Un vistazo a la ley de medios propuesta por Uruguay, la más
reciente en la región
Por Travis Knoll/PN
Presidente de Uruguay, José Alberto Mujica. Foto: Wikipedia.
Uruguay es el más
reciente país latinoamericano en proponer una ley integral de medios para
actualizar al siglo 21 las normas y reglamentos que supervisan las
comunicaciones del país. En mayo, el presidente José Alberto Mujica envió el
proyecto de ley a la legislatura uruguaya. Se espera que el Senado vote sobre
el mismo antes de finales de año.
El proyecto de ley,
que ha recibido los elogios de varias organizaciones periodísticas y que velan
por la libertad de expresión, no es tan controversial como el recientemente
aprobado en Ecuador ni tan polémico como el que se encuentra actualmente en
manos de la Corte Suprema de Argentina.
Sin embargo, no está
exento de críticas. A pesar de haber sido elogiado por su intención de
establecer límites a la concentración de medios, garantizando así la existencia
de espacios de contenido independiente, los críticos dicen que algunas de sus
disposiciones son muy amplias y ambiguas.
Las cuotas nacionales
de producción de la ley y sus medidas anti-concentración son sus
características más destacadas. La ley obliga a que un 60% de todo el contenido
audiovisual emitido sea producción nacional o, en su defecto, coproducido, que
el 30% del contenido sea emitido por productores independientes, y que 40 % de
ese contenido independiente no provenga de la misma fuente, según El Universo
de Ecuador. La ley también exigiría que los programas contengan, en parte de
sus transmisiones, subtítulos o una interpretación en lenguaje de señas.
De acuerdo con los
creadores del proyecto, la ley también pretendería "apoyar objetivos de
educación general", incluyendo temas como las artes, ciencias, historia y
cultura que promuevan la "integración de grupos socialmente vulnerables”.
Los que apoyan la ley también sostienen que esta "facilitaría el debate
democrático al garantizar una variedad de información y opiniones que estimulen
la producción nacional de contenido artístico, profesional y cultural".
El diario uruguayo El
Espectador informó a principios de este mes que Frank La Rue, Relator Especial
sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión de la ONU, expresó su
apoyo a la ley a pesar de solicitar que sea el poder legislativo - no el
ejecutivo – el responsable de nombrar a la mayoría de los miembros de la nueva
agencia de regulación que la ley propone crear.
Grupos que defienden
la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras e IFEX, ven con
optimismo la propuesta ley de medios. IFEX reconoce similitudes en la
estructura de la ley en comparación con la de otros países de la región en
cuanto a regular la concentración de los medios, pero cree que la aplicación de
la ley será menos controversial en Uruguay debido a la falta de antagonismo
entre medios y gobierno, como es el caso, en ese sentido, de países más
polarizados como Ecuador y Argentina.
Sin embargo, ha
habido cierta tensión entre algunos medios de comunicación y el gobierno
principalmente a raíz de las preguntas que acompañan su aplicación. Las
generales categorías y ambigüedades de la ley también han sido criticadas por
algunos comentaristas como Hebert Gatto del diario El País, que cuestionó a las
organizaciones y los funcionarios internacionales que la apoyan, como el
Relator de la ONU La Rue, quien, en su opinión, pasan por alto el lenguaje
"estatista" de la ley y su contexto local. Gatto continúa criticando
la vaguedad de las aspiraciones de la ley preguntando "¿¿qué es el
desarrollo nacional?, ¿cuál es su alcance y quién lo determina? ¿En qué medida
los contenidos radiales y televisivos deberán adecuarse a ese objetivo
indefinido y vago?".
Claudio Paolillo,
jefe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) y editor del periódico uruguayo Búsqueda, calificó la medida de
"confusa y contradictoria”. Por una parte, Paolillo aplaudió los
principios de "pluralidad y no discriminación" que pretende la ley de
medios, y dijo creer que ofrece más garantías que las de los países vecinos.
Sin embargo, dijo no estar seguro de si el Consejo, nombrado principalmente por
el gobierno, deba ser el principal intérprete de la ley.
La organización
Reporteros sin Fronteras ve que la ley extralimita los intereses de los medios
de comunicación, más que los del gobierno. En un comunicado de julio, la
organización dijo que "la defensa de una emisión, o de los intereses comerciales
de un periódico, no debe ser confundida con la lucha por la libertad de
expresión o información. Es lamentable que los que se oponen al proyecto de ley
estén confundiendo ambas". Tomado de envío de Periodismo en las Américas
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