Orsetta Bellani
Empresas se instalan sin haber consultado a los pueblos
indígenas que habitan en el Istmo de Tehuantepec.
El viento no para de soplar en el Istmo de Tehuantepec, en
el sureño estado de Oaxaca. Noche y día sacude las plantas, barre el mar y
mueve las palas de los aerogeneradores.
Para impulsar la creación de energía eólica en esa región
mexicana, en el 2004 el Departamento de Energía de EEUU y la Agencia de los
EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) publicaron un Atlas de Recursos
Eólicos del Estado de Oaxaca, asegurando que las comunidades recibirían los
beneficios sociales y económicos de la energía renovable. Según el atlas, el
potencial eólico de buena parte del Istmo de Tehuantepec es “excelente”, así
que no sorprende si en diciembre del 2012 la Asociación Mexicana de Energía
Eólica (AMDEE), que agrupa a las principales empresas de este rubro, ya contaba
15 parques eólicos en la zona.
“Las empresas se repartieron nuestro territorio, como los
españoles cuando llegaron a América”, denuncia a Noticias Aliadas Bettina Cruz
Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en
Defensa de la Tierra y el Territorio. “Reconozco que hay una preocupación
mundial por el cambio climático, pero lo que mueve a las empresas es convertir
nuestro aire en dinero. La energía verde es un negocio para obtener ganancia
engañando a las comunidades; destruyen nuestra forma de vida y atentan contra
nuestra soberanía alimentaria, obligándonos al desplazamiento”.
Son 10 las corporaciones transnacionales que operan 15
proyectos en el istmo oaxaqueño —Iberdrola, Acciona, CFE, Enel Green Power,
Gamesa, Cemex, Peñoles, Eléctrica del Valle de México, Renovalia, Demex— y
otros proyectos ya recibieron la autorización de la Comisión Reguladora de
Energía del gobierno federal mexicano. El objetivo del gobierno de Oaxaca es
instalar 2,000 MW de energía renovable para el 2015.
Sin consulta previa
Todas las empresas parecen operar bajo el mismo esquema que
no prevé ninguna consulta previa, libre e informada para los 15 pueblos
indígenas que habitan en el Istmo de Tehuantepec, como lo establece el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por México en 1991, además de algunas leyes
nacionales.
Para obtener el derecho de posesión sobre la tierra durante
30 años, los representantes de las empresas van casa por casa, pidiendo a las
familias campesinas la firma de contratos leoninos donde fijan los montos por
el pago del arriendo de la tierra. Además, prometen trabajo, desarrollo,
inversiones en infraestructuras y una disminución en los recibos de luz una vez
que el parque eólico esté en función.
En realidad, 10 de los parques eólicos que operan en el
Istmo de Tehuantepec, trabajan bajo el esquema “autoabastecimiento”, que la
Secretaría de Energía del gobierno federal define como “generación de energía
eléctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energía se destine
a satisfacer las necesidades de personas físicas o morales y no resulte
inconveniente para el país”.
Las “personas físicas o morales” que están utilizando la
energía producida por estos aerogeneradores para satisfacer sus necesidades de
consumo son grandes corporaciones transnacionales, entre ellas Nestlé,
Femsa-Coca Cola, Bimbo, Nissan y Mitsubishi.
Además, lo que están percibiendo las familias campesinas
oaxaqueñas son puras migajas. Según Roberto Garduño, del diario mexicano La
Jornada, en Europa el estándar de renta de la tierra por las empresas eólicas
representa el 3.9% de los costos totales de producción, mientras que en México
se sitúa entre 0.025% y 1.53%.
En muchos casos estos contratos son ilegales, puesto que
buena parte de la tierra ocupada por los parques eólico no es privada, sino
comunal.
“En este régimen de propiedad la tierra pertenece a la
comunidad, las familias tienen el usufructo sobre ella sin ser dueñas”, explica
a Noticias Aliadas el abogado Raúl Rangel González. “Sólo la asamblea
comunitaria puede otorgar a la empresa el derecho a operar”.
El caso de la Barra
de Santa Teresa
Un caso emblemático de la actitud discriminatoria y violenta
de las empresas eólicas hacia los pueblos indígenas istmeños, es el proyecto
que el consorcio mexicano Mareña Renovables quiere implantar en la Barra de
Santa Teresa, una franja de unos 27 km de arena y manglares. Se trata de una
inversión de US$1 millardo para la construcción de 132 aerogeneradores para
producir 396 MW de energía.
“Cuando empezaron a hacer estudios hubo una muerte masiva de
peces. Aquí vivimos de la pesca y la Barra de Santa Teresa es nuestro sustento
diario. No queremos este proyecto y la lucha se levantó muy fuerte después de
que el presidente municipal Miguel López Castellano se vendió a la empresa,
firmando el permiso para su entrada”, relata a Noticias Aliadas una comunera de
San Dionisio del Mar que prefirió mantener el anonimato.
La represión contra quienes se oponen al proyecto ha sido
fuerte. En febrero, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, manifestó
en un comunicado que realizaría “todas las acciones necesarias para evitar que
una inversión tan importante se retire del estado”.
Grupos de choque se están movilizando para acallar a los
opositores al proyecto, quienes reciben visitas de desconocidos que los
amenazan frente a sus niños. Además han tratado de desalojar por la fuerza el
Palacio Municipal de San Dionisio del Mar, tomado por la comunidad desde enero
del 2012 tras expulsar al alcalde López Castellano, quien recibió 20.5 millones
de pesos ($1.5 millones) de Mareña Renovables por concepto de uso de suelo y no
ha aclarado a la población el destino de esos recursos.
En octubre del 2012 un grupo de encapuchados —al parecer
integrantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la
misma comunidad— intentaron detener la caravana humanitaria que viajó hasta San
Dionisio del Mar para entregar alimentos a los indígenas ikjots y zapotecas que
se oponen a la construcción del megaproyecto eólico en la zona, y rociaron con
gasolina al comunero Isaúl Celaya López amenazándolo con ser quemado vivo.
Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a los pueblos
indígenas de la Barra de Santa Teresa. Un tribunal de la localidad de Salina
Cruz determinó el 9 de octubre la suspensión temporal de las actividades de
construcción en respuesta a un pedido de amparo presentado por la Asamblea
General de San Dionisio del Mar.
En declaraciones a la prensa, Miguel Ángel García Aguilar,
integrante de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, dijo que el fallo
“es una victoria contundente de la lucha por el respeto al territorio y a los
derechos de los pueblos indígenas. Exigimos a todas las autoridades
involucradas en el proyecto eólico San Dionisio del Mar, y al consorcio Mareña
Renovables que cumplan con lo establecido en la suspensión otorgada por el juez
federal”. — TOMADO DE ENVÍO DE Noticias Aliadas.
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