EN SANTA MARTA Y EL MAGDALENA
Alerta por aumento en la violación de los Derechos Humanos
La capital del Magdalena se ha convertido en una de las
ciudades con mayores escenarios de riesgo, lo que preocupa a los organismos del
Estado porque ante la alerta constante que existe, aumenta la probabilidad de
vulneración de los Derechos Humanos de núcleos sociales que requieren de la
protección y atención del Gobierno Nacional.
La diversidad cultural de la Región, los contrastes sociales
y la misma situación de conflicto que se vive en el país en general, son
factores que inciden en la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
En Santa Marta las autoridades manejan una georeferenciación
del riesgo lo que ha permitido de una u otra manera, identificar en cada comuna
del Distrito el barrio donde existe mayor preocupación y las situaciones que
allí se presentan, en aras de que actúen de forma preventiva las entidades a
las que les corresponde.
La Defensoría Regional del Pueblo, agencia encargada para la
prevención de riesgos de violación de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, elaboró el Informe de Riesgo 013 del año en curso,
en cumplimiento al Sistema de Alertas Tempranas.
Pese a que este documento ha sido entregado al Distrito,
como principal autoridad y demás entidades y organismos del Estado, no se han
adelantando las acciones pertinentes para prevenir y atender a la población que
por cualquier motivo le sean vulnerados sus derechos.
ACCIONES QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS
Hay un sinnúmero de acciones que vulneran los Derechos
Humanos, no obstante entre ellas se pueden mencionar los atentados contra la
vida, la libertad y la integridad física de la población. En este punto se
encuentra la desaparición forzada, homicidio selectivo y múltiple, masacre.
Las principales afectaciones a la población civil como
consecuencia de las acciones violentas, se encuentra el ataque indiscriminado y
los enfrentamientos con interposición de población civil; el reclutamiento
forzado, las amenazas, desplazamiento, entre otros.
También hay otras manifestaciones como los ataques con
explosivos, en los cuales se han utilizado granadas de fragmentación y
artefactos caseros, lanzados a viviendas y establecimientos de comercio. Entre
las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia o móviles,
corresponden a atentados como represalias por negarse al pago de extorsiones o
vinculación a grupos ilegales.
Los enfrentamientos armados se presentan más que todo en la
zona rural del Distrito, los cuales han dejado un gran número de víctimas.
Aunque también se han registrado casos en barrios como Pescaíto, Ondas del
Caribe, Los Fundadores y Timayuí.
De otro lado, la imposición de cobros extorsivos es otra de
las acciones que vulneran los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que ante las
presiones e intimidaciones de los grupos al margen de la Ley, las personas se
ven obligadas a pagar la suma exigida o la entrega de bienes para salvaguardar
sus vidas.
LAS CAUSAS
Las violaciones a los Derechos Humanos son cometidas
principalmente por los grupos armados ilegales quienes intentan reorganizarse
como estructura delincuencial en búsqueda del dominio territorial.
De acuerdo al monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas se
ha podido establecer que persiste la confrontación entre organizaciones
criminales ilegales.
La ‘economía de guerra’ está referida fundamentalmente al
procesamiento y comercialización del clorhidrato de cocaína y de manera
secundaria a la comercialización de combustibles de contrabando procedente de
Venezuela, a través del departamento de La Guajira y a la captura de rentas
mediante la extorsión.
Los homicidios selectivos fundados en la sospecha, el
reclutamiento forzado y la utilización de niños y adolescentes; la violencia
sexual, el desplazamiento forzado, extorsiones, el uso de bienes civiles,
enfrentamientos en medio de zonas pobladas, atentados indiscriminados, son
formas de violencia que recaen sobre la población tanto en la zona rural como
urbana.
ZONAS VULNERABLES
La georeferenciación de los delitos ha permitido identificar
las zonas más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. En muchos
barrios de Santa Marta y en la zona rural del Distrito, se presentan diferentes
situaciones que ponen en alerta a la comunidad.
Según el Informe de Riesgo 013 de 2013, los habitantes de
las veredas Marquetalia, Pueblo Nuevo, La Esmeralda, Los Linderos, Filo Seco y
Puerto Nuevo, son más propensos al desplazamiento forzado, a raíz de la
confrontación entre los grupos armados ilegales.
Con base en la localización geográfica del riesgo de la
Defensoría del Pueblo, en la Comuna Uno están identificados los barrios
Ciudadela 29 de Julio, La Lucha y María Eugenia; en la Comuna Dos, el Centro y
la zona del mercado público; en la Comuna Tres, los barrios 20 de Julio, Nacho
Vives, Juan XXIII, Olaya Herrera, Pescaíto, San Jorge y San Martín.
En la Comuna Cuatro, se encuentra el barrio 7 de Agosto, Las
Vegas; Comuna Cinco, Altos de Bahía Concha, Chimila 1 y 2, Pantano, Los
Fundadores, Luis R. Calvo, Ondas del Caribe, Tayrona 1 y 2, y Billa Betel; en
la Comuna Seis, Cantilito I, II, III y IV, Las Malvinas, Nuevo Mileno, 11 de
Noviembre, Timayuí, Tres Puentes, Garagoa, Yucal y María Cecilia; en la Comuna
Ocho, Cristo Rey, Don Jaca y La Paz.
Según los escenarios de riesgo en el corregimiento de
Guachaca están las veredas ‘Perico Aguao’’, Buritaca, Calabazo, Don Diego,
Porvenir, La Aguacatera, La Revuelta, El Mamey, Machete Pelao’, Quebrada del
Sol, Mendihuaca, Puerto Guandolo, Quebrada Valencia, Quebrada María.
