Escuelas católicas: ¿libertad para discriminar? G. ELACQUA, M. MARTÍNEZ Y H. SANTOS
Instituto de Políticas Públicas Facultad de Economía y
Empresa Universidad Diego Portales
Durante una entrevista para el programa “El Informante” de
TVN, el Cardenal Ricardo Ezzati señaló que la reforma educacional que quiere
realizar el Gobierno “tiene un peligro”, porque el Estado podría llegar a
imponer un modelo de educación distinto al que las personas quieren. La
propuesta de poner fin a cualquier tipo de selección, anunciada por el ministro
de Educación en el mismo programa, sin duda preocupa a la Iglesia, ya que
perjudicaría a la mayoría de los colegios subvencionados confesionales, quienes
utilizan procesos de admisión que buscan elegir a aquellas familias que mejor
se “ajustan” a su proyecto educativo.
Es importante recordar que ya hubo un debate a nivel
nacional sobre este tema durante la discusión de la Ley General de Educación
(LGE), en que se llegó al consenso de que la selección tiene efectos negativos
profundos, tales como aumentar la segregación y discriminación, atentar contra
la libertad de elección de las familias y generar incentivos a que las escuelas
compitan por atraer a los mejores estudiantes y no por mejorar sus procesos
educativos. Estos argumentos fueron el fundamento para que la LGE prohibiera la
selección por parte de las escuelas según la habilidad (pasada o potencial) y el
nivel socioeconómico de los estudiantes entre 1° y 6° básico.
Sin embargo, casi cinco años después de la entrada en
vigencia de esta ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las
escuelas no han disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de
admisión, como las entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los
datos del cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas
continúan aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y
solicitando certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de
1.300 escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo
de prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas.
Específicamente, dentro de estas últimas, un 61% aplica pruebas de ingreso a
sus postulantes, un 62% entrevista a las familias y un 48% exige la
presentación de certificados de bautismo o matrimonio. Lo anterior contrasta
radicalmente con lo que ocurre en los demás tipos de establecimientos. Para el
caso de los particulares subvencionados laicos, estos porcentajes son 25%, 25%
y 1%, respectivamente, mientras que para los municipales son 2%, 8% y 1%,
respectivamente (ver gráfico).
Fuente: Encuesta a Padres y Apoderados SIMCE 4° Básico 2012.
Se consideró que una escuela aplica exámenes de admisión cuando más de la mitad
de los padres encuestados por SIMCE declararon que así fue.
Estas diferencias ayudan a explicar por qué las escuelas
particulares subvencionadas católicas matriculan a una menor proporción de
alumnos vulnerables que otros tipos de establecimientos. Por ejemplo, sólo el
19% de los estudiantes en este sector tiene una madre que no completó la
educación media, comparado con el 30% del sector particular subvencionado laico
y el 55% del sector municipal. Además, un estudio reciente indica que las
escuelas católicas matriculan –en forma sistemática– a alumnos de mayor nivel
socioeconómico que aquellos que viven en el barrio donde están localizadas
(Elacqua & Santos, 2013).
Los datos anteriores justifican la preocupación de la
Iglesia; el sector católico sería el más perjudicado con la eliminación de la
selección. Tal como quedó en evidencia durante la tramitación de la LGE, la
Iglesia Católica es un grupo de presión que podría condicionar los alcances de
cualquier legislación sobre esta materia. Por ejemplo, en plena discusión de la
LGE, el entonces presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia
Episcopal de Chile, Monseñor Héctor Vargas, planteó sobre la eliminación de la
selección: “Eso puede llevar a la destrucción de nuestros proyectos educativos
(…). Yo no sé si en el futuro, con todo este tipo de cosas, podremos seguir
ofreciendo a lo menos educación católica en este país”. Sin duda, la posición
de la Iglesia influyó en el diseño e implementación de la LGE.
Casi cinco años después de la entrada en vigencia de esta
ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las escuelas no han
disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de admisión, como las
entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los datos del
cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas continúan
aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando
certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de 1.300
escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo de
prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas.
¿Por qué estas prácticas selectivas continúan? A nuestro
juicio existen dos razones fundamentales. La primera es la ambigüedad en la
legislación, pues la LGE, si bien prohíbe la selección por rendimiento
académico y nivel socioeconómico, permite que las escuelas definan procesos de
admisión que contemplen exámenes de habilidad y cobros por participar de ellos.
A todas luces, una contradicción. Por otro lado, el hecho de que la ley permita
a las escuelas rechazar a aquellos postulantes cuyas características no se
“ajustan” a su proyecto educativo, abre la posibilidad de usar criterios
arbitrarios para definir al tipo de familia que quieren matricular. Sólo las
escuelas y Dios saben lo que se pregunta a las familias en las entrevistas y
cómo se usa esa información. La segunda es que la fiscalización de los procesos
de admisión, responsabilidad de la Superintendencia de Educación, ha sido
pasiva y se ha basado, principalmente, en las denuncias de los padres más que
en una investigación activa de lo que las escuelas hacen en la práctica.
A partir de este diagnóstico, queda claro que el proyecto de
Ley que enviará el Gobierno debe, por un lado, corregir las ambigüedades de la
LGE, especificando detalladamente lo que las escuelas pueden y no pueden hacer,
y, por otro, diseñar mecanismos de fiscalización activos de estas prácticas. No
obstante estos ajustes, mientras el proceso de admisión sea administrado por
las escuelas, siempre existirá el riesgo de que surjan nuevos mecanismos para
clasificar a los postulantes. Por ejemplo, cuando los padres llaman a la
escuela para obtener información, inmediatamente el establecimiento puede
recabar información sobre la profesión o el nivel educativo del apoderado. O en
una simple reunión, al momento de formalizar los documentos de matrícula, la
escuela puede caracterizar a las familias de acuerdo a su vestimenta o forma de
hablar.
De esta forma, creemos que una solución estructural pasa por
remover los procesos de admisión de los establecimientos educacionales,
traspasando esa función a una agencia especializada, tal y como se aplica en
algunas ciudades, como Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos, Nijmegen en
Holanda y, más recientemente, Río de Janeiro en Brasil. En un mecanismo de esta
naturaleza, los establecimientos informan sobre su proyecto educativo y la
cantidad de cupos disponibles y las familias definen una lista con las escuelas
de su preferencia. Luego, esta agencia distribuye a los estudiantes, respetando
las preferencias de todas las familias, independientemente de sus
características.
Eliminar efectivamente la selección que ejercen las escuelas
logrará que sean las familias las que elijan el tipo de colegio que prefieren y
que los establecimientos se enfoquen en el desarrollo de un proyecto educativo
atractivo para ellas. De esta forma, se fortalece la libertad de enseñanza y se
avanza hacia un verdadero sistema de libre elección. Tal y como señaló muy
lúcidamente el Cardenal Ezzatti: “Quienes tienen que elegir el estilo, la
forma, el proyecto educativo de sus hijos, son los ciudadanos” y no las
escuelas. TOMADO DE EL MOSTRADOR SUGERIDO EN BOLETIN GAL DE CHILE
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