Ambientalistas advierten sobre carácter lesivo de contrato
con Aratirí; Dinama intimó a presentar estudio ambiental
La Dinama intimó a Aratirí a presentar un estudio de impacto
ambiental sobre su proyecto minero. La oposición afirma que no están dadas las
condiciones para firmar el contrato con la empresa y convocará al Parlamento a
Kreimerman y Beltrame. En tanto, los impulsores del plebiscito nacional por un
Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, sostienen que el gobierno
pretende imponer esta actividad por encima de las normas constitucionales y
legales.
“Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma
inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el
gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala
a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los
procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia,
careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una
decisión de esa envergadura”, advirtió el Movimiento pro-Plebiscito Nacional
Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto.
“La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de
Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo
cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad,
esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada
por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de
los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus
predios”, señalo el Movimiento para agregar luego que “la Ley 19.126 viola el
principio de igualdad del Articulo 8 de la Constitución al otorgar beneficios
extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a
su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo
entre distintos interesados”. “También viola el Artículo 47 sobre la
preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas
naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras,
pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad
productiva permanente”.
Señaló además que la firma ahora de un contrato se haría sin
que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como
las mejores prácticas mineras del Artículo 5 o el plan de cierre del Artículo
13. Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 19.126,
la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el
5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por
160 millones de dólares.
“Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un
proceso semejante en la gestión de Pluna. Al igual que Leadgate, Aratirí es una
firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un
paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos
económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de
Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea
aérea nacional”, afirmaron los impulsores del plebiscito contra la referida
ley.
“El gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de
emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato
con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas
de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto
ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la
resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de
la autoridad ambiental. La imposición de la decisión presidencial sobre la
autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las
autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en
contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la
documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama,
Jorge Rucks. ¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos
de autorización ambiental del proyecto?”, señaló el Movimiento días antes que
la Dinama intimara a Aratirí a presentar su estudio de impacto ambiental.
“FALTA INFORMACIÓN”
A pocos días de que se cumpla el plazo previsto por el Poder
Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la minera Aratirí (que
inicialmente era el 20 de enero pero luego se postergó para los primeros días
de febrero), la oposición advirtió que falta “información decisiva” que
impediría dar ese paso.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a
mediados de enero a Aratirí a presentar “un estudio de impacto ambiental
completo” de su emprendimiento, según información que maneja el senador
colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), según informó El País. “Hasta donde
sabemos nosotros, la empresa no cumplió con ese requerimiento de la Dinama”,
dijo Pasquet y agregó que está faltando “información decisiva” de parte de
Aratirí, por lo cual “es más que claro que no puede firmarse el contrato”.
Además, Pasquet señaló que sin la autorización ambiental y sin que la empresa
haya aportado al Estado una garantía del 5% de la inversión (que en total es de
U$S 3.000 millones) no es posible firmar el contrato, según lo que establece la
ley de Minería de Gran Porte aprobada en setiembre de 2013. “Acá no hay ni
autorización ambiental previa, ni estudios de impacto ambiental y hasta donde
sabemos nosotros tampoco se cumplió con la garantía”, añadió. TOMADO DE EL
TELEGRAFO DE URUGUAY
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