crisis.
La otra opción es aplazar la negociación hasta después de dichas elecciones y pagar los vencimientos del 2021 y quizás del 2022 con reservas, que eventualmente pueden aumentar en el futuro más o menos inmediato. Obviamente esto va a implicar que la salida de la crisis no va a ser ordenada, en el sentido de que se van a mantener las políticas seguidas hasta el presente y las modificaciones se irán haciendo a medida que las cuentas públicas o la situación social lo exijan. Con los riesgos que ello implica de pérdida del control de la situación, especialmente si la cuarentena continúa bajo las actuales condiciones por mucho tiempo más.
Por ello, sin un plan integral, que comprenda lo monetario y cambiario, la política fiscal e impositiva, y con el solo Presupuesto como guía y abierto a la modificación cada vez que las circunstancias lo exijan, será difícil alcanzar esa salida ordenada de la crisis y reencontrar el sendero del crecimiento.
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Una reflexión final
Argentina está atravesando una crisis económica sin precedentes. Y no es, por cierto, el único país del mundo que se encuentra en esa situación. Solo que en el caso de nuestro país, a un largo proceso de recesión e inflación, se agregó el freno total a la actividad económica que surgió de la pandemia primero y de la interminable “cuarentena”, después. Pero más allá del impacto humano que provoca la enfermedad, hay un impacto social que resulta difícil de medir. Los números no pueden expresar el sufrimiento y la angustia de tantos seres humanos que implican niveles generalizados de pobreza e indigencia como los actuales. Y el gran problema de nuestra sociedad para poder resolverlos, es que se ha arraigado en ella la idea de que es posible hacerlo siguiendo los mismos caminos que durante setenta años nos han llevado a una pérdida constante de ingresos, a no poder acompañar los mejores momentos de crecimiento de la economía mundial y a hacer de la nuestra la única economía en el mundo que ha vivido en inflación casi todo ese tiempo.
Como toda crisis -y valga la muletilla- esta también es una oportunidad. Y lo interesante es que incluso desde el punto de vista de las políticas económicas, lo es. En este contexto se pueden adoptar medidas y acordar soluciones a problemas de larga data que serían impensables en otro momento. Más aún, si el Gobierno perdiera esta oportunidad, no está garantizado que el país pueda salir de la crisis sin que esta todavía se profundice. En el mejor de los casos, con las recetas de siempre, seguiremos el camino de nuestra lenta decadencia.
En esa dirección es necesario recurrir a la experiencia de otras crisis y comprender que, a más de un problema económico grave, en la Argentina de hoy tenemos un nuevo flagelo peor que el Covid 19: la pobreza y la falta de empleo. De allí la necesidad imperiosa de ajustar gastos improductivos y de hacerse de recursos para poder financiar programas que requieran mucha mano de obra. Es urgente terminar con la cuarentena, manejar la epidemia con otros instrumentos y volver a poner el país a trabajar.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2020 // TOMADO DE ENVIO DE UN AMIGO
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