POBLACIÓN VULNERABLE
Las personas que se dedican al mototaxismo son más
vulnerables a la utilización por parte de los grupos armados ilegales. De
acuerdo al Informe de Riesgo de la agencia del Ministerio Público, la actividad
como tal es empleada para encubrir el personal que realiza laborales de
inteligencia en espacios urbanos y rurales.
Muestra de ello es que la distinción entre integrantes de
grupos ilegales no es muy clara y como consecuencia de ello se han cometido
homicidios contra personas dedicadas a este oficio, el de los mototaxistas,
acusadas presuntamente de hacer parte de estos grupos. La estigmatización que
se ha derivado ocasiona una discriminación a los derechos fundamentales de
quienes se dedican a ese oficio.
Por las actividades que realizan, los comerciantes,
educadores, tenderos y transportadores son vulnerables al cobro de extorsiones,
sin embargo la población afectada no presentan las denuncias ante las
autoridades por temor a sufrir retaliaciones.
ROL DE LOS ORGANISMOS PROTECTORES
Las agencias del Ministerio Público como la Personería,
Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, son las encargadas
de alertar sobre los escenarios de riesgo donde la comunidad vaya a verse
afectada para que adopten medidas preventivas al respecto.
Inicialmente, la Defensoría y Personería son las encargadas
de atender las denuncias que presentan las personas afectadas. Según el
protocolo, las víctimas llenan los formularios para reportarlas de inmediato en
el Registro Único de Víctimas.
Desde ese momento, involucran a otras instituciones como es
el caso de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, Fiscalía General de
la Nación, Policía Nacional, entre otras, a brindar una asistencia y
acompañamiento a esta población.
DISTRITO SIN PLAN DE CONTINGENCIA
Pese a las constantes advertencias y situaciones de
vulneración de derechos, el Distrito aún no se apersona de ello y no asume las
responsabilidades que le asiste con los habitantes de esta región del país.
Esta situación preocupa a los demás organismos quienes se
sienten de cierta manera imposibilitados al no ver actuar a la Alcaldía
Distrital quien es la que debe liderar estos procesos.
En el informe 013, también se hacen una serie de sugerencias
como la política de prevención de reclutamiento forzado de los niños, niñas y
adolescentes del corregimiento de Guachaca.
Según Albeis Fuentes Pimienta, defensor Regional del Pueblo,
solo observan la labor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la
Universidad del Magdalena quienes hace poco pusieron en marcha nuevos programas
dirigidos a esta población.
El Defensor Regional del Pueblo sostuvo que no ha obtenido
una respuesta por parte de la Alcaldía Distrital que justifique el no
acatamiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de Riesgo. De
igual manera, el personero distrital, Chadan Rosado Taylor, señaló con
desconcierto que el Distrito ha sido convocado en varias oportunidades a las
reuniones de la Mesa de Participación para las Víctimas, pero nunca se ha hecho
presente.
Esto refleja un descuido y total desentendimiento por parte
de la administración distrital a un tema que debe ser prioridad para cualquier
Gobierno. Así mismo, evidencia la improvisación cuando se registran situaciones
como los desplazamientos, atentados, entre otros.
SITUACIÓN EN LA CÁRCEL
En repetidas ocasiones se ha denunciado la situación actual
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario ‘Rodrigo de Bastidas’. Este
centro cuenta con capacidad para albergar 340 reclusos, encontrándose
actualmente con 1.033 internos; dentro de los cuales con situación jurídica
sindicados 490 internos y situación jurídica condenados 543 internos.
Los internos se quejan del deficiente servicio de salud que
prestan en la cárcel distrital, la falta de servicios públicos domiciliarios,
el hacinamiento, y las precarias condiciones en las que deben cumplir la
condena por el delito cometido.
En aras de atender esta situación, se han hecho varias
gestiones y solicitudes para mejorar las condiciones de los internos. En
algunos casos, la justicia ha estado a favor, teniendo en cuenta que
recientemente se ordenó a la empresa Caprecom mejorar la atención a los
internos de la cárcel distrital. No obstante, fue negada por varios magistrados
de la Sala Penal, la solicitud de restringir el ingreso de nuevos internos a la
cárcel para evitar que el problema de hacinamiento siguiera incrementando.
De igual manera el Defensor del Pueblo, sostuvo que la
inversión que está destinada por el Ministerio de Justicia para la adecuación
del centro carcelario representa un gran avance porque de esta forma se podrá
atender en cierta parte, los múltiples problemas que se presentan al interior
de la cárcel.
ENTIDADES DE SALUD VULNERAN DERECHOS
Hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo han
presentado denuncias por las fallas en la prestación del servicio en los
centros de salud y clínicas de la situación, lo que vulnera el derecho a la
salud.
Según el último reporte de la agencia del Ministerio Público
hasta la fecha se han registrado más de 60 denuncias por demoras en la entrega
de citas para especialistas, por no dotar con los medicamentos ordenados, por
no atender de forma oportuna a los usuarios.
Precisamente para ejercer mayor control sobre esta
situación, la Defensoría anunció visitas relámpagos a los centros asistenciales
para verificar la atención a los usuarios; así mismo, solicitó a la Secretaría
de Salud del Distrito tomar medidas al respecto.
Tomado de hoy de magadalena Colombia
Nota: esto se repite en cada uno de los países de nuestra América
latina HOY
